En 2018, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fracasó en el combate al delito de trata de personas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Desde la perspectiva de la ASF, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de los derechos humanos de quienes han sido víctimas del delito de trata de personas, en incumplimiento a los compromisos derivados del marco constitucional y de los tratados internacionales en la materia”, señaló el órgano fiscalizador en la auditoría 302-DS.
Y añadió: “En opinión de la ASF, las acciones de prevención de la ocurrencia de dicho delito, de atención a las víctimas y de procuración de justicia, se han llevado a cabo de manera desarticulada por parte de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), debido a una deficiente gobernanza”.
Al divulgar la primera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2018, la ASF detectó negligencia en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
“La Segob fungió como presidente y evaluador de la comisión, lo que limitó su participación objetiva e imparcial; cuatro de los cinco grupos de trabajo no sesionaron en 2018; no se cuenta con información suficiente para conocer el cumplimiento del 72% de los 163 acuerdos establecidos, en tanto que el 27 de éstos se relacionan con temas administrativos”.
La ASF detalló en sus conclusiones: “Las actas de las sesiones de la comisión no hacen referencia a las posturas y votaciones de sus integrantes, y existe una inadecuada coordinación con los gobiernos estatales, lo que ocasionó que ninguna de las 32 entidades federativas dispusieran de los diez mecanismos previstos para asegurar la eficaz atención del delito de trata de personas”.
Otro de los hallazgos de la ASF es que, a seis años de la publicación de la ley en la materia, la Secretaría de Gobernación no implementó el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas.
En tanto, la CEAV no ha concluido la implementación y homologación del Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), “lo que ha dado como resultado que a nivel nacional aún no se disponga de un modelo único para brindar atención integral y evitar la revictimización de quienes han sufrido algún delito, incluyendo el de trata”.
Respecto a la impunidad, el órgano fiscalizador refiere que de las 288 carpetas de investigación registradas para trámite en 2018, 67% (192) estaba pendiente y sólo 2.8% (ocho) se vinculó a proceso y se sentenció.
“Lo anterior quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad en la comisión de dicho delito”, sostuvo.