El presupuesto participativo es una forma de democracia participativa donde las personas que viven en la Ciudad de México proponen y eligen proyectos para mejorar sus colonias, pueblos y barrios con una parte de los recursos públicos de las alcaldías. Busca mejorar los espacios públicos y también fortalecer la organización de la comunidad, la convivencia y la participación de la ciudadanía.
En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizamos las consultas donde la ciudadanía elige los proyectos que considera prioritarios para sus comunidades. Al visitar distintas colonias y hablar con vecinas y vecinos, noté grandes diferencias en cómo se usa y se entiende el presupuesto participativo, aunque existe un mismo marco normativo.
En algunas colonias, se usa sobre todo para cambiar luminarias, tapar baches o arreglar banquetas. Estas tareas son responsabilidad directa de las alcaldías y deberían resolverse sin usar estos recursos. Sin embargo, ante la falta de atención de las autoridades, las vecinas y los vecinos recurren al presupuesto participativo para resolver estos problemas.
En cambio, en otras comunidades, el presupuesto participativo se ha vuelto una forma de aprender a ejercer derechos, de mejorar el entorno y de tener una vía formal para organizarse y exigir mejores servicios públicos a las autoridades.
Este es el tema central del capítulo que escribí para el libro ¿Cómo construir ciudadanía? Cultura política en México y desafíos de la democracia contemporánea, titulado El presupuesto participativo en la Ciudad de México como impulso de comunidades cívicas. Algunos casos de éxito.
En este trabajo reviso las ideas de Robert Putnam, quien analizó las diferencias entre el norte y el sur de Italia para entender qué factores explicaban sus distintos niveles de desarrollo económico, estabilidad política y participación comunitaria. Observó diferencias claras en la manera en que las personas pensaban la política y organizaban sus comunidades. En el norte había más clubes y asociaciones; la gente hablaba con sus vecinos sobre los problemas de sus calles y participaba más en los asuntos de la comunidad. Esto hacía que les exigieran más a sus representantes públicos y percibieran a la política como un instrumento para arreglar su entorno.
En la Ciudad de México, las experiencias que recupero muestran que el presupuesto participativo puede tener efectos distintos dependiendo del involucramiento de las vecinas y los vecinos. En el capítulo incluyo testimonios de ciudadanas y ciudadanos que explican su proceso de aprendizaje, los resultados que obtuvieron y, sobre todo, los problemas que tuvieron que enfrentar frente a las alcaldías.
Hay que recordar que este ejercicio implica que la ciudadanía tenga que dedicar tiempo a su comunidad y quitárselo al ocio, los estudios, la familia o el trabajo. Es demandante y, frente a los obstáculos que se presentan, sería muy fácil dejar de involucrarse.
Sin embargo, a través de esta figura institucionalizada de democracia participativa, se incrementa el sentido comunitario y se fortalece el papel de una ciudadanía activa, empoderada, que tiene derechos, obligaciones y, sobre todo, sabe cómo ejercerlos por los medios institucionales.
Esto se vincula con resultados de estudios hechos por autoridades electorales sobre cómo se desarrolla la cultura cívica democrática. Las personas que habían sido funcionarias de casilla valoraban mejor al régimen democrático, conocían sus derechos y obligaciones ciudadanas y tenían mayor confianza en los procesos electivos que aquellas personas que nunca habían ejercido un cargo de funcionario de casilla.
Esta experiencia ayuda a pensar en lo que hacemos las instituciones electorales para mejorar la educación cívica. Ahora, en el IECM replanteamos nuestra estrategia de educación cívica, hicimos estudios sobre la participación de jóvenes e incluimos indicadores para medir nuestras actividades. También cambiamos el enfoque de la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes, con el acompañamiento de UNICEF, para superar una visión adultocentrista y buscar que sus resultados puedan derivar en políticas públicas específicas.
La cultura cívica democrática crece cuando las personas actúan, ejercen sus derechos, dialogan, enfrentan problemas de la comunidad, buscan soluciones juntos y exigen resultados a las autoridades.
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