La Ciudad de México tiene nuevo nombre, tendrá su primer Congreso Constituyente e inaugura la menos dos tipos de debates: la integración del mismo y la relevancia del conjunto de la reforma constitucional ante los problemas irresueltos de la gran capital.
De un lado, la iniciativa empujada por el Miguel Ángel Mancera se integrará al legado de su administración tras resolver el conjunto de acuerdos y secretos entramados previos a la decisión del Congreso, indispensables para la decisión.
Destaca la probabilidad de integrar en el seno de las delegaciones la diversidad representativa ausente hasta la fecha en los gobiernos de las mismas.
En la determinación acordada de integrar el Constituyente de la formalmente naciente Ciudad de México con una alta proporción de legisladores designados, en contraste con la probabilidad de permitir una representatividad directa desde el voto popular, el proceso queda marcado por la relevancia del límite del acuerdo mismo.
El nuevo Constituyente será tan independiente de los actores del acuerdo como lo es la misma proporción de acuerdo cupular y espacio relativo dejado al electorado: 40 legisladores designados y 60 electos.
La proporción está asociada a la capacidad concedida, a un número semejante a 40, de vetar las decisiones de la mayoría electa.
Evidentemente, nadie asegura que los 40, provenientes de las tres principales fuerzas políticas, se conduzcan con la misma agenda, como lo proyecta Morena, la principal fuerza crítica del acuerdo la cual, por decisión popular es por ahora, la fuerza mayoritaria de la Ciudad de México.
Una fuerza que fue acotada por un acuerdo al interior de la ALDF que pareciera validar anticipadamente la crítica de Morena, precisamente, a la probabilidad de que 40 puedan vetar la fuerza y legitimidad de 60.
De otro lado están problemas que son más reales, cercanos, para el resto de los capitalinos.
Entre ellos destaca el tema de la movilidad.
Sorprende a muchos de nosotros la escasa presencia que tiene en los medios de difusión convencionales la crisis de tráfico cotidiana intensificada por la liberación de todos los autos para que circulen libremente con menor restricción desde el año pasado como consecuencia del ajuste al programa Hoy No Circula.
La Ciudad de México debería estar en capacidad, como conglomerado de personas más informadas, politizadas y proactivas de exigir la constitución, sí, pero de soluciones a problemas que impactan en la economía del país, en el bienestar de los citadinos y en el humor y el ánimo político de muchos que no están conformes ni con la falta de resolución del tema y que guardan sus armas electorales para decidir también a partir de su sentimiento adverso al nuevo reglamento de tránsito que excluye la solución del problema de tráfico.
Deberíamos constituir la vialidad, la movilidad y el equilibrio de un reglamento de acuerdo a la calidad de los mismos y de la superficie total de rodamiento de la ciudad. Esa Constitución está pendiente.
