e instó al Estado a investigar el crimen con “la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”. Esqueda fue presuntamente secuestrado en su residencia en San Luis de Potosí el pasado 5 de octubre, y estuvo desaparecido hasta el día siguiente, cuando se encontró su cadáver maniatado junto a unas vías férreas en la misma localidad. Esqueda Castro, quien colaboraba con el medio VoxPopuli de San Luis Potosí y Metropoli de San Luis, había recibido presuntas amenazas por parte de un agente ministerial y presentado una denuncia sobre dicho incidente. Es el periodista número 45 en ser asesinado en lo que va del mandato de Enrique Peña Nieto y el oncevo en este 2017, lo que lo convierte el peor año en la protección a periodistas. Asimismo, existen denuncias de que un grupo de hombres armados y vestidos con uniformes policiales fueron los responsables de su secuestro, aunque la policía ministerial del Estado (PME) rechazó estar involucrada en el crimen a través de un comunicado publicado por la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP). Ante la gravedad de la situación de violencia contra los periodistas en México, esta Oficina llama al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos en investigar de forma completa, efectiva e imparcial este y los restantes crímenes ocurridos en los últimos años, esclarecer sus móviles, y, en especial, determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, apuntó la CIDH. Las autoridades no deben descartar el ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos”, añadió.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició una investigación con motivo del homicidio del periodista, enfocada a desarrollar la línea vinculada con la libertad de expresión. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señalaron el efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros profesionales de los medios así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”.