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Juan Carlos Rodríguez

jcrodriguez@ejecentral.com.mx

Los programas emblemáticos del gobierno federal, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, están bajo sospecha.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emprendió nueve auditorías forenses para la Cuenta Pública 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas corresponde al programa para atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan y otra para la dependencia que concentra las becas para estudiantes.

Este tipo de auditorías, de acuerdo con el Reglamento Interior de la ASF, se practican para prevenir fraudes en la gestión pública o investigarlos. Cada año, el órgano fiscalizador publica el Programa Anual de Auditorías y cuando determina hacer una de tipo forense es porque tiene indicios de conductas ilícitas de servidores públicos y manejo irregular de recursos públicos.

A diferencia de los otros tipos de auditoría (de cumplimiento, de desempeño, financieras, etc.) la forense está encaminada a ejercer la facultad de investigación para verificar la existencia de delitos en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos federales.

Bajo el esquema de la auditoría forense es que la ASF realizó la serie de pesquisas que destaparon la llamada “Estafa Maestra”, como se le denominó a la práctica de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de contratar a universidades públicas para obras y servicios que finalmente eran ejecutadas por terceras empresas, que muchas de ellas eran “fantasma” o simulaban la entrega de productos. 

Deudas acumuladas

Para 2019, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la Secretaría del Trabajo, se le asignaron 40 mil millones de pesos, lo que equivale a 43 veces el presupuesto de la Presidencia, ocho veces el de la Secretaría de Turismo, seis veces el de Gobernación y cuatro veces el de la Secretaría de Hacienda.

En agosto del año pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó los avances de un estudio sobre el proceso de afiliación a Jóvenes Construyendo el Futuro y llegó a la conclusión de que el programa posee un patrón estadísticamente “atípico” e “inverosímil”, ya que todos los días se registró el mismo número de personas—sin importar si era fin de semana o vacaciones—, el mismo número de mujeres y hombres, y la misma proporción de aspirantes por nivel de escolaridad.

2017 es el año que más faltantes se detectaron a través de las auditorías forenses: 4 mil 848.3 millones de pesos.

362 mdp es el promedio anual de anomalías detectadas por las auditorías forenses entre 2006 y 2012.

3,461 mdp es el promedio anual de  inconsistencias durante el sexenio de Peña Nieto, a través de las auditorías forenses.

193 denuncias de hechos ha presentado la ASF, luego de que las AF les arrojaron indicios.

Si bien los datos correspondientes a los centros de trabajo sí son públicos, al analizar la información oficial de la Secretaría del Trabajo, la organización denunció que los datos ofrecidos son incompletos, ya que se presentan registros de nombres propios como “María”, negocios genéricos como “Abarrotes” o categorías como “Diputado Federal”, sin un RFC, teléfono, dirección o cualquier otro tipo de datos que permita la transparencia y la rendición de cuentas.

Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como objetivo sexenal capacitar laboralmente a 2.3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, con una remuneración mensual de tres mil 600 pesos, tarea para la que recibió 40 mil millones de pesos en 2019. Sin embargo, sólo ejerció 22 mil millones de pesos (55% del total que tenía aprobado), de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Bajan auditorías

Para el análisis de la Cuenta Pública 2019, la ASF realizará mil 378 auditorías —el número más bajo de los últimos siete años—, de las cuales 103 son para el sector “gobierno” —el número más bajo en dos sexenios—, 176 para el sector “desarrollo económico” —el número más bajo en 12 años— y 178 para el sector “desarrollo social” —el número más alto desde 2006—.

Las auditorías de tipo forense —que se realizan cuando hay evidencias de fraude y operaciones ilícitas orquestadas por más de un servidor público y en más de una institución— comenzaron a realizarse en 2009, durante la gestión del auditor Juan Manuel Portal, el antecesor del David Colmenares, actual titular de la ASF.

El dato. Los impactos de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán sometidos a cinco auditorías.

Durante el gobierno de Felipe Calderón las auditorías forenses pasaron de siete en 2009 a 17 en 2012, último año de la gestión del panista. En el sexenio de Peña Nieto, las investigaciones forenses crecieron de 14 en 2013 a 18 en 2016, y luego descendieron a 15 en 2017 y 2018.

Para el primer año de gobierno de López Obrador, la ASF realizará nueve pesquisas de tipo forense. Una de ellas está dirigida a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, programa que sustituyó a Prospera, el instrumento más relevante para combatir la pobreza en el sexenio pasado.

El programa nacional de becas está a cargo de Leticia Ánimas Vargas, quien en 2019 manejó un presupuesto superior a los 100 mil millones de pesos, equivalentes a una tercera parte del gasto total de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 60% del presupuesto de la Secretaría del Bienestar y 85% del gasto de la Secretaría de Salud.

Durante 2019 se entregaron 9.7 millones de becas de 800 pesos mensuales en el nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; también se otorgaron 300 mil apoyos de 2 mil 400 pesos al mes a estudiante de nivel superior.

Otro de los programas creados por el gobierno de López Obrador que despertó sospechas en la ASF es el de “Servidores de la Nación”, que está a cargo de la Secretaría de Bienestar, encabezada por María Luisa Albores González. 

Los “servidores de la nación” son alrededor de 18 mil encuestadores que se encargan de armar los padrones para los programas sociales y becas del gobierno federal; al mes, cada uno gana alrededor de 10 mil pesos. 

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