Desde el 2010, el gobierno federal se comprometió a pagar 199 mil 476 millones de pesos, a un plazo de 22 años, la administración de ocho cárceles manejadas bajo la modalidad de Asociación Público-Privado (APP), mismas que se encuentran ocupadas a mitad de su capacidad, lo que ocasiona que la manutención de cada interno sea seis veces mayor con respecto a los reos de penales que no cuentan con participación privada, reveló el diario Reforma. De acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de 18 centros carcelarios, 11 se encuentran en el esquema de APP, es decir, están bajo responsabilidad del gobierno y empresas como ICA, Prodemex, Homex, Arendal, GIA y Tradeco. Cada uno de esos penales cuentan con una capacidad para 17 mil 648 internos, sin embargo, se encuentran ocupados a la mitad, lo que ocasiona que la inversión de cada reo esté costando 2 mil 400 pesos, a diferencia de los 390 pesos invertidos en cada persona presa en cárceles públicas, las cuales también se encuentran a mitad de ocupación. El convenio con las APP se dio en 2010 bajo el gobierno de Felipe Calderón, y fue aprobado pese al conocimiento que ya se tenía sobre la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que entraría en vigor cuatro años después. Para el año 2012, estos centros ya eran una realidad e iniciaron sus operaciones en Coahuila, Morelos, Chiapas, Durango, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Sonora.
Se invirtieron cantidades millonarias, verdaderamente estratosféricas, en construir unos monstruos, que son unos elefantes blancos, que sirven para absolutamente nada, porque los presos ahí están en igual o peores condiciones”, señaló para Reforma la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Elena Azaola.
Sin embargo, los penales APP no sólo han sido caros, sino que también presentan deficiencias en sus instalaciones, señalan los informes sobre la situación penitenciaria del País y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Bajo este esquema, las empresas con responsables, entre otras cosas, de prestar servicios de alimentación, lavandería, laboratorio, almacenes, limpieza integral y manejo de residuos; conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble, así como los aditamentos de seguridad; que la CNDH calificó como deficientes. (Con información de Reforma). AT/