Al menos ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están en la lista de 20 exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) pretende acusar penalmente de lo que el presidente de la República señaló como la “privatización de los reclusorios” federales.
Los servidores públicos señalados como presuntos responsables de los ocho contratos de prestación de servicios en el mismo número de penales, tendrán que comparecer ante un juez federal en una audiencia inicial programada para las 10 de la mañana del próximo 23 de junio, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la que los agentes del Ministerio Público acusarán formalmente a los exservidores, entre quienes figuran funcionarios que se están o se mantenían en funciones en esta administración.
Con base en una revisión de sus declaraciones patrimoniales en el portal de DeclaraNet, entre estos funcionarios se encuentran Raúl Gerardo Lemus Soto, quien figura como actual director de apoyo operativo del Servicio de Protección Federal; Antonio Molina Díaz, director general de control y verificación migratoria en el Instituto Nacional de Migración; Jannet Miriam Martínez Sánchez, quien desde abril de 2020 se desempeña como directora de control y seguimiento de adquisiciones de la Secretaría de Gobernación; así como Saúl Castro Castro, actual especialista técnico, encargado del área de quejas y denuncias en la Unidad de Responsabilidades de Pemex Corporativo.
El dato. La FGR tiene en la mira a al menos 20 personas por lo que AMLO llamó la “privatización de los reclusorios” en el país.
Como probables responsables de los contratos que buscan ser cancelados por el gobierno de López Obrador debido al cuantioso daño al erario que sigue generando su vigencia, también figuran exfuncionarios que en su mayoría habrían dejado sus cargos a mediados de 2019.
Tal es el caso del general brigadier Martínez Castuera Arroyo, encargado de despacho del OADPRS y se ubicó entre los posibles sucesores de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Alma Delia Sánchez Ocampo, exencargada de las contrataciones públicas de la Segob; María Lidia Alcantar Vargas, exsubgerente de auditorías en Banobras, y Javier Haro de Alva quien hasta junio de 2019 era director general de administración en el Servicio de Protección Federal, todo ellos tendrán que acudir a la diligencia derivada de la causa penal 45/2021.
El listado de exfuncionarios del OADPRS, adscritos a la extinta Secretaría de Seguridad Pública, así como a la Secretaría de Gobernación durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto que tendrán que acudir a la audiencia inicial, también se encuentran los funcionarios que desde enero fueron señalados por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez como los responsables de estos contratos.
Entre quienes se encuentran Arturo Sosa Viderique, entonces director general de Administración de la Excoordinación General de Centros Federales; Marco Antonio Villareal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia; y Gonzalo Villareal Guerra, coordinador General de Centros Federales.
Los 20 funcionarios investigados por la FGR los completan Sergio Montaño Fernández, exoficial mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal; Paulo Uribe Arriaga, extitular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y quien antes se desempeñó como coordinador general de planeación financiera durante la gubernatura de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo.
Miguel Vital Hernández, exdirector general adjunto de los Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria, a cargo de administrar los contratos de prestaciones de servicios y único de asociaciones público privadas en la Secretaría de Gobernación de octubre de 2014 a diciembre de 2018, también bajo la gestión de Osorio Chong como titular de la Segob.
Oscar Moreno Villatoro, quien fue director general de administración del OADPRS; también se encuentra Celina Oseguera Parra, excoordinadora general de Centros Federales quien desde marzo pasado fue absuelta de responsabilidad de la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Así como el general Salvador Camacho Aguirre, extitular de la División de Fuerzas Federales de la desaparecida Policía Federal, señalado de haber estado al mando en los hechos de violencia en Nochixtlán, así como en Apatzingán, y Tanhuato.
Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, exdirector general adjunto en el OADPRS, encargado de coordinar los contratos de prestación de servicios; Antonio Corona Rodríguez, excoordinador general en el OADPRS; y José Ariel Morales López, directivo del mismo órgano quien aún en 2020 estuvo a cargo de firmar contratos para el organismo penitenciario federal conforman la lista.