El robo de combustible ha atraído a grupos criminales que antes sólo se dedicaban a secuestros o al tráfico de drogas, pero que ahora, ante lo redituable de este ilícito, han ampliado su cartera. Y es que informes internos de Pemex consultados por ejecentral estiman que de una sola toma clandestina es posible sustraer 119.5 miles de barriles por año, que representa una ganancia para esos grupos superior a los 250 millones de pesos, por toma. En cambio, las pérdidas para la empresa productiva del Estado no sólo considera la sustracción del combustible o diesel, sino la reparación de la tubería y el posible daño ecológico provocado en la zona que se pagan a través de seguros cada vez más onerosos para Pemex; así como la detención del servicio de combustible y la pérdida del mercado. Este costo total nunca ha sido dado a conocer por la petrolera y de acuerdo con la información recabada por este semanario, alcanzaría los 40 mil millones de pesos. Pero al hacer el cruce de datos sobre los lugares en donde más ha crecido el robo de combustible, se observa que son los mismos en que se registra un incremento de violencia, el agravamiento del desdempleo y marginación, y un extenso cambio de uso de suelo, transformándose de terrenos ejidales a propiedad privada, y al mismo tiempo se van perdiendo tierras de cultivo, como ocurre en Veracruz y en menor medida en el resto de las entidades. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en los primeros siete meses de este año, en esas 10 entidades se desincorporaron 32 mil 961 hectáreas para uso pleno, es decir, cambió el uso de suelo y dejaron de ser terrenos ejidales, equivalentes a más del 18% de las 183 mil hectáreas que a nivel nacional dejaron de ser pertenencia social para convertirse en propiedad privada. En algunas de esas entidades la tasa desempleo se agravó en el segundo trimestre de este año, y en contraparte se incrementó la cifra de personas en la informalidad laboral. Tal es el caso, por ejemplo, del estado de México, con 270 mil 571 personas desocupadas y un 54.5% de su Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en la informalidad. Otros casos que reflejan el fenómeno de desocupación laboral son: Veracruz, con 115 mil 155 desempleados y el 68.8% de su PEA en el sector informal; Guanajuato, con 103 mil 358 personas en desocupación y 56.3% de la población en la informalidad; Jalisco con 96 mil 352 desempleados y 49.7% informales; Puebla con 94 mil 158 personas desocupadas y el 73.2% el mercado informal; e Hidalgo con el mayor porcentaje a nivel en la informalidad con el 73.5% de su población en esa condición.
›La violencia es otro de los fenómenos que han mermado el desarrollo social en esas 10 entidades, donde además de concentrar la mayoría de tomas clandestinas también registraron alarmantes incrementos en la incidencia de robos violentos, secuestros, extorsiones y homicidios dolosos. De enero a julio de este año en comparación con el mismo lapso de 2016, la cantidad de carpetas de investigación por hurtos con violencia se dispararon en ocho de los 10 estados, siendo Jalisco, Veracruz y Sinaloa los más significativos, con aumentos del 127, 112.8 y 89.3 por ciento, respectivamente.
En el mismo periodo, las víctimas de asesinato aumentaron en la decena de entidades, con incrementos como el de Veracruz que fue del 69.9%, 68.9% de más muertes violentas en Sinaloa, 52.7% aumentó en Querétaro, y 47.7% en Hidalgo. Respecto a la incidencia de secuestro, hubo 50.6 y 36.3 por ciento más víctimas en Veracruz y Tamaulipas; mientras que las extorsiones crecieron en 243.9% en Veracruz, en Tamaulipas aumentaron 94.3% las víctimas, y en el estado de México se acrecentó en un 40 por ciento.
La pobreza del huachicol
Hace cinco años en Puebla se denunciaban cincuenta tomas clandestinas para el robo de hidrocarburo, la cifra superó ya las 600. Y es precisamente esa entidad y Tamaulipas las que concentran el mayor número de tomas clandestinas descubiertas, en especial en dos municipios en los que, al mismo tiempo, han empeorado las condiciones de pobreza. En Altamira, Tamaulipas, donde se ubicaron 515 tomas ilícitas en 2015, según el reporte Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2016, elaborado por la consultora Etellekt con base en información de Pemex, el 47.6% de la población se encuentra en situación de pobreza moderada o extrema, de lo que 40.4% está en pobreza moderada y 7.2% en pobreza extrema. Sólo el 17.2% de la población, de 212 mil habitantes, se encuentra en una situación de no pobreza o de no vulnerabilidad de algún tipo. En relación con los indicadores de carencia social, el Coneval determinó que 57.1% de los habitantes de este municipio, es decir, 129 mil 390 personas carecen de acceso a seguridad social. En 2014, el 16.5% de los habitantes de Puebla, considerado el epicentro del robo de hidrocarburos, se encontraba trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos, según datos del INEGI y de la OCDE. En la región del llamado Triángulo Rojo en esa entidad, que comprende los municipios de Acajete, Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca, además de figurar como los de más ordeñas a ductos de Pemex, el 80% de su población vive en situación de pobreza. Los salarios de las actividades agrícolas, la principal ocupación en esta región, no pueden competir. En esa misma región, el Reporte sobre el Porcentaje de Población en Situación de Pobreza 2010 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), refiere que 58 mil 516 personas, equivalente a uno de cada cuatro pobres, enfrenta una situación de pobreza extrema, es decir que tienen tres o más carencias de las seis que mide el Coneval, además se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo, lo que significa que no pueden acceder la canasta básica de alimentos, bienes y servicios primordiales.
Golpe ambiental
En el aspecto de las repercusiones en el ámbito agrícola, una condición que está tomando fuerza y que a la fecha no se cuenta con un registro oficial o análisis de la situación actual es el del impacto ambiental y de salud pública que la derrama de combustible, derivada de la extracción ilegal, están causando en los terrenos de cultivos. Al respecto, el biólogo Jerónimo Chavarría Hernández, jefe de laboratorio de Cambio Climático y Ordenamiento Territorial en la Universidad Iberoamericana de Puebla, sostuvo que “una vez que abren o perforan los ductos hay un derrame que de cualquier índole, y aunque a lo mejor no es a gran escala sí son constantes. Entonces el daño va contaminando los suelos aledaños, que en muchos lugares de esta parte del Triángulo Rojo, los ductos pasan cerca o muy cerca de zonas de cultivo que son afectada severamente por esta derrama de hidrocarburos”. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de 2006 a 2012, Puebla fue el cuarto estado con el mayor número de derrames de petróleo a nivel nacional, con un total de 6.91 de billones de barriles de petróleo derramados. Se estima que 42% del total de las emergencias ambientales entre 1993 y 2002 estuvieron relacionadas con siniestros causados por escapes de hidrocarburos, toda vez que en el estado existen gasoductos que atraviesan más de 25 localidades, lo que las hace vulnerables a derrames o a algún tipo de explosión, señala parte de la investigación titulada las Afectaciones y Consecuencias de los Derrames de Hidrocarburos en suelos agrícolas de Acatzingo, Puebla, elaborada por el Centro Interdisciplinario de Posgrados de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. > A DECIR DE BARBOSA HUERTA, EL ROBO DE COMBUSTIBLE SE FORMÓ Y CRECIÓ CON EL SOLAPAMIENTO Y COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.
Se normaliza la criminalidad
El 31 de mayo de 1957, el entonces secretario de agricultura, Gilberto Flores Muñoz, declaró en una entrevista al periódico Excélsior que “cerca del 50% de los campesinos se quedaron sin ningún medio de vida”, se agudizo la expulsión de mano de obra, la dependencia de créditos oficiales, los costos de la cosecha resultaban desfavorables y generaron pueblos fantasmas en aquel entonces. Sesenta y dos años después de esa declaración que derivó en un cambio en las políticas públicas sobre la tenencia de la tierra y que dio paso a la transformación del campo mexicano, hoy por hoy, tal parece que una de las formas de salvación para todas esas comunidades es la ordeña a los ductos y poliductos de Pemex, aprovechando que casi nueve mil kilómetros de ductos transitan por propiedades ejidales o privadas, favoreciendo un nuevo fenómeno social que se vislumbra cuando una comunidad sale a defender la ilegalidad. A decir de los especialistas en el tema, se sociabilizó la impunidad. De acuerdo con investigadores de la Policía Federal, de las procuradurías General de la República y de estados como Puebla, Querétaro y Guanajuato, consultados, la complicidad o la tolerancia de una comunidad ocurre en la operación del robo de combustible, pues se benefician indirectamente de ello ante la debilidad de su propia economía. Los grupos criminales, coincidieron, han hecho uno de sus objetivos el apoyo social y la protección institucional. Por ello regalan parte del producto o lo ofrecen a los pobladores a muy bajo precio; también llevan a cabo tareas de apoyo, sea transporte o vigilancia, por lo que obtienen un sueldo de entre 12 o 15 mil pesos mensuales.
Los grupos delictivos utilizan la necesidad de la gente para escudarse en ellos, de alguna manera hacen uso de ellos y esto ha generado una problemática social. Pero el problema real es por la justicia social en el país que sigue siendo el problema más fuerte que no se ha atendido (…) Evidentemente si llega alguien a ofrecerte en un día lo que ganas en 15 días o en un mes, pues la situación de pobreza o de carencias económicas hace que la personas tomen el camino fácil”, señaló Waldo Fernández González, presiente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional Congreso de la Unión.
En entrevista con el diputado perredista, señaló que para atender dicha situación forzosamente habría que atenderlo “desde la perspectiva de la injusticia social que persiste y que a su vez tiene que ver con éste asunto, pero también con la situación de seguridad, jóvenes que migran a la delincuencia organizada o robos comunes, que acrecientan esta situación”. El robo de combustible “es una realidad y la descomposición social que provoca es la ‘normalización de la criminalidad’, cuando familias enteras o comunidades se involucran es cuando uno entiende ese concepto, porque todos se vuelven criminales (…) Es mucho más productivo para la gente dedicarse a este crimen que seguir cultivando sus tierras por eso hay que sancionar y castigar a los responsables y hay que reactivar la economía de las comunidades para que el campo vuelva a producir, y que la mucha gente que se dedica a esto pueda volver a tener actividades productivas”, advirtió el senador Miguel Barbosa Huerta.
›En entrevista, el legislador reconoció ser un testigo de cómo la mafia del huachicol ha mermado la producción agrícola en la región conocida como el Triángulo Rojo en Puebla, integrada por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Acajete. Al tiempo que las propias autoridades han sido omisas o son las mismas que fomentan esta actividad criminal.
Al lado norte de la autopista Puebla-Veracruz yo he observado que esas planicies hermosas y productivas hoy están abandonadas. Miles de hectáreas que producían hortalizas, alfalfa, hoy están sin producción. A las afueras de Amozoc, delante de mí pasó una camioneta con tambos de plástico transparentes transportando gasolina. Ni siquiera iban simulados con una lona, a la vista de todos, descarados, y pasamos junto a un vehículo de soldados. No hicieron nada”, acusó el legislador.
A decir de Barbosa Huerta, el robo de combustible se formó y creció con el solapamiento y complicidad de la autoridad municipal, estatal y federal. “Cuando tanto servidores públicos y funcionarios de Pemex están evidentemente involucrados, porque en el caso de Pemex, todo el mapa de ductos, los horarios donde se hacen los envíos de combustible necesariamente fueron obtenidos, al principio, con la complicidad de funcionarios de Pemex. Se requiere de una investigación para determinar cómo fue el involucramiento y quiénes fueron las personas involucradas”.
Los grupos criminales
Hasta ahora, el robo de combustible es considerado como un delito federal, porque se trataba de una institución que forma parte de la estructura de gobierno dueña de un bien estratégico. Sin embargo, los investigadores revelaron que en cuanto la conformación legal de Pemex se transforme hasta convertirse en una verdadera empresa productiva y otras compañías se e incorporen a la venta de combustible, la sustracción de este producto se convertirá en un robo que deberán atender las procuradurías de justicia de las entidades, a menos de que se trate de casos en que participan grupos del crimen organizado. Por ahora, el robo de combustible ha provocado o se ha acompañado de otros delitos cometidos en forma paralela, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Por ejemplo, en Puebla y Guanajuato, donde el número de tomas clandestinas ha ido creciendo desde 2014, y también lo ha hecho tanto la presencia como la disputa territorial de organizaciones criminales, subgrupos y pandillas. Según información de inteligencia del gabinete de seguridad, una de estas organizaciones es el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera, el cual mantiene operaciones en Guanajuato, los municipios colindantes con la zona del Bajío, en Jalisco, y la mitad de los aledaños a Michoacán y San Luis Potosí. De acuerdo con el cruce de información de la red de poliductos de Pemex con el mayor número tomas clandestinas en 2015, resultó la que corre de la refinería de Salamanca a Guadalajara, donde se reportaron mil 469 perforaciones entre Guanajuato y Jalisco. En el primer trimestre de 2016, de 290 tomas clandestinas detectadas en la entidad, al menos 60% ocurrieron en esa red, y es precisamente el territorio que domina el CJNG. En segundo lugar se ubica Tamaulipas, al presentar un incremento de 34% entre el 2014 y 2015 alcanzando las 926 tomas clandestinas. Aunque en el último año fue rebasado por Guanajuato, la entidad tamaulipeca continuó con el número más alto en el periodo del 2000 al 2015. Son dos municipios los que concentraron 81% de las tomas reportadas en 2015: Altamira, donde se ubica el llamado Bloque Altamira que produce crudo pesado y González, donde atraviesa el poliducto Madero-Cadereyta. En ambos municipios el cártel dominante es el del Golfo. El combustible que más extrae el Cártel del Golfo (CDG) en la entidad es el petróleo crudo y que es comercializado vía terrestre hacia Estados Unidos y vía marítima al vecino país del norte, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. A esta organización delictiva las autoridades le atribuyen 90% de las tomas clandestinas en Tamaulipas.
Hay mucha imprecisión con la aprobación de la ley federal para sancionar estos delitos y están en una nueva reforma para considerarlo delito grave, pero está atorada en el Senado. Dentro de la cadena de combustible hay muchos aspectos que necesitan ser revisados para sancionarlos. Por ejemplo, la comercialización, almacenamiento, transportación del combustible robado, varias cuestiones que quizá se puedan tipificar a nivel de legislación local, pero hasta la fecha no hay ninguna iniciativa en ese sentido en ningún estado”, acusó Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.
Para el diputado Waldo Fernández, se trata de un problema transversal en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a actuar sin distingos de competencia. Por lo cual reveló que la comisión bicameral que preside, alista una iniciativa de ley para que el tipo delictivo sea el adecuado, que le permita a la PGR mejores condiciones para inhibir el delito y generar sanciones mayores, lo que no significa el incremento de pena sino la atención de la complejidad del delito.
La participación estatal y municipal es un problema que hemos venido arrastrando. La presencia de un ilícito la tiene la tiene que atender la autoridad que esté presente, después si se determina un asunto federal, se remiten los detenidos a la Federación. El ámbito de competencia se ha confundido mucho, si hay presunción del delito o en flagrancia se toma conocimiento y remites a la autoridad correspondiente. Cuando argumentan lo de la competencia me parece que no quieren entrarle al asunto”, acusó.
El senador por el Partido del Trabajo (PT), Miguel Barbosa Huerta, reconoció que hay una laguna en cuanto a la determinación para que estos delitos no alcancen libertad bajo caución, lo cual refirió que se trata de un problema de “incompetencia” por parte de la autoridad investigadora para consolidar carpetas de investigación sólidas en contra de quienes han encontrado una forma de vida en el robo de los hidrocarburos y no tengan el beneficio de obtener su libertad.
Pérdidas y ganancias
En la primera reunión de trabajo del Grupo de Seguimiento Integral de Abatimiento al Mercado Ilícito de Combustibles, celebrada el 26 de enero de 2010, se ofrecía el primer diagnóstico real del costo del robo de combustible. En 2009, establece el documento se detectaron 439 tomas clandestinas en ductos de Pemex refinación, con un valor aproximadamente de 4.5 mil millones de pesos. Los costos y reparaciones para ese mismo año ascendieron a un billón 210 millones 749 mil 349 pesos, lo que representa aproximadamente dos millones 764 mil 268 pesos por toma clandestina. Actualmente, las cifras que Pemex difunde sólo considera la pérdida del combustible, como el caso de 2016, cuando tres mil tomas clandestinas dañaron a la empresa productiva del Estado en 30 mil millones de pesos. Para este año se estima que el costo ascenderá a 35 mil millones de pesos, esto equivaldría a alrededor de 4% del valor de la gasolina que se comercializa al año en el país. Sin embargo, esos montos no incluyen otros costos, los costos que implica reparar una toma, el cual oscila entre los 250 mil y dos millones de pesos, dependiendo el daño. También debe incluirse el tiempo que involucra su reparación, que es de aproximadamente 24 horas; mismo tiempo en que se interrumpe el suministro de hidrocarburos a diversos centros de consumo. En 2014, Pemex erogó para los trabajos de reparación 45.3 millones de pesos en mano de obra; las composturas costaron 360 millones; el pago por saneamiento de áreas afectadas por derrames fue de 230.9 millones de pesos, y la interrupción de bombeo y transporte costó mil 356 millones de pesos. Además, se deben considerar los gastos en seguros. El 4 de julio de este año, Mapfre ganó por segunda ocasión la licitación de la póliza de Pemex con una prima superior a los 546 millones de dólares, una póliza 29% más elevada que la de 2015, que ampara a la petrolera, subsidiarias, empresas del grupo PMI, brazo comercial de Pemex y filiales, en la cobertura de daño físico directo a todo bien o riesgo en tierra y mar, y la responsabilidad civil general derivada de sus operaciones. Esta es la segunda vez que gana la licitación, en el 2015 resultó ganador con una póliza de 423.3 millones de dólares, la cual en los últimos años se había adjudicado a Inbursa, aseguradora de Carlos Slim. ES DE INTERÉS | ¿Y la seguridad en la red de ductos?