Por mayoría de nueve votos a favor y dos en contra por parte de los ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un plazo de ocho meses a fin de garantizar un “reajuste paulatino y ordenado” del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Lo anterior implica que las dependencias involucradas en la desincorporación del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que el martes se declaró la invalidez de dicha transferencia, tendrán hasta el 1 de enero de 2024 para que surta efectos dicha resolución.
En ese plazo, aseguró el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, “se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen”, considerando su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.
“Las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada”, sostuvo el ministro.
Sobre la resolución del Alto Tribunal en la que se declaró la invalidez del traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López
reiteró sus descalificaciones contra los ministros a quienes señaló de conservadores y politiqueros.
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A los ministros “no les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente, entonces usan de pretexto, de excusa tecnicismos y argumentos legaloides; pero, además, sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente”, insistió el mandatario.
Tras determinar el plazo para afianzar el control de la SSPC que encabeza Rosa Icela Rodríguez sobre la Guardia Nacional, la cual aseguró el presidente López Obrador se va a seguir protegiendo en su gobierno, el Pleno del máximo tribunal del país inició con el análisis de las impugnaciones a la Ley de la Guardia Nacional, promovidas por la CNDH a través de la acción de inconstitucionalidad 62/2019.
Bajo la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, la mayoría de los ministros determinó por mayoría, en el primero de los asuntos a discutir, que el Congreso no recayó en omisiones legislativas “de ejercicio obligatorio”, toda vez que en la legislación sí establece la regulación en los casos donde estados y municipios solicitan el apoyo y colaboración de elementos de la Guardia Nacional para colaborar en labores de seguridad pública de competencia local.
Dentro de la misma acción de inconstitucionalidad, cuyo análisis y resolución continuará en la próxima sesión de la SCJN, el proyecto también contempla la derogación de diversos artículos de dicha ley, entre los cuales se facultaba a los efectivos de la Guardia Nacional para vigilar estaciones migratorias, así como llevar a cabo operaciones de geolocalización y operaciones encubiertas como parte de la investigación de algún delito. Esto es anticipado en el proyecto del ministro Laynez como una atribución desproporcionada.
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Transferencia de GN a Secretaría de Defensa, inconstitucional: SCJN