“Gobiernos federal y estatal violaron DH en Oaxaca”

GABRIELA RIVERA | @gAbS_07 La violación a los derechos humanos, así como las muertes y desapariciones durante el movimiento social de 2006 en Oaxaca, fueron el preámbulo de la crisis que vive el Estado mexicano en materia de impunidad y de crisis en Derechos Humanos como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

El informe “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, elaborado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), revela que durante los operativos implementados entre 2006 y 2007, los gobiernos local y federal realizaron detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a miembros de las organizaciones sociales que formaban parte del movimiento.

En total, existen 373 víctimas, sin contar a los familiares u otras personas que no han declarado ante ninguna instancia desde hace 10 años. LEER MÁS | Informe de la Comisión de la Verdad Oaxaca El documento señala que la orden que dio el entonces presidente Vicente Fox de para que la Policía Federal ingresará al zócalo de Oaxaca y desarticulara el movimiento fue el detonante de las violaciones por parte del Estado.

Fox atendió el llamado que hicieron los miembros de la comisión —que integran el padre Solalinde, las defensoras Eugenia Mata García y Marina Patricia Jiménez, y Diego Enrique Osorno—, para testificar por los hechos ocurridos ese año.

En la entrevista, el ex mandatario admitió que su sucesor en la Presidencia, Felipe Calderón, lo presionó para enviar fuerzas federales a Oaxaca y apagar el movimiento, pues era la única manera de garantizar que los miembros del PRI acudieran a la toma de protesta presidencial.

Y además asumió la decisión y la responsabilidad del operático de octubre de 2006, con la que se rompió el paradigma que los presidentes tenían de no ordenar la represión directa en contra de un movimiento social.

“Fox Quesada consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas”, dice el informe sobre la declaración del ex presidente.

Durante el sexenio 2006-2012 desaparecieron alrededor de 26 mil personas y 60 mil perdieron la vida, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), además de otras violaciones a los derechos humanos, como extorsiones, torturas, detenciones forzadas y secuestros, de las que periodistas y activistas también fueron víctimas.

“Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014”, señala el informe.

9 MUERTOS Y 29 DESAPARECIDOS

Durante las investigaciones de la Comisión de Verdad de Oaxaca, se determinó que las nueve muertes ocurridas durante el periodo de movilizaciones fueron órdenes extrajudiciales, es decir crímenes de Estado, ya que hubo vigilancia ejecución y eliminación de pruebas para encontrar a los autores.

En ese lapso 29 personas desaparecieron en el estado, tanto en el último año del mandato de Ulises Ruiz como en el primero del gobierno de Gabino Cué, la mayoría jóvenes de 27 años promedio.

De igual manera, al menos 33 periodistas o miembros de los medios fueron agredidos físicamente; Raúl Marcial Pérez y Bradley Roland Will fueron asesinados mientras cubrían el movimiento, y meses después tres voceadores fueron ejecutados en el Istmo de Tehuantepec. Además, un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartadas en su libertad de expresión.

En las investigaciones también se identificó una serie de domicilios donde presuntamente se localizan fosas en la que fueron enterrados activistas sociales o militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

Ante los hechos, al CVO llamó a comparecer a 68 funcionarios públicos, pero sólo dos accedieron a entrevistarse con la comisión: el ex presidente Vicente Fox y el ex secretario de salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.

Tanto el ex gobernador Ulises Ruiz como el actual mandatario estatal, Gabino Cue, así como servidores públicos locales y federales se negaron a declarar sobre lo ocurrido esos dos años en Oaxaca.

Por ello, la Comisión solicitó a las autoridades federales retomar las investigaciones en contra de Ruiz y de los miembros de su gabinete de seguridad, para que se finque responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos.

Pero también que revisen las actuaciones delos ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, quienes dirigieron las acciones represivas en contra de los manifestantes a finales de 2006, además de analizar las demandas en contra de Fox Quesada y Calderón.

Al gobernador Gabino Cué se le recomendó cesar a los funcionarios que ocupan cargos en el gobierno y tuvieron responsabilidades en las represiones de hace una década. Esto derivado de las denuncias de las víctimas quienes aseguraron que no hubo aplicación de la justicia y sanciones para los responsables.

Entre las 25 recomendaciones emitidas también destacan la construcción de un Museo de la Memoria sobre los hechos de 2006 y 2007, la indemnización económica a las víctimas y sus familias, así como el restablecimiento de su dignidad a través de la rotulación de calles, plazas públicas o proyectos comunitarios que lleven su nombre o se hagan en su memoria.