Un grupo de asociaciones de juezas, jueces y magistrados, incluida la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar medidas cautelares a favor de la jueza Angélica Sánchez Hernández y su familia.
Esto, luego de que la jueza Sánchez Hernández ha denunciado haber sido detenida arbitrariamente y torturada por agentes de la fiscalía de Veracruz.
En una carta enviada a Tania Renaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la CIDH, las organizaciones destacaron que la solicitud se realiza en un contexto adverso de declaraciones y estigmatización por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hacia el papel de las juezas.
Aunque la jueza Hernández fue puesta en libertad después de su detención arbitraria sin haber sido presentada ante una autoridad judicial para la audiencia inicial, las autoridades han manifestado su intención de continuar la investigación en su contra.
Las declaraciones posteriores del gobernador Cuitláhuac García, en las que afirmó que la investigación contra la jueza seguiría abierta, han aumentado la gravedad y el riesgo de la situación, según los jueces.
Las organizaciones que solicitan las medidas cautelares señalaron que el presidente López Obrador y el gobernador García han realizado reiterados ataques y críticas hacia el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales desde el inicio de sus mandatos.
Además, indicaron que se ha observado un recrudecimiento de estos ataques durante este año, especialmente tras el inicio de labores de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las organizaciones que han presentado la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH son: Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas; la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación; y otras asociaciones comprometidas con la preservación del Estado de Derecho. También se sumó a la solicitud el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
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