México enfrenta una profunda e inédita crisis en derechos humanos, como lo demuestran las 318 recomendaciones realizadas por 115 países durante su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las alertas de la comunidad internacional han resaltado los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos, el aumento de homicidios y violencia de género, los abusos contra personas migrantes, la militarización, así como la violencia y discriminación generalizadas.
La postura del Estado mexicano y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se interpretó como una muestra del escaso interés por abordar el problema. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la debilidad institucional y la responsabilidad de los gobiernos estatales, municipales y federales en este agravamiento.
El enemigo está en casa
De acuerdo con el senador Emilio Álvarez Icaza, los desafíos actuales de México en materia de derechos humanos resultan de las decisiones de este gobierno y de la “depredación institucional”, que ha debilitado la democracia y mermado la capacidad del Estado para atender a las víctimas.
“Todas las políticas públicas, todas las instituciones, todas las regulaciones para avanzar en derechos humanos están en un proceso sistemático de depredación, eso, de la mano de una narrativa perversa que dice que le importan los derechos humanos”, señaló el senador independiente en entrevista con ejecentral.
El también activista sostuvo que la “profunda crisis” en la que están los organismos autónomos como la CNDH, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Centro Nacional de Identificación Humana y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros, es reflejo de la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por debilitar los contrapesos democráticos, la división de poderes y los órganos autónomos.
“Cómo es posible que ahora una parte importante de los riesgos a los periodistas venga del propio Presidente; están matando a periodistas y personas defensoras aun cuando están en el mecanismo de protección; la militarización del país avanzó de manera exponencial en este gobierno, entonces, hoy lo que queda muy claro para la comunidad internacional es que una parte muy grande del problema en la agenda de derechos humanos lo constituyen las decisiones que ha tomado este gobierno”, subrayó.
Aunque la delegación mexicana ante el organismo de la ONU se comprometió a analizar con “detenimiento” las “puntuales y constructivas” recomendaciones que recibieron en el marco de su evaluación, para Álvarez Icaza existe el riesgo de que se opte por simular su aceptación o cumplimiento.
La CNDH fantasma
Mientras países como Venezuela o Rusia recomendaron a México investigar las desapariciones forzadas, los abusos de las fuerzas de seguridad y esclarecer los asesinatos de periodistas y personas defensoras, en México, Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, propuso cambiar a la comisión para “fortalecer sus funciones y potenciar sus alcances”.
Lo cierto es que, a cuatro años de haber asumido la presidencia del organismo garante de los derechos humanos en el país, sostuvo, la CNDH es hoy en día el espejo más claro del deterioro de los contrapesos en el país, al mantener una “total y absoluta sumisión” al gobierno en turno.
Para Martha Tagle Martínez, activista y consultora en género y derechos Humanos, el cambio de nombre a “Defensoría del Pueblo” que propone Piedra Ibarra para supuestamente obligar a que se cumplan las recomendaciones que emiten, no favorece en nada a la independencia y autonomía con la que debería actuar el organismo.
›“Ni siquiera se ha dedicado a hacer recomendaciones en temas gravísimos como la militarización, la agresión a periodistas, las personas desaparecidas, justamente para no hacerle ruido a este gobierno, cuando sí tiene la atribución. El tema es que no está cumpliendo con las atribuciones y facultades que tiene”, subrayó la exdiputada.
Al advertir que el incremento de las violaciones a derechos humanos en el país está relacionado con la inseguridad y violencia generalizada en el país, y que “el único que puede violentar derechos humanos es el Estado”, Tagle Martínez señaló que las omisiones y la falta de autonomía de la CNDH por vigilar que estas violaciones no ocurran en realidad han profundizado esta crisis.
“Estamos en la peor etapa de la CNDH; ha sido muy, muy malo el papel de la presidenta. Y ahora se plantea una reforma que más bien lo que buscan es no sólo el cambio de nombre sino quitarle por completo esta posibilidad de independencia y autonomía, y que termine siendo un apéndice del gobierno”,
aseveró la activista.
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