La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda deberá entregar una versión pública de las operaciones que reportan las entidades financieras y la contratación del malware “Pegasus”.
Así lo ordenó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desechar los recursos de revisión 26/2021 y 27/2021 que promovió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitidas en noviembre de 2021, en las cuales ordenó entregar una versión pública de los contratos del software con el que se habría espiado a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos.
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Con mayoría de nueve votos a favor, y los votos en contra de las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, el máximo tribunal declaró como infundados los argumentos de la Consejería Jurídica en el sentido de que dar a conocer dicha información implicaba una amenaza a la seguridad nacional.
No hay riesgo a la “seguridad nacional”
“La autoridad recurrente (consejería Jurídica) no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable del perjuicio significativo a la seguridad nacional. Lo que constituye el primer requisito de la prueba de daño que debe superarse con la reserva de la información”, señaló en su intervención el ministro Juan Luis González Alcantára.
De acuerdo con el proyecto de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, la reserva de información resulta infundada debido a que la entrega de una versión pública sobre los reportes de operaciones de las entidades financieras y los avisos de quienes realizan actividades vulnerables que ordenó el INAI hace referencia a la información que el propio extitular de la UIF hizo pública en julio de 2021.
En la conferencia mañanera del 21 de julio de 2021, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que dependencias del gobierno federal, incluyendo a la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, habrían celebrado contratos para la adquisición del malware Pegasus durante el periodo de 2012 a 2018.
“Entre las empresas beneficiadas (con contratos) se encuentra el Grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos, más de 910 millones de pesos; el GrupoTech
Bull, con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del
malaware
Pegasus y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera”, informó Nieto Castillo.
En ese sentido, el extitular de la UIF refirió que entre las dependencias de gobierno vinculadas en la adquisición de “Pegasus” a tráves de dichas empresas destacaba la PGR, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el del Estado de México y Veracruz, en la época de Javier Duarte, así como Banobras, inclusive con contrataciones con estos grupos.
En ese sentido, la mayoría de los integrantes del Pleno de la SCJN consideró que a partir de la información revelada por la propia autoridad sobre este caso “paradigmático” de Pegasus, el interés público sobre el uso de recursos públicos que vulneraron los derechos humanos de las personas resulta mayor respecto al riesgo de una supuesta vulneración a la seguridad nacional por su divulgación. JND
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