En días recientes fue ampliamente difundida la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, a Colombia, Ecuador y Perú —del 8 al 10 de septiembre—, cuyo fin lo podemos considerar netamente geopolítico. La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 afirma que Estados Unidos aplicará el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. En dicho documento se da relevancia a la región para restaurar la preeminencia estadounidense y asegurar el acceso a zonas geográficas claves, así como negar a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas “amenazantes” y controlar activos vitales. Se afirma que dichas prioridades son congruentes con la seguridad de Estados Unidos.
La estrategia busca reclutar amigos y expandirse hacia nuevas alianzas. Desde esta óptica, la agenda estadounidense está constituida por temas de especial relevancia como narcotráfico, seguridad, comercio, minerales críticos, cooperación militar y la creciente presencia china en la región. Esta visita se realizó en un marco de reacomodo político en América Latina, en el cual Colombia, Ecuador y Perú desean fortalecer sus vínculos con Washington, en tanto que China fortalece su presencia, especialmente en Ecuador y Perú.
Como fue ampliamente difundido, en marzo pasado se constituyó el Escudo de las Américas en Miami, como una iniciativa de seguridad y cooperación regional integrada por quince países, contando las incorporaciones de Colombia y Perú con sus nuevos gobiernos. La exclusión de México y Brasil (junto con Venezuela y la Colombia de Gustavo Petro en ese momento) respondió principalmente a diferencias en afinidades ideológicas y políticas con Estados Unidos, así como a posturas distantes en seguridad y rechazo a la actitud hostil estadounidense hacia China.
La ausencia de México y Brasil —dos de las principales potencias de la región, gobernados por la izquierda— reafirma la estrategia del presidente estadounidense para priorizar afinidades ideológicas y de confianza. La presencia de Rubio tiene, además, un significado especial para Colombia y Perú, donde las victorias de Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori desplazaron a gobiernos de diferentes signos políticos —la llamada izquierda o progresista—, para integrarse al ajedrez de la derecha hoy prevaleciente en la región.
En este escenario, Estados Unidos construye una red de gobiernos que comparten una visión dura para combatir el narcotráfico, aunque en distintos grados. A diferencia del pasado reciente, Trump no busca hoy solamente alcanzar acuerdos técnicos militares, policiacos y en agencias antidrogas, sino constituir una coalición política que permita una mayor presencia y participación estadounidense operativa en la seguridad hemisférica. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos, ya que una mayor presencia militar estadounidense y operaciones conjuntas generan intensos debates sobre soberanía y derechos humanos.
Por otra parte, la presencia china en la región ha aumentado en las últimas décadas en función del comercio, las inversiones y la diplomacia. Ante este avance, Washington busca neutralizar la influencia de Pekín sobre activos estratégicos como puertos, telecomunicaciones, energía e infraestructura digital, además de asegurar recursos clave y cadenas de suministro como el acceso preferencial a minerales críticos. Así, la estrategia requiere recuperar la centralidad regional frente a la competencia global.
En sí, la reciente visita de Rubio a Sudamérica es una clara muestra de la contraofensiva de Washington para recuperar influencia y desplazar a competidores extrarregionales. Por esta razón, la Casa Blanca prioriza la obtención de resultados inmediatos en seguridad operativa, apoyándose en aliados fiables para el combate al narcotráfico y el control migratorio. Bajo esta premisa, el éxito de la estrategia radica, desde la óptica estadounidense, en la consolidación de un bloque regional contundente. En última instancia, Estados Unidos busca restablecer una influencia dominante y exclusiva en su entorno inmediato, un factor que considera esencial para su seguridad nacional.