El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aquellos investigadores que llegaron a México con la finalidad de investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fueron otro de los blancos de Pegasus, un software espía que fue vendido al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas, revela un reportaje de The New York Times.
Según la investigación del diario publicada este lunes, el espionaje contra los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fue parte de los que, señalaron como una campaña de acoso e interferencia que obstaculizó sus investigaciones sobre el caso, y que se suman a las trabas en su trato con el gobierno mexicano, como lo fue el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave, según denunciaron los investigadores.
Un análisis forense independiente determinó que el secretario ejecutivo del grupo, Omar Gómez Trejo, recibió mensajes de texto a su teléfono móvil con un hipervínculo que escondía el programa Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por varios millones de dólares. Ese celular fue usado por casi todos los integrantes de la comisión al fungir como nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México. De igual forma, los miembros del GIEI aseguran que recibieron mensajes idénticos en sus propios teléfonos, que los incitaba a dar clic en un enlace que convertía a su celular en un aparato de posibilitaba el espionaje. Los mensajes SMS llegaron al teléfono del secretario ejecutivo del GIEI, entre el 1 de marzo y el 4 de marzo de 2016. Esto coinciden con otras víctimas del software, como los abogados del Centro Prodh, grupo de defensa de los derechos humanos que representa a los padres de los 43 estudiantes y que formaban parte de la investigación del caso Ayotzinapa. Tras la exposición del caso en un artículo publicado el pasado 19 de junio por el New York Times, los investigadores del GIEI enviaron una carta privada al secretario ejecutivo de la CIDH a finales de ese mes en el que detallaban sus sospechas sobre los intentos de vigilancia. Además del teléfono de Gómez Trejo, dijeron que otros dos celulares recibieron mensajes sospechosos
Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, aseguró Francisco Cox, abogado y miembro de GIEI.
Cabe recordar que los investigadores llegaron a México para realizar pesquisas sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, acaecida tras un enfrentamiento con la policía en septiembre de 2014, y que la “verdad histórica” del gobierno mexicano presume que fueron asesinados y posteriormente incinerados. James Cavallaro, quien era presidente de la CIDH cuando se dieron los intentos de hackeo dijo que en un primer momento el gobierno de México urgió a la comisión crear este grupo de expertos y cuando la investigación de estosno ratificó la versión oficial, “las cosas cambiaron”,
“Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”.
Desde 2011, México ha gastado por lo menos 80 millones de dólares en el programa espía, que la firma israelí NSO Group comercializa de manera exclusiva a gobiernos y con la condición de que sea utilizado solo contra el crimen organizado y terroristas. Pero una investigación hecha por The New York Times y analistas del Citizen Lab determinaron que el software ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas mexicanos y sus familiares, incluido un adolescente. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro). DA
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