El domingo 2 de junio pasado México decidió otorgarle al partido en el poder tanto la Presidencia de la República como la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión; en el caso de la de Diputados, mayoría calificada (66%) y en el caso del Senado, mayoría absoluta (50% + 1).
La diferencia entre ambas categorías radica en que hay decisiones parlamentarias que deben tomarse por votación de dos terceras partes del total de legisladores; tales resoluciones son las modificaciones al texto constitucional o la aprobación de determinados nombramientos. Sin embargo, nuestro sistema parlamentario, desde la Constitución, presenta un sistema de restricciones contramayoritarias a través de representaciones plurinominales que buscaban imposibilitar que una sola fuerza política obtuviera por sí misma la mayoría calificada en el Congreso, debido a que, de lo contrario, quedaría sin propósito imponer la necesidad de alcanzar votaciones del 66% de las y los legisladores. Si un solo partido es dueño de la capacidad de modificar la Constitución que nos rige a todos, aun por mandato de una mayoría, aquellos que no estén contemplados en su visión se verán relegados y no serán tomados en cuenta, lo que es contrario a la idea de un sistema plural y democrático, en el que todos los ciudadanos sean iguales; ello implica un riesgo para la construcción responsable de instituciones que sirvan a todas y todos, con respeto a las diversas visiones de país que tenemos.
Desafortunadamente, ese sistema de representaciones plurinominales que asigna las curules y los escaños para evitar la mayoría calificada de una sola fuerza política no estaba diseñado para casos como el actual, en el que tres partidos políticos representan el mismo proyecto de nación, por lo que la asignación contramayoritaria de plurinominales se hizo, para esos partidos, de forma individual y no colectiva.
Así las cosas, independientemente de la cantidad de votos emitidos, fuerzas como el Partido del Trabajo, con su 8% del electorado, obtuvo 72 asientos en la Cámara baja, mientras que el Partido Acción Nacional con 18% de la elección, también obtuvo 72 lugares.
Sumado a lo hasta aquí descrito, si observamos el tipo de reformas constitucionales que Andrés Manuel López Obrador mandó al Congreso para su aprobación, tales como la designación de ministros a través de elecciones, la transformación del INE en un órgano menos independiente o la eliminación de los plurinominales, pareciera que nos encontramos ante un gobierno de las mayorías que efectivamente pretende imposibilitar que un día la minoría crezca y los supere, no obstante que ellos alguna vez formaron parte de la minoría y son precisamente las reglas que a todas luces quieren modificar las que les permitieron constituirse en gobierno. Ahora que los contrapesos no funcionaron como se esperaba, dependerá únicamente de la civilidad y la responsabilidad de quienes hoy detentan el poder, para que se respete a quienes piensan distinto.