La Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), y las organizaciones Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa presentaron una propuesta de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley de Contrataciones).
La propuesta de Ley de Contrataciones fue enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión.
“Esta discusión es de especial relevancia considerando que durante 2020, los gobiernos federal y de las entidades federativas podrían gastar más de 2 billones de pesos para la contratación de bienes y servicios, mismos que pueden contribuir a la recuperación económica y permitir la reactivación de empresas y negocios que ofrezcan las mejores condiciones de compra al Estado”, dijo Cofece.
“Hoy más que nunca el gasto público puede beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 68% por ciento del empleo en el país, construyendo así una economía más incluyente”, agregó.
Para que las contrataciones realmente funcionen como un motor de recuperación económica es urgente renovar el marco normativo que las rige. Para ello, la propuesta de Ley de Contrataciones plantea seis puntos centrales:
- Desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas
- Establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés.
- Fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas.
- Introducir mecanismos para aumentar la competencia por los contratos.
- Tener controles para las “contrataciones de gran magnitud” y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas.
- Mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos.