Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más pobres de México. Tierras sometidas por caciques, han vivido décadas de represión y marginación. Entre los tres hay dos millones y medio de indígenas que de los desfavorecidos, son los más excluidos. Chiapas, Oaxaca y Guerrero, componen la cuenca del descontento que en los dos últimos años ha vivido en convulsión. O mejor dicho insurrección, detonada por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, que prendió los motores de la rebelión social para concretar La Línea de la Esperanza, el proyecto que busca darle una vida libre e independiente a esa región. La Línea de la Esperanza fue diseñado por el EPR y del ERPI, que forman las viejas ramas militares de las guerrillas en Oaxaca –más ideológica- y Guerrero –más militarista-, de acuerdo con documento en manos de autoridades federales desde la primavera del año pasado. Lo que buscan es instaurar una nación indígena en la cuenca más pobre de la nación, en donde todo el sistema de organización social recaiga en ellas. Es un programa mucho más ambicioso que los municipios autónomos que creó el EZLN, que son espacios territoriales donde el Estado Mexicano está ausente.
El documento fue entregado al CISEN y revisado durante las reuniones del grupo intergubernamental que se reúne todas las semanas en la ciudad de México para analizar la seguridad en el estado. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios, no se hizo nada. Palabras como “insurrección” o “guerrillas” no parecen haberles significado nada a los responsables de la seguridad del Estado. Tanto que el CISEN desmanteló su división de movimientos armados, lo que explica porqué durante al menos los primeros 30 días después de la desaparición de los normalistas, pese a la densa actividad guerrillera, el presidente Enrique Peña Nieto nunca recibió un informe que lo alertara de la variable guerrillera en Guerrero.
Desde mediados de noviembre se mencionó en esta columna que el EPR y el ERPI, con sus organizaciones fachada en el frente de masas guerrillero, articuladas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsaban la consolidación de una nación indígena, para beneficiar al 15% de la población en Guerrero, el 34% en Oaxaca y el 26% en Chiapas, mediante el sometimiento del resto de la población en esa franja del sur del país, y la claudicación del Estado Mexicano a administrar la cuenca del descontento.
Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que confirma las informaciones previas de que los grupos armados se habían unificado bajo el mando de los eperristas.
En este espacio se describió el árbol de la insurgencia en Guerrero, donde un papel central lo tiene la Coordinadora de maestros, que dirige Ramos Reyes Guerrero, a quien vinculan las autoridades con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa, en la legión de La Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, ex vocero magisterial, es simpatizante del ERPI.
Morán pertenece al Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, que participa en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, un frente del EPR, donde participa Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.
En el MPG, cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en la normal de Ayotzinapa, señalado por las autoridades como simpatizante del ERPI.
El EPR niega todas las vinculaciones con organizaciones sociales, y afirma que quienes las realizan trabajan como “mercenarios” de los órganos de seguridad del Estado. La realidad es que el proyecto de liberación de La Línea de la Esperanza ha ido avanzando sin que el gobierno federal muestre capacidad para frenar lo que sería, de concretarse, la partición del sur mexicano.
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