FGJ apelará liberación de El Lunares

15 de Octubre de 2024

FGJ apelará liberación de El Lunares

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Foto @araujogar

La dependencia capitalina calificó de anticonstitucionalmente la actuación del juez de control por favorecer al presunto líder de La Unión Tepito

Acusando al juez de control, que este viernes 14 de febrero ordenó la inmediata liberación de Oscar Andrés ‘F’ alias El Lunares, de haber actuado anticonstitucionalmente por haber favorecido al presunto líder de la Unión Tepito, la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México (FGJ-CDMX) advirtió que apelará dicha resolución y acudirá, “nuevamente” ante el Consejo de la Judicatura capitalino para presentar una queja al respecto.

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por Ernestina Godoy Ramos culpó al juez del Tribunal Superior de Justicia quien decretó la liberación del presunto líder criminal que estaba recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de haber permitido a la Fiscalía local el refutado los datos de prueba que presentaron los abogados del sospechoso, por lo cual señalaron la actuación del juzgador de “parcial y tendiente a favorecer al imputado”.

“En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que como datos mínimos de prueba para vincular a proceso a una persona, deben existir hechos con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, lo que estaba plenamente acreditado, sin embargo, el juzgador faltó a ese principio”, advirtió la FGJ.

Contrario a la resolución del juez de control quien consideró que no había los suficientes elementos presentados por el Ministerio Público para vincular a proceso a Oscar Andrés, señalado por la Fiscalía como probable responsable del delito de secuestro, y vinculado como integrante de la organización criminal La Unión Tepito, ligada con venta de droga, cohecho, secuestro, lesiones y homicidios, entre otros delitos, la Fiscalía aseveró que, “bajo ninguna circunstancia, la representación social generaría falsas identidades”, pues resulta contrario a los valores y principios de la institución que recientemente transitó de Procuraduría a Fiscalía.

En ese sentido, indica el pronunciamiento, acusa a la defensa de El Lunares de haber presentado documentos y a una persona que no se trata de la víctima quien habría denunciado a Oscar “F”, toda vez que la dependencia asegura que la persona denunciante “se encontraba y se encuentra bajo resguardo y protección de esta fiscalía”.

Y añade, “el juzgador tomó (a la persona presentada por la defensa) como auténtico sin darle a la fiscalía la oportunidad de verificar su validez (…) Por otra parte, de manera inusual, compareció en la audiencia personal del Instituto Nacional de Migración a ratificar un documento, sin informar a su titular, para presentar información de otra persona que no era el imputado y el juzgador lo tomó como prueba para no vincularlo”.

En la continuación de la audiencia, de la que el pasado sábado 8 de febrero una jueza federal determinó dejar en libertad a Oscar Andrés de los delitos federales contra la salud y de narcotráfico de los que lo acusó la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de control determinó que no se acreditó el hecho del delito, aunado a que el testigo tampoco aportó los datos de prueba suficientes.

En respuesta a la determinación del viernes, la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la puesta en libertad de quien es identificado por las autoridades como uno de los principales líder de dicho grupo criminal, y calificó la actuación del juez de “inconcebible” e “inaudito”.

Fue el viernes 31 de enero cuando “El Lunares” fue detenido por fuerzas federales en posesión de drogas y armas de fuego, en Tolcayuca, municipio de Hidalgo, para luego ser trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); no obstante, al día siguiente, la defensa del entonces acreditó ante la juez federal que su cliente habría sido detenido ilegalmente, y a través de pruebas video gráficas argumentaron que los uniformados no contaban con una orden de aprehensión ni de cateo.