La Asociación Comercial de la Industria de Armas de fuego (NSSF, por sus siglas en inglés) respondió a la inédita demanda civil que este miércoles presentó el gobierno de México en contra de más de una decena de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes acusó de “prácticas negligentes” que propician el tráfico de armas en favor de los cárteles y la violencia.
“El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras (…) La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, sentenció Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de la NSSF.
Personalizadas. En la demanda del gobierno mexicano se muestra una pistola decomisada a capos de la droga y que fuer elaborada de manera personalizada por las empresas de EU.
Sin embargo, la réplica ante las acusaciones que hoy formalizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Cancillería con la presentación de la demanda ante una corte federal en Boston, Massachusetts, donde se están asentadas las compañías, entre las que se incluyeron a Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta Holding SPA, Colt’s Manufacturing Company y Glock, entre otras, no se quedó ahí.
El representante de la industria armamentista incluso reviró la acusación de México al señalar que “en lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben llevar a los cárteles ante la justicia”.
La respuesta de la NSSF se dio a unas horas de que en conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la inédita demanda civil no contravenía con las libertades y derechos de las legislaciones de otros países, en este caso de Estados Unidos, y que se trataba de una “acción legal factible” que por dos años había trabajado la Cancillería “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”.
Acción inédita. La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas”.
La SRE también emitió una nota informativa en respuesta del posicionamiento de la NSSF en la que reiteró que la demanda es respetuosa a la legislación estadounidense, por lo que la reacción de los demandados y la industria quienes “tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde ante un juez” era de esperarse.
La Cancillería recalcó que la demanda no se presentó en contra del comercio sino en busca de un “comercio responsable”, en cuyo litigio probará que las empresas demandadas “incurren en prácticas ilícitas y negligentes”.
De acuerdo con el documento íntegro de la demanda, entre los argumentos que México acredita en su acusación señala a dichas empresas de actuar deliberadamente para diseñar, comercializar, distribuir y vender armas de la forma en que habitualmente se arman los cárteles de la droga en México.
Muestra de ello, sostiene la acusación, resulta el hecho de que la venta de armas en Estados Unidos aumentó en 69% los homicidios por arma de fuego en México y que entre el 70 y 90% de las armas que se recuperan tras enfrentamientos son provenientes del tráfico que proviene de ese país.
“La facilitación activa de los acusados (fabricantes) en el tráfico de armas hacia México, y su conducta imprudente e ilegal condujo a la violenta epidemia de armas en México y ha fortalecido los cárteles. Su conducta imprudente e ilegal de los acusados ha causado decenas de miles de muertes y ha costado miles de millones de dólares en daños, circunstancias que constituye un claro e inminente riesgo que asciende a un peligro habitual”, se indica en la demanda.
Las rutas. En su querella ante una corte de Boston, Massachusetts, el gobierno mexicano ilustró sus argumentos con un mapa publicado por el diario The Washington Post, en el que se muestran los principales puntos de venta de las empresas demandadas.