La semana pasada comentábamos algunos temas económicos que son de preocupación creciente para muchos analistas. La irrupción de los transportistas y agricultores en el panorama político de nuestro país, con la toma de aduanas, carreteras y otras acciones que el gobierno no ha podido parar totalmente hasta ahora muestra, creo, la gravedad del momento político-económico.
Si bien son dos temas que se podrían calificar de diferentes, sí están unidos en algo, y es en la participación de las organizaciones criminales tanto en el transporte como en el campo, cada día con mayores prácticas extorsionistas y amenazas criminales que han llevado a cabo.
Es por ello que varias de las declaraciones gubernamentales de que la economía va bien o que hay una creciente inversión extranjera, no solo ya casi nadie se las cree, sino que los datos duros no lo confirman, y lo peor es que estamos a punto de tener otra década perdida, como ocurrió en los años ochenta del siglo pasado.
Las decisiones económicas y jurídicas tomadas en la administración pasada y en el actual le están cobrando factura a este gobierno. Los terribles errores en la construcción de sus megaobras y sus costos son un ejemplo: hasta la fecha no sabemos en realidad a cuánto han ascendido, porque en la mayoría de los casos han aplicado la fórmula de la “seguridad nacional”, lo que ha permitido asignar directamente y no justificar públicamente el gasto. Esto, tarde o temprano, saldrá a la luz, aunque ya sea tarde para hacer algo más allá de denunciar a los que tomaron las decisiones; y aquí uno de los grandes faltantes es el combate a la corrupción que, según parece, crece cada día.
Uno de los mayores problemas que comentábamos era el referente al campo, es decir, la producción y la alimentación de los mexicanos. Según varios de los expertos en el tema, una vez más, todo se complica a raíz de las decisiones tomadas por el gobierno anterior con la desaparición de varias instituciones y, sobre todo, políticas destinadas al campo que venían de años anteriores y no fueron sustituidas.
Hay que insistir en que esta desaparición de instrumentos que más o menos garantizaban dar claridad a los agricultores de poder recibir un precio que, si bien no era una gran ganancia, al menos permitía evitar que dejaran de sembrar porque perdían dinero. Me refiero al Programa de Apoyo a la Comercialización, que les daba un precio por arriba del costo de producción. También desapareció el programa de Agricultura por Contrato, el cual les garantizaba antes de sembrar cuál sería el precio de la venta de sus cosechas.
Como el gobierno carece recursos, no solo para el campo, sino también para la salud y la educación, más allá de dar incrementos inferiores a la inflación, el futuro de varios sectores básicos para el país está en riesgo.
Hoy tenemos, por ejemplo, que el pleito del gobierno estadounidense con el gobierno chino ha ocasionado que los precios de los granos en la Bolsa de Chicago estén cayendo a niveles que sacan del mercado a los productores nacionales. No a todos, porque tenemos a un amplio sector de autoconsumo que no participa en el mercado y, en el otro extremo, tenemos a los muy grandes e integrados. Y quedan aquellos que precisamente han estado protestando, los que no son ni chicos ni grandes y que, con los precios existentes -muchos de ellos subsidiados por sus gobiernos-, les hace imposible poder competir.
Por eso, es necesario que haya una revisión completa en el tema del campo y que, sin duda, se reconozca que es necesario tener instrumentos, como los tienen otros países, para proteger a sus agricultores y que puedan tener una vida digna. Si no se hace, puede ser que se calme la protesta de este año, pero sin duda vendrá la del año que viene, con la amenaza de que la “solución” sea sacar los granos básicos del T-MEC.
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