Iñaky Blanco, exfiscal de Guerrero, afirmó que en el caso de Nestora Salgado se debe profundizar pues aún hay abiertos tres procesos de apelaciones en la primera sala penal de Chilpancingo por los delitos de homicidio en grado de tentativa, homicidio calificado y secuestro agravado en contra de la actual candidata de Morena al Senado y excomandante de la comunitaria de Olinalá, Guerrero. En entrevista con Raymundo Riva Palacio para el programa Estrictamente Personal indicó que la liberación de Nestora, en 2016, tres años después de su detención, derivó de acusaciones contra el Ministerio Público a quien se señaló de invadir el sistema de justicia indígena, cobijado a la luz de la Ley 701 y su reglamento interno, “esto no fue así", afirmó Blanco.
Se dice que ellos no incurrieron en la comisión conductas delictivas en razon de que su proceder se ajustó a lo que previene la ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), pero hay aspectos que no han sido suficientes investigados todos los casos”, apuntó.
El exfiscal precisó que la policía comunitaria que comandaba Salgado no operaba solo dentro de sus territorios, apuntando que Olinalá no es enteramente un territorio indígena, pues la mayoría de sus pobladores son mestizos. Sostuvo que es importante que dar continuidad al proceso pues no son una o dos víctimas, sino casi 50 personas, muchas de ellas nunca comparecieron, pues son de escasos recursos y no podían desplazarse y comparecer en Nayarit, donde se ventilaba el proceso. Sobre esto indicó que la ley 701 indica en que municipios del estado de Guerrero hay presencia indígena, donde esta ley aplicaría, no obstante esto no quiere decir que sean territorios completamente indigenas las zonas incluidas.
Detenciones arbitrarias
El exfiscal abundó en que el delito de la excomandante incurre en que no hubo denuncias, querellas o acusaciones que precedieron a la la medida de reeducación que implementó la policía comunitaria en Olinalá y tampoco se dio oportunidad de defenderse a los acusados, por lo cual se presume que fueron detenciones arbitrarias. Blanco afirmó que esto derivó en inobservancias del reglamento interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), al registrarse conductas como maltrato, abuso sexual y secuestro de al menos 43 personas. Además se les pidió “una cuota de recuperación” para ser liberados, un acto que fue calificado por el exfiscal como conductas simuladas para pedir dinero, del cual no se sabe para que fue utilizado o que pasó con el. Al pedirse dinero para que autorizaran la libertad de los acusados, se incurrió el delito de secuestro, precisó. “En términos de derecho no son fianzas”, pues afirma que en todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos indígenas, no se encuentra sustento para ello.
Hay menores de edad que fueron víctimas de educación sexual; además hay tres apelaciones abiertas en la primera sala penal de Chilpancingo del Tribunal Superior de Justicia, señaló.
Incluso, Iñaky Blanco afirma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció la existencia de hechos probablemente constitutivos de delito imputables al sistema comunitario ya que se ocasionaron afectaciones de por vida a personas que fueron sometidas a reeducación. El exfiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, afirma que aunque la Fiscalía Estatal si apeló las acusaciones contra Nestora Salgado, luego de sus auto de liberación, cuando se acudía a notificarla a su domicilio fiscal, no se encontraba o decían que ella vivía en Estados Unidos. También afirmó que no hay orden de detención en su contra, pues están abiertos los recursos de apelación y hay procesos pendientes.
EU en el caso
Al ser cuestionado sobe cual era el interés del exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en el caso de Nestora Salgado, indicó que “muchos nos preguntamos eso”, pues, apuntó, parece que no es algo que se haga en otros asuntos donde están involucrados personas con doble nacionalidad, como es el caso de la candidata plurinominal. En este tenor, Blanco precisó que es falso que se haya detenido sin una orden de aprehensión y cuando fue puesta a disposición de juez en ningún momento manifestó ser también de nacionalidad estadounidense. Es hasta meses después, en otro proceso, cuando hace valer su doble nacionalidad ( de Salgado), y se argumentó que no se había notificado para que le brindaran la asistencia correspondiente, agregó.