Foto: Alberto Roa/Cuartoscuro

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Redacción ejecentral

Arturo Bermúdez, Secretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, salió de la cárcel y continuará su proceso en libertad, informó su abogado Rodolfo de la Guarda, esto luego de obtener un amparo y pagar un millón de pesos de garantía, entregar su pasaporte al juzgado y acudirá a firmar cada ocho días.

Bermúdez fue detenido en febrero de 2017 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por lo que la juez Alma Sosa le dictó prisión preventiva oficiosa.

No obstante, en agosto, Marco Antonio Rodríguez Lobato, juez de Control del Poder Judicial del Estado, le retiró la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, incluido en la causa penal 13/2017, pero el ex funcionario continuó en prisión debido a que tiene otro expediente abierto por desaparición forzada.

La Fiscalía General del Estado le imputa responsabilidad directa en la desaparición de 15 personas en enero de 2016, de acuerdo a la carpeta de investigación 206/2016.

Sin embargo,  la defensa de Bermúdez acreditó ante un juez de amparo que el exfuncionario fue víctima de tortura y malos tratos por parte del personal de la Fiscalía.  Además de que negociaron la «donación» de sus propiedades para reducir las penas.

El 4 de agosto de 2016, renunció al cargo de Secretario de Seguridad Pública luego que se diera a conocer que posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos y es socio o dueño de 24 empresas.

Yunes acusó a Bermúdez de ser uno de los principales testaferros de Duarte. Incluso, lo señaló de permitir la operación de crimen organizado en la entidad mientras estuvo al frente de la SSP.

Las propiedades que presuntamente adquirió en Texas están cerca de las que posee su esposa, su hermano y dos de sus sobrinos y, casualmente, todas fueron compradas después de 2012.

Con el ex Secretario suman tres los ex funcionarios del gobierno de Duarte que enfrentarán su proceso en libertad.

Fiscalía condena liberaciones

La Fiscalía General del Estado de Veracruz condenó y no comparte los nuevos criterios jurisdiccionales que están permitiendo que los probables responsables del saqueo y desaparición forzada de personas en Veracruz, enfrenten sus procesos en libertad.

A través de un comunicado, la dependencia informó que dentro de la carpeta de investigación en contra del ex secretario de Seguridad Pública, existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental que exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Arturo “N”, documentaba las desapariciones forzadas.

Es decir, existen al día de hoy datos de prueba sólidos que acreditan la probabilidad de que Arturo “N” encabezó una estructura organizada que desde la Secretaría de Seguridad Pública cometió de manera sistemática desapariciones forzadas, la FGE considera que la única medida cautelar posible es la prisión preventiva.

«La Fiscalía General del Estado de Veracruz rechaza la resolución emitida el día de hoy, en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no es grave y por lo tanto no amerita prisión preventiva oficiosa», señala el documento.

«Tampoco se comparte el criterio de que Arturo “N” tenga derecho a enfrentar el proceso en libertad y que éste no pone en riesgo ni el desarrollo del proceso ni a víctimas y testigos. La presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos, no resulta suficiente en la opinión de la Fiscalía para asegurar la integridad de estos últimos.», agrega.

Sobre los otros exfuncionarios puestos en libertad, la Fiscalía tampoco comparte la decisión jurisdiccional por la cual los probables responsables de desvío de recursos públicos han sido liberados en los últimos días, al modificarle su medida cautelar de prisión por la de una mínima garantía económica —que no se compara ni remotamente con el monto de 1,200 millones de pesos que ha sido acreditado como probable quebranto patrimonial causado al Estado, imputable a Mauricio “N” y Antonio “N”.

La Fiscalía General del Estado reitera su condena a una serie de resoluciones judiciales contrarias a tratados internacionales, interés social así como a la exigencia de justicia del Pueblo de Veracruz, mismas que serán combatidas con los medios legales procedentes.

La liberación de Bermúdez se da en el  marco de que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, informó que hay “38 mil personas desaparecidas en nuestro país, más de dos fosas clandestinas ubicadas en los últimos 12 años, alrededor de mil 100 fosas clandestinas en estos momentos, en donde no se ha realizado ningún proceso de exhumación, y hay 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de las entidades federativas del país”.

Destacó que en todas las investigaciones que se desarrollen en los procesos en materia de desaparición forzada se va a actuar contra los responsables del Estado o particulares, independientemente de la institución a la que pertenezcan.

Porque, agregó, como lo ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “si realmente queremos fortalecer al Estado mexicano y sus instituciones, tiene que terminarse con la impunidad”.NM

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