José Antonio Aguilar Castillejos, quien ocupa el cargo de delegado de la Secretaría de Bienestar en Chiapas y es reconocido por su pertenencia al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), ha sido señalado por presuntamente destinar recursos públicos para la remodelación del acceso y los alrededores de su rancho familiar.
Una investigación reveló que en el municipio de Ixtapa, Chiapas, una región que ha carecido de atención por parte de la Secretaría de Obras Públicas e infraestructura, el mencionado funcionario gestionó una suma que asciende a los 21 millones 760,177 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para llevar a cabo estas obras en el lugar.
Curiosamente, los fondos asignados originalmente para obras de mejora en la carretera, el alumbrado público y las banquetas del municipio de Ixtapa, fueron desviados para la habilitación del acceso y el embellecimiento del rancho de propiedad familiar de José Antonio Aguilar Castillejos. Este hecho ha generado inquietud entre los ciudadanos, ya que estas mejoras solo se concentraron en el entorno de su propiedad, mientras que el resto del municipio sigue careciendo de estas mejoras tan necesarias.
Adicionalmente, la investigación ha revelado que el actual Fondo para Infraestructura Social (FAIS) fue utilizado para financiar estas obras de renovación en el rancho familiar, lo que ha generado controversia y dudas sobre la forma en que se utilizan los fondos públicos. El funcionario se ha desvinculado de cualquier responsabilidad respecto a la adquisición del rancho, argumentando que es una herencia familiar, y por lo tanto, no siente la necesidad de justificar su inversión en el mismo.
Cabe mencionar que durante el periodo gubernamental de la 4T, el rancho familiar ha sido objeto de diversas remodelaciones, pasando de un sencillo alambrado a convertirse en una muralla imponente, lo que ha llamado la atención y suscitado cuestionamientos entre los habitantes cercanos sobre cuánto presupuesto público ha sido destinado al mantenimiento y mejoramiento de la propiedad del funcionario.
Esta situación ha generado una oleada de críticas y demandas de transparencia hacia el delegado de Bienestar en Chiapas, ya que se considera un acto inaceptable el uso indebido de recursos públicos para beneficio personal y el descuido de las necesidades reales del municipio. Las autoridades competentes deberán tomar cartas en el asunto para garantizar la rendición de cuentas y evitar que este tipo de prácticas continúen afectando la confianza de la ciudadanía en sus representantes gubernamentales.