En un golpe que sacudió las sierras de Jalisco y resonó en los pasillos de Washington, las fuerzas mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el temido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo en Tapalpa lo dejó herido de muerte durante un enfrentamiento, y falleció en el traslado a la Ciudad de México. El caos estalló de inmediato: bloqueos, incendios de vehículos y disturbios en varios estados. Pero tras esta acción audaz, la huella de Estados Unidos se ve como un factor elemental, no solo en la inteligencia compartida, sino en la presión geopolítica que apresuró el desenlace.
La intervención estadounidense fue evidente, aunque discreta. La Casa Blanca admitió haber suministrado datos de inteligencia cruciales para la operación, aseguran, sin pisar suelo mexicano. Bajo la administración Trump, que ha endurecido su postura contra el narcotráfico, este apoyo incluyó información detallada sobre los movimientos del CJNG, lo que permitió ubicar a Oseguera con precisión. La DEA, por su parte, había aumentado la recompensa por su captura a 15 millones de dólares, reconociéndolo como el principal proveedor de fentanilo que alimenta la epidemia de opioides en EE.UU., causante de decenas de miles de muertes al año.
Esta colaboración forma parte de una estrategia binacional más amplia. Autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, insistieron en que el operativo fue enteramente nacional, pero enriquecido con inteligencia complementaria de Washington. Trump no tardó en celebrar el resultado como un “gran paso adelante” para ambos países, destacando cómo su gobierno ha impulsado a México a actuar con mayor determinación contra los cárteles.
Las amenazas previas de intervenciones unilaterales, como el uso de drones, han acelerado esta coordinación. Así, se preserva una soberanía aparente: México ejecuta las acciones, mientras EE.UU. aporta vigilancia satelital y análisis de redes. El CJNG, bajo el mando de Oseguera, había expandido sus tentáculos a más de 40 países, dominando rutas de drogas sintéticas hacia Norteamérica. Su caída podría desintegrar la organización, pero también desatar olas de violencia por el vacío de poder, como las reacciones vistas en Guadalajara y Puerto Vallarta.
En este contexto, surge una pregunta sobre un elemento reciente: el aterrizaje de un avión militar estadounidense, un Lockheed Martin C-130J Super Hércules, en el Aeropuerto Internacional de Toluca a mediados de enero de 2026. Fuentes oficiales mexicanas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, aclararon que se trató de un vuelo autorizado para actividades de capacitación bilateral, con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a bordo, regresando de un entrenamiento en EE.UU. No se reportaron tropas extranjeras ni operaciones extraordinarias. Aunque algunos observadores especularon sobre una posible conexión con preparativos antinarcóticos, no hay datos confirmados que lo vinculen directamente al operativo contra El Mencho, ocurrido un mes después. La versión oficial es que ese vuelo fue parte de la cooperación rutinaria en seguridad, pactada desde octubre anterior y aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad, sin requerir aval del Senado.
El Departamento de Estado de EE.UU. emitió alertas para sus ciudadanos en México tras el suceso, subrayando los riesgos persistentes. Sin embargo, este episodio nos invita a una reflexión profunda: ¿representa esta alianza un triunfo mutuo o una dependencia que socava la autonomía mexicana? Mientras Washington aplaude la eliminación de un enemigo común, México debe examinar si el respaldo externo toca las raíces del problema —como la corrupción y la desigualdad—, o solo desplaza la amenaza. En un mundo donde el crimen trasciende fronteras, la seguridad genuina debería surgir de reformas internas sólidas, no solo de la caída de capos, para evitar que nuevas sombras reemplacen las antiguas.
