La Suprema Corte de Justicia declaró, por una estrecha mayoría de 6 a 5, que es constitucional la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para saber si se enjuicia a cinco expresidentes. Pero al mismo tiempo le enmendaron la pregunta que propuso, porque era tendenciosa, tenia juicios de valor y violaba el principio de la presunción de inocencia.
Temprano, el Presidente aseguró que era un día importante y deslizó: “lamentable sería” si la Corte frenara la consulta. Y atajó, “hay que hacer valer la democracia, el poder del pueblo”.
Sus palabras impactaron de dos formas. La primera, movilizó a unas 50 personas a las afueras del edificio de la Corte, vacía de ministros porque sesionan online, que pedían consideraran los “sentimientos de los mexicanos”.
Lo segundo, de forma inusual el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tomó la palabra en primer lugar y apuntaló la defensa de la consulta pidiendo “confiar en la ciudadanía” y en las instituciones. Y aseveró: “Esta Suprema Corte tiene hoy la oportunidad histórica de actuar como un auténtico tribunal constitucional para darle un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular, reconociendo que puede funcionar como un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad… Si tenemos éxito, habremos inaugurado una nueva etapa de nuestra vida democrática”.
El amago se hizo horas antes de que se discutiera en el Pleno de la Corte. “¿Cuál es la violación?, además lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Público, y los jueces y el derecho a la defensa, pero decir: ‘es inconstitucional, no procede’. Pues no va a estar bien”, soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia ‘mañanera’ de este jueves sobre la constitucionalidad de su propuesta para consultar si enjuiciar o a sus cinco antecesores.
Poco más de dos horas después los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal abrieron la discusión sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien advirtió que la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador contravenía el respeto a los derechos humanos, por tanto, debía considerarse como inconstitucional.
Generalmente el ministro presidente Arturo Zaldívar da su opinión al último de las discusiones, pero esta vez, como muy pocas, habló antes, y no sólo eso, creció la pantalla de la transmisión online, fue el único que pudo hacerlo al hablar.
Así el debate lo inició el ministro Zaldívar, y lo hizo, primero, desde una visión política: “Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política”.
Advirtió luego que su posición era contra del proyecto, al considerar que la labor del alto tribunal iba más allá de una función jurisdiccional, y debía defender la consulta popular como un instrumento de democracia, y de naturaleza política.
Una línea similar siguieron las ministras Margarita Ríos y Yasmín Esquivel, ambas designadas por el presidente López Obrador. El argumento que logró la mayoría fue la materia de la consulta era constitucional, pero que habría que reformular la pregunta planteada en la propuesta del titular del Ejecutivo federal, a la que se sumaron las dos ministras y detallaron los ministros Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González y Alberto Pérez, quien consideró que era una consulta “ociosa e innecesaria”.
Fue un atrancado debate que se prolongó por más de dos horas y media, y que se vio reflejado en la cerrada votación: seis votos a favor de declarar como constitucional la consulta sugerida por el presidente López Obrador para saber si juzgar o no a exmandatarios; contra cinco votos de los ministros que se opusieron vehementemente, incluyendo al ministro ponente del proyecto, quienes reiteraron que la sustancia del debate no era el determinar si estaba en juego la participación democrática de la sociedad.
“La Justicia no se consulta, los jueces no son nombrados para ganar popularidad”, refutó el ministro Javier Laynez, al asegurar que, si la consulta no implicaba efectos vinculatorios, podría consultarse cualquier cosa; en tanto la ministra Norma Lucia Piña dejó en claro que su postura no estaba a sometimiento externa a su mandato, y subrayó: “Mi responsabilidad como ministra es no ceder a más presiones que las que provienen exclusivamente del cumplimiento de mi mandato como jueza constitucional”.
Los ministros José Fernando Franco, Jorge Mario Pardo, y Luis María Aguilar, como ponente, completaron la postura de oposición a la consulta popular, cuya pregunta terminó siendo reformulada, aún en contra de tres de ellos:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
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