En la segunda mitad de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encargará, entre muchas otras tareas, de calificar la elección de Presidente de la República que tendrá lugar el próximo 2 de junio, y lo hará en un ambiente enrarecido por la elevada incidencia de la violencia política, la intervención del crimen organizado, la constante intromisión del Ejecutivo federal en los comicios y la ausencia de dos magistrados, debido a las omisiones del Senado.
Nunca en la historia del país se habían mezclado tantos focos rojos en torno a la calificación de la elección presidencial, de la cual puede salir la validez de los comicios o incluso su nulidad, señalaron expertos consultados por este medio.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, y los extitulares del mismo, Janine Otálora Malassis y Flavio Galván Rivera, hablaron en exclusiva con ejecentral sobre los retos por los que atraviesa el tribunal.
En entrevistas por separado, coincidieron en que, pese a las adversidades, los jueces electorales deben tener mano firme, ser valientes y no doblarse ante políticos, candidatos, partidos o funcionarios, y menos ante delincuentes.
“Va a ser un ejercicio muy, muy difícil, esta calificación electoral. Yo he tenido la suerte de vivir las elecciones presidenciales desde 1988 como servidor público electoral y nunca había visto un clima como el que estamos viviendo actualmente”, advirtió Flavio Galván Rivera, quien fue magistrado de la Sala Superior durante los comicios de 2006 y 2012, cuando el TEPJF validó el triunfo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
Violencia, actor autoinvitado
La violencia relacionada con la intromisión del crimen organizado en el actual proceso electoral ha sido de tal magnitud, que algunas voces han hablado de la posibilidad de anular los comicios por esta causa.
De acuerdo con la organización Laboratorio Electoral, entre el 4 de junio de 2023 y el 13 de marzo de este año se registraron 111 actos de violencia política, entre ellos el asesinato de 45 personas involucradas con los comicios. De estas víctimas, 22 eran aspirantes a algún cargo de elección popular.
A este recuento se deber agregar la ejecución de Tomás Morales Patrón, aspirante a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, ocurrida el mismo día en que se presentó el informe, y la de Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, Chiapas, perpetrada un día después, con lo que van 24 aspirantes ultimados en el actual proceso electoral.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 8 de febrero, varios magistrados electorales coincidieron en señalar que existe la posibilidad de anular votaciones por intromisión del crimen organizado, aunque, acotó la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, no necesariamente de manera general, sino en casillas específicas, como ocurrió en Michoacán en el 2021.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña advirtió que se debe abordar el tema del que pocos quieren hablar, pero que es una realidad, un problema que ha crecido y que, quizá, sea el más importante al que se enfrente el sistema electoral mexicano.
Y consideró que si se llega al escenario de nulidad por violencia, se habrá “fracasado como organización electoral”.
En este tema, el máximo tribunal electoral del país enfrenta presiones de la oposición, pues el pasado 11 de marzo, los coordinadores de PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, pidieron que se anulen los comicios en donde se compruebe la participación de la delincuencia organizada.
“Esta será la única manera de evitar su intromisión en una elección y que no se continúe con la impunidad”, afirmó el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero. Adicionalmente, las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora coincidieron en que la violencia política en razón de género es otro factor que juega en la contienda, por lo que ésta debe visibilizarse.
Omisiones del Senado
La polarización política que rodea al proceso electoral en marcha ha propiciado la falta de acuerdos en el Senado de la República, instancia que tiene pendientes 44 nombramientos de magistrados electorales estatales y federales, lo que ha golpeado a las instituciones de impartición de justicia electoral.
Entre las 44 magistraturas que faltan se encuentran dos de la Sala Superior del TEPJF, por lo que desde hace cinco meses el pleno sesiona con cinco integrantes, cuando deberían ser siete.
Para Janine Otálora, quien presidió el TEPJF cuando Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente de México, en 2018, esta omisión del Senado hace vulnerable a la institución que va a calificar los comicios en puerta.
“Todos los órganos de justicia electoral están incompletos, no hay uno solo que esté debidamente integrado, y considero que esta desintegración fragiliza a las instituciones, las hace más vulnerables y, por ende, fragiliza la democracia (…) El trabajo ha salido porque tenemos todos los recursos humanos para poder hacer frente a esta carga de trabajo. Cuando hay pluralidad, cuando está completa (la Sala Superior), obviamente eso blinda el debate, blinda las decisiones”, dijo.
Flavio Galván calificó la omisión de la Cámara de Senadores como “una conducta antijurídica, ilícita, irresponsable y contraria al sistema constitucional mexicano”, pero Mónica Soto, la actual presidenta del Tribunal, fue más optimista.
“En este caso, te lo puedo asegurar, no tenemos una merma en cuanto a credibilidad, porque las sentencias están debidamente sustentadas, tanto su argumentación en lo que son las leyes correspondientes y los principios constitucionales. Sí hay más trabajo y, evidentemente, nos lleva a mayores cargas, pero hasta hoy tenemos todo resuelto para juzgar cualquier medio de impugnación en tiempo y forma. La justicia no para, no nos paró ni el Covid, tampoco nos va a parar la falta de algunos integrantes”, opinó.
Una decana, la alternativa
Hay altas posibilidades de que Mónica Soto se convierta en la primera mujer al frente del TEPJF que le entregue a otra mujer la constancia de mayoría que la acredite como Presidenta de México, lo cual sería histórico. Pero para que este escenario se dé, la Sala Superior debe validar los comicios con al menos seis integrantes, y sólo tiene cinco.
Ante la falta de cumplimiento de la ley por parte del Senado, la alternativa es nombrar magistrado a un decano en materia electoral.
El artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que ante asuntos de urgente atención y ante un pleno incompleto, se nombre de forma temporal a un magistrado de la Sala Regional, el que tenga mayor antigüedad o, en su caso, mayor edad.
Fuentes del Poder Judicial estiman que el lugar lo ocuparía Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada de la Sala Regional de Toluca, quien lleva 42 años en funciones.
Pero las magistradas Mónica Soto y Janine Otálora prefirieron no hablar de la eventualidad de que haya una sexta integrante decana, porque confían en que los legisladores se pongan de acuerdo y hagan los nombramientos que están pendientes, aunque sea días antes de los comicios.
›Marcela Elena Fernández Domínguez, Gabriela Villafuerte Coello y Claudia Valle Aguilasocho forman la terna para ocupar una de las dos vacantes en la Sala Superior del TEPJF. Las tres ya comparecieron en el Senado y esperan la decisión de los legisladores desde octubre de 2023.
La otra terna la conforman Rubén Jesús Lara Patrón, Armando Ismael Maitret Hernández y Francisco Javier Sandoval López.
Presión desde Palacio
Una de las presiones más persistentes para los jueces electorales es la que ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador, al promover una reforma electoral de gran calado en medio del proceso más grande del país, por las descalificaciones constantes hacia la autoridad electoral y por sus frecuentes declaraciones en favor de su partido, Morena, lo que genera condiciones de inequidad, según expertos en la materia.
El pasado 5 de febrero, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma que, entre otras modificaciones, propone que los magistrados de los tribunales electorales sean electos mediante el voto directo y secreto de los ciudadanos.
Este segundo intento para reformar la Constitución en materia electoral provocó distintas opiniones de parte de los juzgadores electorales.
“Nos encontramos ante la sombra de una reforma, pero hoy por hoy el Tribunal no se siente amenazado por parte de ningún actor o actora política y de ninguna fuerza partidista ni ajena a algún grupo de poder, en lo absoluto. El Tribunal está haciendo lo que debe hacer desde hace 30 años. Sabemos que se intensifican las pasiones electorales, lo cual es positivo, porque fomenta mayor participación de la ciudadanía”, declaró la presidenta del TEPJF, Mónica Soto.
En cambio, Janine Otálora y Flavio Galván consideraron que las elecciones del 2 de junio próximo serán una prueba de fuego, pues definirán si se sigue con el modelo democrático actual o éste cambia de forma radical.
“El sistema democrático está tambaleándose, está como los alambristas, en la cuerda floja. Tenemos que rescatar lo que hemos conquistado en los últimos 30 años y que ahora está amenazado, está en peligro”, declaró el exmagistrado Flavio Galván Rivera, quien es profesor en la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.
El fantasma de la anulación
¿La intervención reiterada del presidente de la República puede llevar a la anulación de las elecciones?, se le preguntó a Flavio Galván.
“Por supuesto que sí, tenemos una disposición en el artículo 134 constitucional que impone a todos los servidores públicos el deber de neutralidad. Hay una gran cantidad de sentencias condenatorias en contra del presidente de la República por su conducta antijurídica en materia electoral. Se van a establecer lineamientos, porque parte de la calificación electoral es revisar la conducta de los funcionarios y, más aún, de los de alto nivel como el presidente, gobernadores, presidentes municipales… todo servidor público debe ser neutral”, contestó.
El exmagistrado lo dice con conocimiento de causa. Cuando formó parte de la Sala Superior del TEPJF se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de 2006, en la que compitieron Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa.
Entonces, el Tribunal ordenó el recuento de 9% de las casillas ante la exigencia de López Obrador de contar “voto por voto, casilla por casilla”. Y al final, la diferencia entre Calderón y López Obrador fue de 233 mil 281 sufragios, 0.56% de la votación.
El TEPJF declaró el triunfo del panista, mientras que el tabasqueño se autoproclamó “presidente legítimo”. En ese entonces, los magistrados electorales condenaron la intervención del presidente Vicente Fox y advirtieron que puso en riesgo la validez de los comicios.
Hace unos días, Fox reconoció que operó en la elección de 2006 para que ganara Calderón, aunque consideró que fue en el marco de la ley.
Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado en varias sentencias firmes de violar el principio de neutralidad, pero será al final del proceso electoral cuando los magistrados decidan si sus declaraciones influyeron en el resultado de la elección presidencial.
Consultada al respecto, Janine Otálora Malassis afirmó: “No quisiera adelantarme porque no es mi papel adelantarme. Yo lo que he sostenido es que tuvimos la elección del año 2006 donde hubo un problema justamente por la injerencia, de aquel entonces, de quien ocupaba el Poder Ejecutivo”.
Y agregó: “Todo funcionario público tiene la obligación de comportarse de manera neutral e imparcial, entonces no es deseable que ningún funcionario pretenda intervenir en un proceso electoral, sobre todo cuando es del púlpito más grande del país (…) No es el momento para que nosotros como juezas, como jueces, nos subamos a un debate político, el nuestro es un debate jurídico y no debemos estar amenazando con posibilidades de nulidades”.
18 mil impugnaciones previstas
Los jueces electorales consideran que éste será el proceso más litigioso de la historia, con alrededor de 18 mil impugnaciones, sobre todo relacionadas con la contienda presidencial, aunque hay 20 mil 708 cargos en disputa, de los cuales 20 mil 79 son locales.
Gabriela Villafuerte, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral y exmagistrada presidenta de la Sala Especializada del TEPJF, sostuvo en entrevista con ejecentral que ve “mucha confrontación” entre candidatos, aunque aún no llega al grado de enfrentamiento que se dio en 2018, cuando hubo casos de calumnia, manipulación de los buscadores en Internet y páginas web apócrifas de partidos políticos.
“El tema más fuerte es ¿qué va a pasar realmente con la intervención del servicio público? El presidente de México se está volviendo un actor importante en el proceso, eso se va a ir replicando a los estados, sobre todo a nivel municipal. El nivel municipal es el más manipulado, los alcaldes hacen muchísima labor de intervención político-electoral”, dijo Villafuerte Coello, quien hoy compite en la terna para magistrada de la Sala Superior del TEPJF.
“El nivel municipal es tierra fértil para que haya manipulación, presión al electorado, compra del voto con cualquier ofrecimiento mínimo y, por supuesto, del poder fáctico que tiene el crimen organizado, cuya intervención es cada vez más abierta, descarada y con un grado de impunidad rampante”, agregó.
Tanto Gabriela Villafuerte como la magistrada Janine Otálora advirtieron además que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ha desechado quejas de forma atípica en el actual proceso.
“Casi sistemáticamente está desechando todas las quejas y eso es un problema sumamente inquietante, porque quiere decir que no se están limpiando eventuales irregularidades durante el proceso. No quiere decir que todas las quejas son fundadas, sólo que la justicia electoral no se puede pronunciar sobre estas denuncias, porque la Unidad Técnica de lo Contencioso, que además está encabezada por una persona encargada del despacho, las desecha casi en sistemático”, alertó Otálora Malassis.