Denuncian resurgimiento de delito de difamación

11 de Junio de 2025

Denuncian resurgimiento de delito de difamación

El hecho de que se tipifique el delito de difamación crea “un efecto inhibidor sobre el trabajo de los medios”

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Salvo Jamaica, todos los países de América cuentan con leyes que tipifican como delito la difamación, lo que apunta a un “alarmante resurgimiento” de disposiciones que buscan represalias contra periodistas críticos, denunció el Comité de Protección de Periodistas (CPJ).

En un informe difundido este miércoles, el CPJ indicó que el hecho de que 32 de los 33 países de América tipifiquen el delito de difamación crea “un efecto inhibidor sobre el trabajo de los medios”, y representa un peligro para la libertad de expresión en el continente.

Carlos Lauría, director del CPJ para América, consideró que existe un consenso de que las disposiciones penales sobre la difamación violan las normas internacionales en materia de libertad de expresión.

Criticó, sin embargo, que “el continuo empleo de tales disposiciones ha impedido las incisivas investigaciones periodísticas que son necesarias para un robusto debate en una sociedad libre y abierta”.

Instrumentos internacionales y un conjunto creciente de opiniones jurídicas establecen con claridad que las disposiciones sobre la difamación pueden tener un efecto inhibidor sobre las expresiones al obstaculizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, según el CPJ.

La difamación, de acuerdo con el CPJ, puede definirse de manera general como el acto de dañar la reputación de otro haciendo una declaración falsa a un tercero, aunque su definición específica y su aplicación varían conforme a las leyes de cada país y, algunos casos, de cada estado.

Actualmente, el único país sin leyes penales de difamación es Jamaica, que recientemente reformó sus leyes penales a este efecto; tanto México como Estados Unidos carecen de leyes penales de difamación a nivel federal, aunque algunos de sus estados sí las contemplan.

El CPJ precisó que estas leyes han resultado en prisión en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

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