En México persisten desafíos por la debilidad institucional que hay, principalmente a nivel municipal y estatal. En los 32 estados de la República es urgente avanzar en alianzas y políticas públicas que fortalezcan a las instituciones, y se garantice el respeto a las leyes. El cambio no es posible sin la trabajo y compromiso conjunto entre gobierno y sociedad.
Ese fue el diagnóstico con el que Alejandro Ponce, jefe de investigación del World Justice Project (WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, el cual se basó en puntajes por cada entidad, agrupados en 8 factores principales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; así como la encuesta de 25 mil 600 ciudadanos, y 2 mil 600 expertos de todo el país, entre otras fuentes de información.
Los puntajes de esta nueva edición reflejan que el índice de Estado de Derecho aumentó en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), cayó en 11 (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y en los seis restantes no hubo cambios al compararlos con los resultados de 2018 (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).
Tal y como este jueves ejecentral publicó en su edición impresa, el WJP, una organización independiente y multidisciplinaria que busca contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho a nivel mundial, uno de los indicadores más preocupantes resultó el número 5 que tiene que ver con orden y seguridad, en el que 19 de los 32 estados bajaron su puntaje como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, de la incidencia delictiva y de la percepción de inseguridad de los mexicanos.
“En este índice, al igual que en la edición pasada, hay problemas persistentes en temas como corrupción, seguridad y justicia; una noticia buena es el fortalecimiento de los contrapesos que limitan el poder de los gobernadores en la mayoría de los estados. Ese indicador que es el factor uno (límites al poder gubernamental) subió en 26 estados. Eso se dio principalmente por los cambios en Congresos, o sea, la gente percibe que cuando hay Congresos de oposición estos sirven para limitar el poder de los gobernadores y fomentar su rendición de cuentas”, destacó Mario Rodríguez, investigador del World Justice Project.
En entrevista con este periódico tras la presentación del Índice de Estado de Derecho en el Museo de Memoria y Tolerancia de la ciudad de México, Mario Rodríguez sostuvo que bajo la premisa de que “no todos (los estados) son perfectos en todos los rubros”, el llamado para los gobiernos locales y los tomadores de decisiones es que tomen el índice como una herramienta para evaluar y monitorear la implementación de políticas públicas, basándose en los casos mejor evaluados.
Rodríguez reveló que para el levantamiento de las encuestas para esta edición a diferencia del índice de 2018 las empresas encuestadoras registraron más incidentes relacionados con la inseguridad. Pero no quiso detallar algún caso especifico al respecto al señalar que, “no recuerdo bien en cuáles estados sucedieron los incidentes-, pero sí fueron en varios”.
Y añadió, “tenemos bastante confianza en nuestro estudio, pero sí nos encontramos con situaciones de inseguridad en el levantamiento que se hizo gracias a las compañías encuestadoras que contratamos para que nos ayudaran a encuestar a 800 personas en cada estado para que los datos quedarán lo más robustos y precisos a pesar de estos obstáculos de inseguridad”.
En su edición 187, ejecentral adelantó los hallazgos del Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 en el que se da cuenta del hecho de que seis de los 11 estados donde la adhesión a un Estado de Derecho fue la más débil y disminuyó fue en entidades gobernadas por abanderados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Se trata de Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, y Tabasco.
Al igual que en la edición anterior, ninguna entidad obtuvo un puntaje mayor a 0.50 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa la mayor adhesión al Estado de Derecho. Y por segundo año consecutivo, Yucatán ocupó la primera posición en el informe, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste, Guerrero, Puebla y Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares de la clasificación. En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.