Disminuye 29% asesinato contra menores en México

GABRIELA RIVERA | @gAbS_07

En 2013, fallecieron mil 257 menores entre cero y 18 años por homicidio. De ese total, 790 eran adolescentes, que sigue siendo el grupo más vulnerable para este tipo de crímenes, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Durante la presentación del estudio La Infancia Cuenta en México 2014, Pérez señaló que la cifra significa una reducción de 29% en el número de homicidios entre los menores de edad a nivel nacional.

El informe señala que hace dos años la tasa de homicidios en de jóvenes entre 15 y 17 años era de 16.3%. Para el año siguiente, la cifra disminuyó a 11.3% homicidios ocurridos en un contexto de violencia, según las cifras más actualizadas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Sin embargo, la tasa el número de fallecimiento sigue siendo el doble que la que había en 2007, cuando el gobierno federal inició la guerra contra el crimen organizado y enfrentó a los grupos crimínales de manera frontal.

Para el director de la Redim existen tres posibles hipótesis sobre la disminución de las cifras: la primera es que el gobierno redujo los hechos de violencia entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, en donde los menores quedaban atrapados en el fuego cruzado.

La segunda es que la delincuencia migró del asesinato a la desaparición de adolescentes, lo que significa que estos jóvenes ahora trabajen para los grupos del crimen organizado, como sicarios, esclavos o prostitución.

Una última es que las comunidades aprendieron a proteger a los menores de edad y muchos de ellos envían a los jóvenes a otros pueblos o ciudades.

Pese a esto, la población adolescente sigue siendo el sector más vulnerable a los asesinatos, sobre todo en las entidades donde se ha recrudecido la violencia en los últimos años.

De acuerdo con el informe y las cifras del INEGI, en 10 entidades del país las tasas de homicidios en menores se mantienen por encima del promedio nacional, lo que es poco alentador para la infancia mexicana.

Guerrero, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y el Estado de México son los estados donde las tasas de homicidio siguen creciendo por encima del promedio nacional.

“Esto demuestra que el cambiante contexto de violencia armada y las tensiones entre organizaciones de delincuencia organizada, y de éstas con las fuerzas armadas del Estado, generan efectos negativos sobre la vida y el desarrollo de niñas y niños, lo que requiere una respuesta inmediata”, añade el estudio.

Aunado a los contextos de inseguridad y presencia del crimen organizado en estas entidades, la muerte violenta con armas de fuego persiste en este grupo de la población.

El informe de la Redim indica que en 2012, siete de cada 10 muertes en adolescentes se suscitaron con un arma de fuego. Pese a esto, no existe una base de datos con cifras sobre disponibilidad, posesión y uso de armas de fuego por parte de niños y adolescentes.

[su_heading size="25" margin="10"]ORGANISMOS INTERNACIONALES RECIBEN DENUNCIAS[/su_heading] A partir del incremento en las cifras desde hace seis años -cuando el gobierno de Felipe Calderón inició la lucha cobra el crimen organizado en todo el país- organismos internacionales ha recibido denuncias sobre desapariciones y muertes de menores en contextos de violencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió informes sobre desaparición de niños y adolescentes en el país, sin que existiera un registro exacto sobre el número de menores perdidos, lo que dificulta la implementación de programas de atención a víctimas.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe elaborado por las organizaciones sociales mexicanas en el que se documentaron dos mil casos de niños asesinados y mutilados. Así como un alto número de niños y niñas reclutados por la delincuencia organizada.

La situación en México llevó al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a emitir ciertas recomendaciones: como la recopilación de datos, investigación de todos los delitos contra menores, establecer mecanismos oficiales y marcos jurídicos pertinentes pertinentes, además de protocolos y reglamentos específicos para garantizar la integridad de la infancia.