Cuando la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el horizonte parecía lejano. Quince años lucían suficientes para combatir la pobreza, reducir desigualdades, impulsar energías limpias, fortalecer instituciones y enfrentar la crisis climática. Sin embargo, a solo cuatro años de que concluya el plazo, la realidad mundial y nacional obliga a una pregunta incómoda: ¿qué tan cerca está México de cumplir los compromisos que asumió ante la comunidad internacional?
La Agenda 2030 no es una declaración de buenas intenciones. Se trata de un acuerdo global integrado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas específicas que buscan equilibrar crecimiento económico, bienestar social y protección ambiental. Es, en esencia, una hoja de ruta para construir sociedades más resilientes en un planeta sometido a crecientes presiones ecológicas.
El desafío es mayúsculo. Informes recientes de Naciones Unidas muestran que el mundo avanza con lentitud y que numerosos indicadores incluso registraron retrocesos tras la pandemia de COVID-19, los conflictos geopolíticos y las crisis económicas. La pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y los impactos del cambio climático siguen afectando a millones de personas. En este contexto, la Agenda 2030 ha dejado de ser un proyecto de largo plazo para convertirse en una carrera contra el tiempo.
Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Agenda 2030 representa una oportunidad estratégica, pero también una prueba de consistencia. La mandataria llegó al poder con una trayectoria académica vinculada a la ciencia ambiental y al estudio del cambio climático, un perfil poco común en la política latinoamericana. Esa formación generó expectativas dentro y fuera del país sobre la capacidad de México para acelerar políticas relacionadas con la transición energética, la reducción de emisiones y la adaptación frente a fenómenos climáticos extremos.
No obstante, el reto va mucho más allá del medio ambiente. La Agenda 2030 exige avances simultáneos en acceso al agua, salud, educación, igualdad de género, movilidad sostenible, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional. Ninguno de estos objetivos puede alcanzarse de manera aislada. El desarrollo sostenible depende precisamente de entender que los problemas están conectados.
México enfrenta obstáculos evidentes. La presión sobre los recursos hídricos es creciente; regiones enteras padecen estrés hídrico cada vez más severo. La expansión urbana continúa generando impactos ambientales significativos. La vulnerabilidad frente a sequías, huracanes e inundaciones aumenta conforme se intensifican los efectos del calentamiento global. A ello se suma la necesidad de mantener crecimiento económico, atraer inversiones y generar empleos sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.
Existe además un desafío político. La Agenda 2030 requiere continuidad institucional, algo difícil en democracias donde los ciclos electorales suelen privilegiar resultados inmediatos sobre transformaciones estructurales. Muchas de las metas establecidas demandan inversiones cuyos beneficios serán visibles en décadas, no necesariamente durante un sexenio. Ahí radica una de las mayores tensiones entre la lógica política y la lógica de la sostenibilidad.
Sin embargo, reducir la Agenda 2030 a un catálogo de compromisos internacionales sería un error. Su verdadera relevancia radica en que ofrece indicadores concretos para medir el desarrollo más allá del crecimiento económico. Durante décadas, el éxito de las naciones se evaluó casi exclusivamente a través del Producto Interno Bruto. Hoy resulta evidente que una economía puede crecer mientras aumentan la desigualdad, la contaminación o la degradación ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen una visión más amplia y más cercana a las necesidades reales de la población.
A cuatro años de la fecha límite, la pregunta ya no es si la Agenda 2030 sigue vigente. La evidencia apunta exactamente en sentido contrario: nunca había sido tan actual. El cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y las brechas sociales han dejado de ser riesgos futuros para convertirse en desafíos presentes.
Para México, el verdadero examen no consistirá en firmar nuevos compromisos ni en multiplicar discursos sobre sustentabilidad. La prueba será traducir esos objetivos en políticas medibles, presupuestos suficientes y resultados verificables. El reloj de la Agenda 2030 sigue avanzando. Y cada año que pasa reduce el margen para convertir las promesas globales en realidades nacionales.
