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María Idalia Gómez

Al interior de la Secretaría de la Defensa se inició la “revisión” de cada uno de los hechos que menciona la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el extitular de la dependencia, el general Salvador Cienfuegos.

Al consultar a distintas fuentes dentro del gobierno federal, coincidieron en que aún no se trata de una investigación oficial, sino la revisión por parte de la Sección Segunda, para “verificar su autenticidad” y, en su caso, determinar si existe algún hecho de corrupción que deba ser sancionado. Del resultado se informará al Presidente.

El Código de Justicia Militar plantea, en su artículo 275 Bis, que plantea el delito de “traición a las Fuerzas Armadas” y en que plantea que “al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de treinta a sesenta años y baja de la Fuerza Armada”. Por lo que de confirmarse que Cienfuegos protegió los cárteles de las drogas y hasta conocer la vinculación de otros funcionarios corruptos, podría ser dado de baja del Ejército.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no hay una investigación contra el exsecretario, pero cambió su versión en torno a dar de baja a los colaboradores del general Cienfuegos, como lo aseveró el viernes pasado. Ahora dijo que todos esos militares ya están jubilados que su gobierno va a “esperar el resultado de la investigación” en el país del norte.

“Entonces, por eso puedo pedir, de acuerdo a los procedimientos legales, que nos envíen la información sobre este caso para saber quiénes están involucrados.

“No podríamos permitir de que se juzgue a nadie si no hay pruebas, sólo por razones políticas o de otra índole, eso no lo permitimos aquí ni lo permitimos en el extranjero, tratándose de un mexicano”, sostuvo el Presidente.

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