El esquema de subcontratación y uso de empresas fantasma para desviar recursos se usó hasta el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
La secretaria que usó este esquema año con año fue la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabezó hasta hasta 2018 Rosario Robles.
El daño que calculó está vez la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue por 52 millones de pesos, reveló la auditoría forense 2018-0-15100-23-0209-2019 209-DS.
La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el escrutinio de la Cuenta Pública 2018, último año de gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, y halló que Sedatu transfirió 52 millones de pesos a empresas fantasma mediante la firma de un contrato por Actividades Creativas para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar ACPVI que subcontrató a otras tres personas morales para la realización de un proyecto orientado a prevenir conductas antisociales y promover la igualdad entre hombres y mujeres.
La firma recibió el recurso en tres ministraciones y subcontrató a tres firmas para llevar a cabo el proyecto, pero los responsables no fueron localizados en sus domicilios fiscales porque, o bien no existían o habían evacuado el inmueble, por lo que no pudo comprobarse que los recursos fueran ejercidos de manera correcta, de acuerdo con los resultados de la auditoría.
De entrada, el Servicio de Administración Tributaria no localizó información respecto a las declaraciones anuales 2018, ni declaraciones provisionales informativas de operaciones con terceros de la persona moral ACPVI.
La Sedatu realizó un convenio de concertación con la firma el 11 de enero de 2018, pero en los anexos no quedó establecido el porcentaje de avance en los entregables que debió cumplir la persona moral ACPVI para recibir la segunda y tercera aportación “por lo que dichos instrumentos carecen de claridad e impiden de manera puntual que se pueda corroborar el debido cumplimiento de las acciones por las cuales la persona moral accedió a los recursos federales”.
De acuerdo con el convenio firmado con la asociación civil, el proyecto consistiría en la impartición de dos pláticas dirigidas a la prevención de conductas antisociales, prevención de la violencia y la igualdad entre hombres y mujeres, así como la impartición de clases de zumba y la formación y capacitación de dos beneficiaros para actividades rítmicas y de gestión comunitaria.
ACPVI recibió 52 millones de pesos en tres ministraciones: la primera transferencia fue por 26 millones de pesos; la segunda por 15 millones 600 mil pesos y la tercera y última por 10 millones 400 mil pesos, los días 16 de enero, 24 de abril y 13 de agosto de 2018.
Actividades Creativas para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar transfirió 26 millones de pesos a las personas morales Servicios Integrales Kade S.A. de C.V. (8 millones 182.8 mil pesos); Impulso Empresarial Becka S.A. de C.V. (9 millones 578 mil pesos) y Comercializadora de Materiales Hospitalarios Goes S.A. DE C.V. (8 millones 238 mil 800 pesos), cuya correcta aplicación no quedó demostrada a partir de los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El personal de la auditoría intentó notificar a las personas morales y el personal auditor acudió al domicilio fiscal reportado ante el SAT de Comercializadora de Material Hospitalario GOES, S.A. de C.V. y las personas que atendieron la diligencia aseguraron desconocer que en el lugar se encontrara la empresa.
Lo mismo ocurrió cuando el 11 de enero de 2019, personal de la auditoría acudió al domicilio de Impulso Empresarial BECKA, S.A. de C.V., mientras que cuando se efectuó la visita a la persona moral Servicios Integrales KADE, S.A. de C.V el personal fue informado de que el inmueble fue deshabitado con anterioridad.
De tal forma que, al no localizarse la personas morales a quienes la asociación civil subcontrató para la realización del proyecto, la ASF no pudo comprobar que los recursos fueron destinados adecuadamente ni que los servicios fueron efectivamente prestados.
El órgano fiscalizador emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes.
La revisión arrojó que la Sedatu, encabezada por Rosario Robles Berlanga, no proporcionó documentación que compruebe o justifique primero, la asignación de fondos y la meta para alcanzar 500 mil beneficiarios.
La documentación comprobatoria no coincide con el proyecto para el cual se destinaron los recursos federales, además de que la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Validación del Programa se llevó a cabo sin la presencia de los invitados permanentes de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el órgano Interno de Control de la Sedatu, tal y como se establece en las reglas de operación del programa de infraestructura.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la primera ministración, por 26 millones de pesos, fue un anticipo “sin causa justificada” porque no se encontró documentación comprobatoria y tampoco se acreditó documentalmente el uso de los recursos para los fines que fueron contemplados originalmente. NR