La próxima semana en Argentina se deberá decidir si los tres venezolanos y cuatro iraníes podrán dejar el país o si se inicia un proceso penal en su contra. Mientras, un equipo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos amplía, en el territorio sudamericano, sus investigaciones sobre el Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, retenido desde junio en el aeropuerto de Ezeiza.
Los funcionarios estadounidenses deberán decidir qué harán con la aeronave, si decretan que se venda, se traslade a su país, se procese como basura o sea liberado, y con ello devuelto a Venezuela. Esto porque la incautación de la aeronave fue a solicitud de la Unión Americana, y está por resolverse, al existir una alerta por tres empresas de Irán y Venezuela, en el primer caso por terrorismo y el segundo por sus posibles actividades ligadas a la corrupción e incluso narcotráfico del régimen venezolano.
Pero no es lo único que ocurre con ese Boeing, las agencias estadounidenses, especialmente el FBI (que ya antes estuvo en Argentina), están trabajando con funcionarios paraguayos, para descubrir los movimientos de la aeronave y la tripulación, porque permaneció tres días en mayo y se sabe que llevaba cigarrillos ilegales, lo que representa una millonaria industria .
A México se le ha requerido información, pero no ha aportado datos sobre los vuelos que llevó a cabo a nuestro territorio, los nombres de pasajeros y carga que portaba.
El Boeing, de fabricación estadounidense fue readaptado como avión de carga, y volaba entre Irán, Rusia, México, Paraguay y Argentina. Esto lo hacía con bandera venezolana, porque supuestamente fue adquirido por Emtrasur (subsidiaria de CONVIASA) el gobierno de Nicolás Maduro a la empresa iraní Maham Air, por 8 millones de dólares, pero su condición física no justifica ese supuesto pago.
Aunque la retención del vuelo en Buenos Aires fue bajo la posible relación de los tripulantes iraníes con grupos terroristas, hasta el momento en el país sudamericano no se ha encontrado pruebas. Para los estadounidenses la historia aún no ha terminado, aunque tampoco han mostrado por ahora su interés por pedir la extradición de los tripulantes, las pesquisas se enfocan a identificar posibles operaciones para financiar el terrorismo con el apoyo de Venezuela.
El avión supuestamente fue adquirido por Emtrasur (subsidiaria de CONVIASA) el gobierno de Nicolás Maduro a la empresa iraní Maham Air.