Insuficiente, respuesta del Estado en DDHH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.

En un informe dado a conocer este miércoles y elaborado tras la visita de siete integrantes de la CIDH a México, en octubre pasado, el organismo destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.

El órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos recomendó adoptar una ley general sobre desaparición y otra sobre tortura y otros tratos crueles y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El reporte de la CIDH ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país; y dejó ver que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga dos mil 420 denuncias de tortura en abril de 2015 pero que sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.

Respecto a la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía municipal en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, la CIDH expresó que se trata de un “ejemplo emblemático de la aparente colusión” entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y “una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes”.

Por su parte, el gobierno mexicano negó que el país atraviese una crisis de derechos humanos y rechazó el reporte por considerar que “no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos ".

“La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”, dijo la cancillería mexicana en un comunicado.

Agregó que “dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”.

Aunque la Comisión valoró como “importantes” la reforma constitucional y varias legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada; el documento de 2016 recordó que la situación se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006 y negó que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.

“El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva”, señaló el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro.

Al consultarle si percibe en las autoridades mexicanas la voluntad política para corregir la situación, el experto dijo a AP que algunos elementos son favorables como el reconocimiento al valor de las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay prácticas “muy preocupantes” como haber suspendido los partes de prensa sobre bajas ocurridas durante enfrentamientos sostenidos por la fuerza pública.

“Es como todo en México. Ni sí, ni no”, señaló Cavallaro, quien insistió en que la misión del informe no es criticar a un gobierno específico, sino “registrar la realidad y buscar soluciones”.