La Agenda 2030, presentada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2015, tiene como objetivo fortalecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas (Naciones Unidas, 2015). Para ello, se crearon 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que a su vez contienen 161 metas, lo que hace que la Agenda tenga objetivos y metas ambiciosas, complejas y con una visión interconectada, metas que deben ser alcanzadas por los países que se comprometieron con ello.
Sin embargo, las políticas y acciones que se diseñen para alcanzar tales objetivos, requieren tener el financiamiento necesario para ser implementadas. En este sentido, los sectores público y privado de cada país tendrían que movilizar los recursos suficientes para lograr los compromisos adquiridos. Por este motivo existen los lineamientos de financiamiento de la Agenda 2030 establecidos en la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), los cuales llaman a la coordinación nacional para tener enfoques integrados para el financiamiento, ya que generalmente la planeación nacional no está vinculada con el presupuesto público, ni incluye la participación explícita de otros sectores como el privado o el internacional.
México no es la excepción en la falta de coordinación dentro del gobierno, con la sociedad civil y con el sector privado, nacional e internacional. Por tanto, no se conoce de manera precisa cuántos recursos se están destinando a alcanzar los ODS. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se dio a la tarea de identificar esta cantidad para los años entre 2018 y 2021, en el documento Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.
Los resultados indican que México ha destinado, a través de recursos públicos y privados; nacionales e internacionales, entre 9 % y 11 % del PIB cada año entre 2018 y 2021. Lo anterior incluye el gasto público del país, los recursos de bancos y empresas privadas mexicanas, financiamiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y remesas (sector privado internacional). En promedio, el sector público nacional representa el
87.8 % del total de los recursos identificados, mientras que la participación privada fue 7.8 %, la CID ofreció el 1.7 %, y las remesas el 2.8 %.
Cabe señalar que estos resultados son una estimación obtenida con la información disponible, sobre todo del sector privado, cuya aportación podría ser mayor. Del mismo modo, las remesas no deberían considerarse como financiamiento de ODS, ya que son una consecuencia de la falta de empleo, desarrollo y bienestar en México y no se conoce el destino final de estos recursos.
¿Y estos recursos son suficientes? Si comparamos el nivel de financiamiento identificado y los avances en los ODS, podemos ver que no han sido los necesarios para disminuir la pobreza, ni cerrar las brechas entre hombres y mujeres, tampoco para alcanzar las metas relacionadas con el cambio climático.
Por tanto, para entender mejor cuánto estamos destinando a los objetivos de la Agenda 2030 y si eso es suficiente se necesita más transparencia y mejor información por parte del sector privado sobre los recursos que destina a algún ODS; mejorar la coordinación entre el sector público y privado para avanzar en una misma línea sobre el alcance de los ODS; y finalmente, mejorar la coordinación y condiciones de colaboración con la Cooperación Internacional para el Desarrollo.