Hannia Novell

La violencia criminal tiene a México en llamas. Sólo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 34 mil 582 muertes violentas y 27 mil 871 personas desaparecidas.

El Cártel de Sinaloa, Los Zetas, El Cártel de Tijuana, Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Cártel del Pacífico, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Santa Rosa de Lima y Los Viagra —entre otros grupos de la delincuencia organizada—, tienen de rodillas a las fuerzas de seguridad federal, estatales y municipales.

Pese a la situación de emergencia, no ha aumentado el número de policías, fiscales ni jueces. ¿La razón? El presupuesto destinado para la seguridad pública ha sufrido recortes significativos en todos los estados del país, con el pretexto de la austeridad. 

De acuerdo a un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la actual administración dejó un hueco importante en las finanzas estatales. Durante los primeros cinco meses de 2020, la Secretaría de Hacienda (SHCP) transfirió 18 mil 456 millones de pesos menos a las entidades federativas.

Los rubros más afectados por la austeridad impuesta por el inquilino de Palacio Nacional son: prevención del delito, equipamiento y capacitación de las policías, entres otros. 

¿El resultado? Junio se posicionó como el cuarto mes más violento de 2020 con dos mil 413 asesinatos, después de marzo con dos mil 585; abril con dos mil 492 y mayo con dos mil 423, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De hecho, el 7 de junio quedó registrado en la bitácora de la muerte como el día más violento del mes: 117 personas fueron asesinadas. Se trata de la cifra más alta desde diciembre de 2018, cuando el Gobierno de México inició el conteo oficial de las víctimas de homicidio doloso.

Los estragos de la violencia son prácticamente generalizados. De las 38 mil 912 ejecuciones que ha acumulado el gobierno de AMLO, Guanajuato es la entidad con más asesinatos, con 377; seguida del estado de México, con 223; Baja California, 214; Jalisco, 176; Chihuahua, 145, y Michoacán, 124.

Y de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, los estados de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Chihuahua, concentran el mayor número de denuncias de desaparecidos.

La violencia del crimen organizado resulta imparable. Los ataques y emboscadas contra militares, marinos, policías estatales y municipales son cada vez más frecuentes. Recientemente, la organización Causa en Común informó que, al 31 de junio, había al menos 226 policías caídos en combate. Un promedio de 1.47 agentes muertos cada día. 

Guanajuato domina el ranking con 51 elementos policiacos muertos de forma violenta, en segundo lugar Chihuahua con 20, Veracruz con 19, Estado de México con 18 y Guerrero con 13.

Civiles y elementos policiacos son carne de cañón en los enfrentamientos que protagonizan las bandas de la delincuencia organizada, ante la mirada indiferente de una autoridad rebasada en capacidad de fuego, labores de inteligencia y logística.

Una sociedad lastimada por el desempleo, la pobreza y la violencia es el caldo de cultivo de protestas y movilizaciones. Las empresas ávidas de financiamiento y liquidez son presa fácil de los cárteles de la droga, siempre dispuestos a lavar dinero detrás de la fachada de personas intachables. López Obrador lo sabe. ¿Tendrá la capacidad de domar al tigre? 

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