La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 22.9 millones de pesos a la minera Buenavista del Cobre por 55 irregularidades que presentaba el inmueble y que fueron detectadas después del derrame de sulfato de cobre que contaminó al río Sonora y afectó a siete municipios de la entidad.
Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, precisó que las multas tras precisar que dichas sanciones son el resultado de las irregularidades en que incurrió esa compañía, algunas de las cuales están asociadas al siniestro causado en agosto del año pasado.
Las multas por las fallas dentro de la mina, propiedad de Grupo México son:
- 7 millones de pesos por el derrame de sulfato de cobre acidulada, relacionada;
- 4 millones de pesos por daños a la atmósfera;
- 596 mil 551 pesos por residuos peligrosos;
- 11.2 millones de pesos en materia de impacto ambiental.
En total, la empresa deberá pagar 22.9 millones pesos por las 55 irregularidades que ya fueron subsanadas por la empresa dueña de la mina por no existir ya un riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico en la zona. Ante esto, la PROFEPA ordenó el levantamiento inmediato de las dos clausuras parciales temporales impuestas a esas instalaciones.
Estas multas son independientes de los dos mil millones de pesos que Grupo México entregó al gobierno federal para la creación del Fideicomiso Río Sonora, del cual se entregaron alrededor de 800 millones de pesos a la población de los siete municipios ribereños y cuyos pobladores fueron afectados por el derrame.
El resto de los recursos se utilizarán para la remediación de los cinco polígonos que han delimitado las autoridades ambientales. En una primera etapa se atenderán poco más de 28 mil metros cuadrados para remover dos mil 818 metros cúbicos de tierra contaminada.
Haro Bélchez informó que el área a remediar tras el derrame de cobre acidulado es en una primera etapa de 28,183 m2, distribuida en 14 polígonos de trabajo, mientras que el volumen de suelos a remover, suma los 2,818 m3.
El procurador aseguró que la dependencia a su cargo continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones.
Además que coadyuvará con la Procuraduría General de República (PGR) en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente en contra de quien resulte responsable por el derrame de los ácidos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi y quien podría enfrentar hasta nueve años de cárcel.