A casi dos años del homicidio de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), documentó múltiples omisiones e irregularidades cometidas por la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), durante la investigación del caso.
Por esta razón emitió una recomendación por la omisión del debido proceso, y de investigar con diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, ocurridos el 31 de julio de 2015.
La ombudsperson capitalina, Perla Gómez Gallardo, expuso que la Procuraduría de la Ciudad de México no preservó adecuadamente el lugar de los hechos y tampoco evitó que se contaminara la escena del crimen, además de elaborar de manera incompleta procesos como la preservación de indicios y recolección de datos.
Además de que no actuó conforme a los protocolos requeridos por cada delito y tomó en cuenta líneas de investigación específicas por motivos de las características particulares de las víctimas, como el género o el ejercicio del periodismo.
Durante la presentación del informe, la CDHDF indicó que el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Poder Judicial capitalino, también cometió irregularidades durante las necropcias practicadas a las víctimas.
De igual forma criticó las filtraciones a la prensa de la información sobre el caso, como datos personales y fotografías de las víctimas tal como fueron encontradas en la escena del crimen, lo que provocó que fueran estigmatizadas.
En la investigación del organismo sobre el multihomicidio de la Narvarte, se realizaron diversas acciones para documentar el caso, consistentes en solicitudes y recopilación de información, informes a las autoridades involucradas como responsables; entrevistas a personas relacionadas con los hechos; consulta y seguimiento de averiguaciones previas y causas penales; visitas y acompañamientos a los familiares en el proceso.
La recomendación incluye un total de 18 puntos, de los cuales destacan, respecto de los dirigidos a la PGJCDMX, la presentación de un plan integral que permita agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso; y se aperturen investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información y por la violación de derechos humanos acreditadas en la recomendación.