El anhelado cambio en la justicia en México es una responsabilidad de Estado, compartida entre los Poderes y no sólo está en manos del Poder Judicial, subrayó la ministra Norma Lucía Piña Hernández al rendir su primer informe anual al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.
Con la inédita ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien envió en su representación a la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, la ministra presidenta llamó a trabajar conjuntamente en esa “responsabilidad compartida” a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a todas las autoridades de todos los niveles.
Estamos ante una responsabilidad de Estado. Ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas”, subrayó.
Uno de los aspectos que destacó la ministra Piña Hernández fue su convicción por defender la independencia judicial, la cual encumbró como “el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, por encima de las adversidades que enfrenta el Poder Judicial Federal con la reducción de su presupuesto, el cual reiteró ha sido en más de 23% desde 2018.
Ante este escenario, nuestra reacción es seguir adelante. Enfrentamos el reto que sabemos complejo con la entereza y los principios que nos guían. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será, siempre, independiente e imparcial”.
En ese sentido reconoció a los trabajadores y las voces ciudadanas que salieron a las calles en defensa de sus derechos laborales, pero también de la división de poderes y la independencia judicial ante lo que señaló como el “debilitamiento de la judicatura” y “la deslegitimación” de la función social de los integrantes de la judicatura.
Ciertamente enfrentamos desafíos muy significativos, pero sé que nuestro compromiso, nuestra vocación, es suficientemente fuerte para superar las limitaciones y garantizar que la impartición de justicia prevalezca”, señaló.
Y aunque reconoció que actualmente la función jurisdiccional, de la cual sostuvo “nos buscamos aplausos” enfrenta una situación sin precedentes, en referencia a la reducción presupuestal y el vilo en el que se encuentran los fideicomisos, la ministra se comprometió a que el Poder Judicial Federal continuará administrando los recursos con los que cuenta, pero sin riesgo la función jurisdiccional.
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