El municipio de Urique, enclavado en la Sierra Tarahumara, al suroeste de Chihuahua, es un territorio sin ley.
Grupos armados sitian la localidad de poco más de 17 mil habitantes, quienes prácticamente viven asolados día y noche por indiscriminadas balaceras, extorsiones y desaparición de pobladores.
En este territorio es donde el sacerdote jesuita Javier Ávila acusa que “siempre hay zozobra, gente levantada, gente desaparecida” y donde “por más ‘abrazos’ que se compartan, son más los balazos que están apareciendo”.
En este municipio fueron asesinados los padres Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, cuyos cuerpos, junto con el de una tercera víctima identificada como guía de turistas en la región, fueron raptados por su victimario.
Este tipo de crímenes han convertido a esa localidad en “una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada”, como reconoció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al menos tres células criminales escindidas del Cártel de Sinaloa mantienen una pugna violenta por el control territorial no sólo de Urique, municipio en la región de la Sierra Tarahumara donde ayer fueron asesinados dos sacerdotes y un guía de turistas, sino prácticamente en todo el estado de Chihuahua.
Una de estas fracciones criminales identificada como la Gente Nueva, bajo el control de Jesús Noriel Portillo Gil, El Chueco, señalado como el principal sospechoso de los crímenes mencionados, habría roto la supuesta alianza con otras células ligadas a dicho Cártel, que según habían identificado las autoridades locales a mediados del año pasado, ante la incursión de otras bandas y grupos lo que ha elevado la violencia en búsqueda de apoderarse de dicha región.
Y es que pese a los intentos de las autoridades estatales por desmantelar las células que operan en municipios donde como Balleza, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares Nonoava, Ocampo, Temósachi, el propio Urique y Uruachi, los operativos por ubicar a El Chueco y los otros líderes que operan, según las denuncias con absoluta impunidad, sólo se han podido asegurar arsenal y casas de seguridad de los criminales.
Para conocer sobre dicha problemática este diario intentó contactar al gobierno municipal de Urique que encabeza la panista Mayra Díaz Gutiérrez, quien hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado sobre los hechos violentos ocurridos desde el mediodía de ayer, sin embargo, no fue posible contar con alguna versión al respecto.
De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, prácticamente desde que la alcaldesa asumió el cargo en septiembre de 2018, ha sido evidenciado en diversas publicaciones el presunto vínculo entre su hermano Pedro Díaz Gutiérrez, con el líder criminal de la célula de la Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, liderada precisamente por Portillo Gil, señalado como el principal sospechoso de los crímenes de ayer en la comunidad de Cerocahui.
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