El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) publicó de forma parcial tres de los cinco acuerdos de precompras por vacunas contra Covid-19 que el gobierno federal firmó con diferentes farmacéuticas durante el año pasado.
Las versiones públicas de estos contratos no contienen los anexos técnicos y están censurados en más de un tercio de su contenido, lo que impide conocer detalles específicos o las condiciones de cada uno de estos arreglos comerciales.
Instituciones especializadas en transparencia han señalado que esta es una práctica común de las farmacéuticas, que se ha incrementado en el contexto de la pandemia, especialmente porque les otorga un seguro en el que los gobiernos deben ceder si quieren contar con las vacunas contra Covid-19.
La decisión de mantener ocultos algunos detalles sobre los contratos de compra de vacunas contra Covid-19 entre la Secretaría de Salud (SSa) y tres farmacéuticas corresponde a una serie de cláusulas impuestas por estas empresas en las que se condiciona el cumplimiento del acuerdo a mantener estrictas medidas de confidencialidad, incluso una vez terminado el periodo pactado.
Tal es el caso del contrato de precompra firmado entre CanSino Biologics, LATAM Pharma Innovative Ventures y la SSa por 35 millones de dosis de la vacuna Convidecia, y en el que se especifica que las partes involucradas deberán cumplir un pacto de confidencialidad no sólo durante el tiempo del acuerdo, sino hasta diez años después de terminada la relación comercial.
El contrato de precompra establece una cláusula en la que se impone una multa de 50 mil dólares por cada dato que se haga público, y suma una compensación económica para resarcir los daños provocados por estas revelaciones; de hecho, del total de 20 páginas del acuerdo, nueve están totalmente censuradas y no se entregaron los anexos técnicos.
Además, las secciones relacionadas a las indemnizaciones por riesgo o datos específicos sobre el precio y pago de estas dosis se encuentran censuradas, por lo que sólo se menciona que los fondos para este fin deberán provenir del presupuesto federal de este año, o bien de una subcuenta del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) creada específicamente para este fin.
En cuanto al acuerdo de precompra con la sociedad Pfizer-BioNTech, esta última fijó la dirección comercial en Holanda a pesar del país de origen de estas compañías, una práctica que, según especialistas de la organización no gubernamental Poder, es muy común dentro de un esquema fiscal para evadir impuestos; además los puntos de fabricación para las dosis mexicanas se sitúan en Michigan, Bélgica y Alemania.
La precompra también incluye una cláusula anticorrupción, aunque reserva los apartados de privilegios o inmunidades, pruebas de calidad y el cronograma de entregas por considerarlo un asunto de confidencialidad empresarial. Este acuerdo es el que registra la mayor cantidad de páginas totalmente censuradas con 23 de 48, lo que representa el 47% del documento.
Finalmente, en el acuerdo de AstraZeneca resalta el hecho de que Fundación Slim no figura entre los representantes que firmaron para la compra de más de 77 millones de dosis de esta farmacéutica, que al igual que sus homólogas, reservó los anexos técnicos bajo cláusulas de confidencialidad. De 40 páginas, 13 están censuradas y 2 más se entregaron en blanco.