El mundo cambió y una trágica pandemia enlutó al planeta entero. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al coronavirus como una pandemia, tras reconocer los alarmantes niveles de contagio y la gravedad de sus efectos en los seres humanos.
Un año después, la incertidumbre prevalece: la propagación del virus aún es incontenible y el acceso a las vacunas sigue siendo una promesa incumplida.
En México, el sistema de salud nunca estuvo a la altura del reto. La estrategia fallida de contención del virus, la falta de camas y respiradores disponibles para atender a los enfermos y la escasez de medicinas y de tanques de oxígeno han provocado cerca de 200 mil víctimas mortales reconocidas oficialmente. (Porque en la cuenta real estamos por llegar en marzo a medio millón de fallecimientos por Covid, al contabilizar el subregistro y el exceso de mortalidad en los registros civiles de todo el país).
Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia también son severas. El gasto público y la inversión privada, afectada antes de la pandemia por las medidas draconianas del gobierno, acumularon dos años de caída. Más de 900 mil personas perdieron sus empleos y más de un millón de pequeños negocios cerraron.
El gobierno de México privilegió las decisiones políticas por encima del bien común. La aplicación de pruebas masivas para rastrear y contener el contagio del coronavirus entre los ciudadanos brillaron por su ausencia desde un principio, las autoridades sanitarias recomendaron a los enfermos que se atendieran en casa para aparentar que tenían camas desocupadas en los centros de salud públicos, y se negaban a adquirir las medicinas que en otros países utilizaron con éxito para atacar el virus, a fin de esconder la falta de suministros.
La pobreza laboral se extendía por todo el país y la administración federal se negó a brindar el Ingreso Básico Universal que propusieron los partidos de oposición para apoyar a los millones de desempleados. A diferencia de los esfuerzos que hicieron muchos países del mundo, México se niega a otorgar apoyos fiscales a las pequeñas y medianas empresas.
En lugar de comprar equipo médico, fármacos, pruebas de detección de Covid-19, equipo de protección para doctores y enfermeras o desarrollar una vacuna, Morena hacía valer su mayoría en el Congreso para cumplir caprichos y dotar de millonarios recursos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
El 24 de diciembre pasado inició la inmunización del personal médico y, desde entonces, se han registrado múltiples casos de influyentismo. Desde directores de hospitales que llevaron a sus familiares para tomar el lugar de quienes en realidad están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, hasta los Servidores de la Nación, el ejército de promotores del voto en favor de Morena.
Desde el primer día en que fue habilitada, la plataforma de registro de vacunación para adultos mayores presentó múltiples fallas. Una vez que empezaron a aplicar las vacunas, las personas de la tercera edad debieron sufrir los efectos de la desorganización, largas horas de espera y filas interminables para conseguir las primeras dosis.
La cadena de tropiezos y promesas incumplidas llevó al extremo de almacenar 800 mil vacunas Sinovac, por casi una semana, debido a que aún no estaban listas las autorizaciones de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) o aplicar vacunas en el Estado de México sin haber pasado primero por la misma Comisión de Riesgo.
Los errores de los gobernantes siempre son facturas por pagar. Sólo faltan 87 días para celebrar en nuestro país las elecciones intermedias. ¿El manejo de la pandemia y las vacunas será un factor decisivo en las urnas? Pronto lo sabremos.