Laura Borbolla

El sábado, me desplacé de la Ciudad de México a la Ciudad de Querétaro, al pasar por la caseta de peaje ubicada en el kilómetro 44 a la altura del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México, me percaté que solo estaban abiertas dos casetas de cobro lo cual se me hizo extraño y más al darme cuenta que no había fila de autos esperando pasar, a medida que me acercaba me di cuenta de que se encontraban elementos de la Guardia Nacional, pero también personas que tenían tomadas las casetas.

Me asustó el ver sobre mis ventanillas a dos hombres, uno de cada lado y otro que intentó ponerse frente a mí cofre, y no saber bien qué sucedía, se escuchaban gritos, se abalanzaban sobre los cofres de los automóviles, te enseñaban los billetes que otros conductores, de autos y camiones que ya habían pasado les habían entregado, cada uno de estos hombres los tenían acomodados entre sus dedos, como abanico, eran de denominaciones distintas no menores de cincuenta pesos y hasta doscientos pesos. 

La disyuntiva en el momento, era con miedo bajo el cristal y les doy mi dinero a estos “saqueadores” de camino o no detengo mi marcha, tratando de no golpear a nadie y mantener la calma, o les muestro el dispositivo de cobro de peaje IAVE, para que vean que no puedo pagar más que con ello.

Todo el camino, me dio vueltas la imagen y recordé un par de notas que había leído, en días pasados, la mala experiencia y reflexión la comparto, ya que he viajado sola por varios lugares y nunca había tenido esta sensación de inseguridad a pesar de ver parados elementos de la Guardia Nacional en cada carril, el no ver presencia de un dispositivo para que en términos de legalidad se hiciera valer por las autoridades la ley, ya que esas personas, estaban en  flagrancia cometiendo un delito.

El Código Penal Federal, es muy claro, al señalar que interferir o alterar las vías de comunicación es un delito y tiene una penalidad de 15 a 30 años de cárcel (Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I) de forma y fondo, me cuesta mucho trabajo, entender que la Fiscalía General de la República, que es la única autoridad competente para intervenir, no lo haga, que el detrimento patrimonial de la nación sea de miles de millones de pesos diarios, que nadie analice que esto ha sido el génesis de otros delitos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que no se aplique el principio básico de estricta legalidad y no fomentemos un Estado de Derecho y  que los usuarios de los caminos y puentes, tengamos que padecer, unas carreteras caras y con pésimo mantenimiento, además de la impotencia de ser testigo de estos acontecimientos y no poder hacer gran cosa, ya que lo que hice fue no dar dinero y al pasar poner mi lector de peaje, esperando me cobren de forma electrónica.

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