La reciente tragedia en Nuevo León, donde se desplomó el escenario durante un mitin político de Movimiento Ciudadano, ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿cuánto vale la vida de un mexicano? La respuesta a esta pregunta no sólo es un tema de debate económico, sino también de justicia y dignidad humana. Las indemnizaciones ofrecidas a las víctimas y sus familias, aunque rápidas, han sido vistas por muchos como insuficientes y hasta insultantes, especialmente cuando se comparan con estimaciones de valor de la vida en diferentes contextos.
El gobierno de Nuevo León y los candidatos del partido Movimiento Ciudadano se comprometieron a brindar apoyo económico a las familias afectadas. Se anunció una indemnización de 400 mil pesos para las familias de los fallecidos y 100 mil pesos mensuales para los lesionados durante su recuperación. Aunque estas cifras pueden parecer considerables a primera vista, una mirada más profunda revela una realidad preocupante.
Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el valor de la vida de un mexicano se estima en aproximadamente 860 mil dólares, lo cual es sólo 17% del valor estimado para un ciudadano estadounidense, fijado en cinco millones de dólares.
Este cálculo considera lo que una persona produce, consume, ahorra e invierte a lo largo de su vida laboral. La comparación con otros países muestra que México no está solo en esta subvaloración: en Rusia, el valor es de 649 mil 306 dólares; en Brasil, 513 mil 380 dólares; y en China, apenas 183 mil 467 dólares.
Bajos estas líneas, las indemnizaciones ofrecidas tras la tragedia en Nuevo León son una muestra dolorosa de la brecha entre el valor nominal de la vida en México y las compensaciones efectivamente ofrecidas en casos de tragedias. Los 400 mil pesos ofrecidos a las familias de los fallecidos representan una fracción minúscula de los 860 mil dólares estimados por el Imco. Esta cifra ni siquiera se acerca al valor económico total que un individuo aporta a lo largo de su vida, sin mencionar el valor emocional e intrínseco que cada vida humana posee.
Asimismo, comparando con el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre en Estados Unidos, que fue establecido para compensar a las víctimas de los ataques terroristas de 2001, las diferencias son abismales. Este fondo, autorizado para desembolsar hasta siete mil 375 mil millones de dólares, ofrecía compensaciones basadas en estimaciones de los ingresos futuros perdidos de cada víctima, un enfoque que reconocía no sólo el valor económico, sino también el impacto personal y familiar de cada pérdida.
Kenneth Feinberg, quien estuvo a cargo de administrar este fondo, escribió un libro titulado What Is Life Worth?, el cual inspiró la película Worth, estrenada en 2021. En ella se narra cómo enfrentó la difícil tarea de equilibrar las expectativas de las familias de víctimas altamente remuneradas con la necesidad de mantener el fondo sostenible. Al final, el fondo logró compensar a 97% de las familias afectadas, con una cláusula de no litigación contra las aerolíneas, garantizando así una compensación justa y evitando largos procesos judiciales.
En contraste, las indemnizaciones en México suelen ser vistas como un mero trámite para silenciar la indignación pública. La rapidez con la que se ofrecieron las compensaciones tras la tragedia en Nuevo León, aunque bienvenida, también puede interpretarse como un intento de controlar el daño reputacional antes que hacer justicia a las víctimas.
La cantidad de 400 mil pesos por una vida perdida es una cifra que puede ayudar a cubrir gastos inmediatos y ofrecer algún alivio financiero, pero no refleja de manera justa el valor de la vida de una persona. Además, la disparidad entre esta cifra y la estimación del Imco subraya una profunda desigualdad en cómo se valora la vida en distintos contextos y momentos.
Para cerrar esta brecha y ofrecer compensaciones que realmente reflejen el valor de la vida humana, es crucial adoptar un enfoque más holístico y basado en principios de justicia y equidad. Las autoridades deben considerar no sólo el aspecto económico, sino también el impacto emocional y social de la pérdida. Además, la transparencia en los procesos y la participación de las familias afectadas en la determinación de las compensaciones son pasos necesarios hacia una mayor equidad y respeto por la dignidad humana.
El caso del desplome del escenario en Nuevo León es un recordatorio doloroso de cuánto nos falta avanzar en este aspecto. No se trata sólo de números y cifras, sino de reconocer y honrar la vida de cada individuo de una manera que refleje verdaderamente su valor. Las lecciones aprendidas de otros contextos y tragedias pueden guiarnos hacia políticas más justas y humanas, que finalmente puedan cerrar la brecha entre el valor nominal y el valor real de la vida de un mexicano.
Además, es fundamental que las indemnizaciones no sólo se vean como una respuesta financiera, sino como un compromiso de las autoridades para mejorar las condiciones que llevaron a la tragedia. La seguridad en eventos públicos, la responsabilidad de los organizadores y la previsión de riesgos deben ser aspectos que se revisen y mejoren continuamente para evitar futuras tragedias.
También es necesario un cambio cultural en cómo se perciben y se manejan las tragedias. En lugar de ver las indemnizaciones como una forma de apagar incendios mediáticos, deberían ser parte de una política más amplia de protección y respeto a la vida humana. Esto implica un esfuerzo concertado por parte de todas las instituciones involucradas para garantizar que las vidas no se vean reducidas a meros números en una tabla de compensaciones.
Finalmente, la participación activa de la sociedad civil en estos procesos es esencial. Las familias de las víctimas deben tener voz y voto en cómo se manejan las indemnizaciones y las medidas de seguridad posteriores. Sólo a través de un enfoque inclusivo y transparente se podrá avanzar hacia una sociedad que realmente valore la vida de cada uno de sus miembros.
En resumen, la tragedia de Nuevo León es una llamada de atención para reevaluar cómo valoramos la vida humana en México. Las indemnizaciones ofrecidas, aunque inmediatas, deben ser vistas en el contexto más amplio de la justicia y la equidad. Adoptar un enfoque más holístico y transparente, aprender de otros contextos y garantizar la participación de las familias afectadas son pasos necesarios para cerrar la brecha entre el valor nominal y el valor real de la vida de un mexicano.
Sólo así podremos avanzar hacia una sociedad que verdaderamente respete y valore la dignidad de cada individuo.
