1ER. TIEMPO: El fiscal que no quería soltar el poder. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, fue tremendamente difícil. El hombre más poderoso del régimen, por el nivel de su información sobre todos, las investigaciones sobre las personas más importantes del país, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador y la autonomía con la que se manejaba, lo hacía también un hombre peligroso por sus rencores. Su salida fue un respiro para muchos, dentro del gobierno, entre simpatizantes del movimiento obradorista y más todavía, fuera de él. En México hay funcionarios que pasan por el gobierno sin dejar huella y otros que se convierten en símbolos involuntarios de un sistema político. Gertz Manero pertenece a esta segunda categoría. Es irónico porque el destino del fiscal, cuando López Obrador estaba en el periodo de la transición, iba a ser mucho menos relevante de donde terminó. Alfonso Durazo, a quien el presidente electo le pidió que se hiciera cargo de diseñar la estrategia de seguridad, buscó a Gertz Manero, con quien había trabajado en el gobierno de Vicente Fox, él como secretario particular y él como secretario de Seguridad Pública, para que lo asesorara en el plan que le había pedido López Obrador. Cuando se acercó el tiempo de la designación del gabinete, Durazo lo propuso como secretario de Seguridad, que es lo que quería Gertz Manero, pero López Obrador tenía otros planes: Durazo a esa secretaría, y Gertz Manero a la Procuraduría General de la República que durante el primer año de gobierno se convertiría en Fiscalía General. Desde que tomó el control de la nueva Fiscalía General de la República, a mediados de enero de 2019, su figura se volvió un espejo incómodo del país: un fiscal todopoderoso en un sistema donde los contrapesos son una ilusión y la justicia, una promesa aplazada. Gertz Manero llegó con la legitimidad de décadas en la administración pública, pero muy pronto esa legitimidad se desmoronó bajo el peso de sus propias decisiones. La Fiscalía dejó de comportarse como una institución autónoma y empezó a vivir bajo la lógica personal del fiscal. Las prioridades no parecían derivar del interés público, sino de una mezcla de rencores, obsesiones y alianzas políticas que se movían en la penumbra. La autonomía, esa palabra que tanto presumía la retórica oficial, fue la primera víctima. A Gertz Manero se le multiplicaron los casos incómodos: investigaciones que avanzaban al ritmo que convenía al poder, carpetas congeladas cuando afectaban al círculo presidencial y un silencio meticuloso ante los temas que exigían contundencia institucional. El fiscal tenía una brújula, pero no apuntaba al norte jurídico, sino al norte político. Los episodios más polémicos de su gestión expusieron una verdad incómoda: la Fiscalía no era un organismo constitucional autónomo, sino un territorio personal. Las filtraciones, los audios, los conflictos internos, los pleitos con jueces, los embates contra académicos, dibujaron el perfil de un fiscal más preocupado por su imagen y sus querellas privadas que por la procuración de justicia. Con el paso del tiempo, Gertz Manero dejó de ser un funcionario y se convirtió en un problema político. Para el gobierno, cargaba con un desgaste tóxico. Para la oposición, era un síntoma perfecto del deterioro institucional. Para el sistema, un recordatorio de que las autonomías mexicanas suelen ser espejismos que se desvanecen frente al capricho de un solo hombre.
2DO. TIEMPO: Amenazas y terror, el método escogido. De todos los funcionarios que tuvieron Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz Manero era el más viejo, en edad y en experiencia. Inteligente, pero perverso, astuto y estratégico. Mal fiscal, en términos de resultados, pero un Fouché para imprimir terror como método que lo llenaron de acusaciones de abusos, arbitrariedades y una furia donde la ley no importaba nada, sino que sus objetivos se cumplieran. El responsable de encabezar la cruzada contra la corrupción que prometió López Obrador, no hizo nada. Fabricó casos, como el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, donde a cambio de su libertad y mantener su dinero, le entregó una lista de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y de potenciales candidatos del PAN a la Presidencia, para que los imputara de sobornos para meterlos a la cárcel. Algunos cayeron, como Rosario Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social, que estuvo presa tres años por un supuesto desvío de recursos en la llamada “Estafa Maestra”. Persiguió a Alonso Ancira, el empresario acerero, al que acusó de fraude por más de 500 millones de dólares, y logró tenerlo efímeramente en la cárcel, pero no prosperó. Fue cazando panistas, obligando a Ricardo Anaya a irse de México para evitar ser detenido, y a Francisco García Cabeza de Vaca lo persiguió, sin poder encarcelar a ninguno, aunque la orden de López Obrador de evitar que fueran candidatos presidenciales, se logró. A Lozoya, que fue su tonto útil, lo usó hasta desecharlo, arruinando su vida, pero al mismo tiempo, el exdirector de Pemex se convirtió en la pieza que descompuso el motor de la anticorrupción. Gertz Manero fue más allá. Lozoya terminó acusándolo de abusos, torturas y de forzarlo a declarar mentiras. Persiguió a una treintena de científicos a quienes quería meter a la cárcel, para apoyar las locuras de quien dirigió en el obradorismo el Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, pero no pudo concretarlo. El caso más emblemático de su controversial paso por la Fiscalía no tuvo que ver con un tema criminal, sino con uno personal. Usó su cargo para venganzas personales y persecución familiar, de manera extraordinariamente arbitraria, como hizo con Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas Morán, a quienes acusó del supuesto homicidio negligente de hermano, pareja de Laura por décadas. Ella no fue a la cárcel por la edad, pero Alejandra fue detenida y pasó más de 500 días en prisión. Salió por un fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó su liberación porque Gertz Manero tomó todas las represalias utilizando una figura jurídica inexistente; es decir, se inventó el delito. Ese caso provocó el rompimiento con quien había sido su aliado, Julio Scherer, consejero jurídico de la primera mitad de la Presidencia de López Obrador. Scherer no aceptó participar en las arbitrariedades de Gertz Manero, por lo que comenzó una percusión contra él, pese a las indicaciones contrarias que le dieron López Obrador y más adelante Sheinbaum, que solo terminaron el jueves pasado, cuando el fiscal dejó su cargo.
3ER. TIEMPO: La resiliencia del fiscal. En enero de 2023 la salud de Alejandro Gertz Manero se convirtió en un tema de interés nacional. Su salud no había estado bien en diciembre, afectado por la influenza y por una intervención en la columna que le estaba costando trabajo reponerse. Difícilmente el estado de salud de un funcionario había generado tanta intensidad y expectativas —incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador—, como no se recuerda la unanimidad de las opiniones deseándole buena salud, pero, al mismo tiempo, pidiéndole que renunciara a la Fiscalía General. Razones sobraban por el uso faccioso del cargo para dirimir asuntos personales y los malos resultados de su gestión. Sin embargo, se mantenía sólido por el apoyo del único que le importaba, el presidente López Obrador, que tenía viejos agradecimientos con él –por ejemplo, el apoyo para que su hijo mayor realizara su tesis y se titulara como abogado–, y servicios ilegales, como un sistema de espionaje político de precandidatos presidenciales de Morena –también vigilaba a 24 opositores, como ser reveló en este espacio en octubre pasado–, que producía reportes regulares a López Obrador. El fiscal se volvió cercano y cómplice de López Obrador, que hace dos años le pidió que blindara a sus hijos, en prevención a los ataques que podrían recibir cuando dejara el poder. Gertz Manero les armó un expediente criminal, para él, y los cuidó. Hizo lo mismo con quien le pidió, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado de ser socio del Cártel de Sinaloa, a quien nunca investigó formalmente—sólo para él. Cuando se dio el cambio de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum iba a relevarlo con su consejera jurídica, Ernestina Godoy, pero Gertz Manero se le adelantó: él sería leal con ella y le serviría, le dijo, porque quería terminar su vida pública como fiscal general, que decía había sido el sueño de su vida. Sheinbaum accedió y aunque con suspicacias, trabajó con él más de un año. La decisión dejó una pregunta simple y devastadora: ¿cómo era posible que México siguiera operando con un sistema de justicia donde el fiscal se interpretaba a sí mismo como un virrey intocable? El caso de Gertz Manero no era una anécdota; era un diagnóstico. Dejó expuesto a un Estado que no ha logrado construir instituciones sólidas, donde un solo funcionario —con voluntad suficiente — podía inclinar la balanza entera. Su legado, ahora que ya se fue de la Fiscalía no será una reforma, ni un avance, ni un fortalecimiento institucional. Su legado es una advertencia: mientras la justicia dependa del carácter del fiscal y no de la ley, el país seguirá atrapado en un laberinto donde el poder decide, y la justicia obedece.
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