La Portada | Guerrero, radiografía de la violencia

La masacre de siete personas en el Barrio de San Mateo y cuyos cuerpos fueron abandonados con extrema violencia en pleno centro de la capital de Guerrero, Chilpancingo, no fue un crimen violento más, tampoco de un simple mensaje intimidante, fue el principio de la estrategia de grupos criminales para exigir y exhibir a funcionarios públicos que cumplieran los pactos.

El tema llegó pronto hasta Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que fuera investigada la alcaldesa de su propio partido, Norma Otilia Hernández Martínez, quien gobierna Chilpancingo.

Pero lo dicho por el mandatario no frenó la estrategia que había iniciado. Aparecieron videos en redes sociales de más muertos que se colocaron como ofrenda en las cercanías de oficinas públicas y el corolario, la movilización, el bloqueo de la principal vía de salida y acceso a la entidad, la autopista México-Acapulco.

La estrategia funcionó bajo el argumento de que el gobierno federal no quería generar violencia, a pesar de que exhibió a los líderes criminales perseguidos con órdenes de aprehensión, no los detuvo sino se sentó a dialogar hasta liberar la vía. Así, en menos de 10 días, quedó exhibida la debilidad de las instituciones frente a la acometida de grupos delincuenciales bien armados, pertrechados y entrenados.

Capital criminal

La madrugada del 24 de junio pasado, desconocidos armados arrojaron los cuerpos desmembrados de siete personas. El mensaje quedó registrado a tres cuadras del Zócalo de la capital guerrerense. De esas siete personas asesinadas, cuatro eran miembros de una familia, que incluía a una jovencita de 17 años.

Los otros tres hombres muertos habían aparecido unos 15 días antes en un video en el que lanzaban amenazas de muerte contra el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora morenista, “por mentiroso”, decían en imágenes improvisadas.

En este escenario de muerte en Chilpancingo, armado por los criminales para tener impacto mediático, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontraron algunas cartulinas con distintos mensajes. En particular, una de las cartulinas presentaba el siguiente mensaje: “Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que veniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”. Otro de los mensajes estaba dirigido al síndico Andrei Marmolejo, a quien le reclaman el cobro de licencias a comerciantes.

En un primer momento, todavía con el azoro dibujado en su rostro, la alcaldesa Hernández Martínez apenas atinó a decir que no estaba enterada del hecho de sangre, que se enteró por un medio de comunicación, y culpó a la fiscalía estatal por no activar el protocolo correspondiente.

En este tipo de hechos criminales, la Policía Preventiva Municipal es el primer respondiente, que depende de la presidenta municipal morenista, pero en esta ocasión esa corporación fue la última en llegar al lugar de los hechos.

Después, ante las insistentes preguntas de la prensa local, la edil se justificó diciendo que gente extraña trataba de “manchar la imagen de su gobierno”.

No había pasado la noticia, cuando comenzó la segunda etapa de la estrategia criminal. Un video se distribuyó por redes sociales y chats, en el que se le observa a Norma Otilia Hernández departiendo con un hombre armado, presumiblemente el jefe de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. La funcionaria tuvo que aceptar que el encuentro con el líder criminal, de nuevo se justificó: “fue un hecho fortuito”.

“El que nada tiene que ocultar, nada debe”, le dijo a Azucena Uresti en Radio Fórmula, y añadió: “… es la primera vez que yo me sentaba, no lo conozco, es más si tu me dices ni siquiera lo recuerdo, yo soy presidenta municipal me siento con mucha gente”.

No había terminado de dar entrevistas a medios de comunicación, la mayoría en un tono que parecía molesta por parte de la morenista, cuando ya circulaban fotografías que ponían en duda su explicación de ser un encuentro “concidencial”, y más tarde el video en el que ya se mostraba audio y con mayores detalles, y entonces se dejaba ver una posible familiaridad con esa persona.

Entonces la alcaldesa comenzó a decir que no se dio cuenta de que este personaje estaba armado, cuando en una de las imágenes era evidente, y entonces tuvo que reconocer que “después” sí se enteró que era un líder presuntamente criminal.

La Fiscalía estatal le confirmó a la alcaldesa, dijo esta semana, que abrió dos carpetas de investigación en su contra, tras conocerse públicamente de esta reunión.

Pero no era la primera vez que Norma Otilia Hernández era vista con jefes criminales. El pasado 12 de marzo de este año, participó como invitada especial en la Feria Regional Artesanal y Ganadera 2023, que se llevó a cabo en la cabecera municipal de Tlacotepec, en lo alto de la Sierra Madre del Sur.

En esa celebración, en la que hubo un desfile con la participación de hombres armados que custodiaban a Onésimo Necho Marquina, la alcaldesa marchó junto a esos contingentes, invitada por el capo del grupo criminal denominada Los Tlacos, que disputa a Los Ardillos el control de las zonas centro y norte del estado de Guerrero, lo que también lo ha llevado a confrontarse con La Familia Michoacana, que mantiene sometida a toda la Tierra Caliente, habitada por una población estimada de 240 mil personas.

Las imágenes y videos de ese evento muestran claramente cómo era imposible que la funcionaria no viera a los civiles con armas, pues ella encabezaba el desfile, junto con el alcalde de ese municipio, y detrás de ambos aparece el capo Onésimo Marquina a caballo, rodeado de sus pistoleros.

Es decir, la morenista accedió a visitar y permanecer en una celebración en la que estuvo y destacó presente un líder criminal buscado por las autoridades.

Esos tres grupos (La Familia, Los Tlacos y Los Ardillos) mantienen una confrontación violenta en un amplio territorio guerrerense por el control de precios de los productos básicos, que son la nueva veta de negocios que han encontrado para allegarse de más recursos y de forma más rápida.

Esto es, imponen un sobreprecio o una cuota a la venta de carne, leche, huevos, tortillas, refrescos embotellados, cerveza, entre otros productos, para permitir su venta al público. Esa situación es particularmente visible en Chilpancingo y Taxco, donde los criminales cobran esas “comisiones” al sector comercial, así como a otras actividades productivas.

Una funcionaria más

Norma Otilia Hernández no es la única funcionaria morenista a la que se le han señalado vínculos con la delincuencia organizada. En Acapulco, la alcaldesa también morenista Abelina López Rodríguez ha sido señalada de haber aceptado financiamiento ilegal del empresario Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, quien resultó ser –de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos– operador financiero del Cártel del Noreste, integrado por lo que queda de los llamados Zetas Vieja Escuela, una de las formaciones criminales más sangrientas que existen en el país.

El nexo salió a relucir debido a la desaparición de dos efectivos de la Armada de México, de los que nada se sabe desde el 6 de marzo del año pasado, luego de que se reunieron con el senador morenista José Narro Céspedes en un restaurante de la Ciudad de México. En la reunión también estuvo quien en esos momentos era gobernador electo de Tamaulipas, el también morenista Américo Villarreal.

Después de la comida, tanto los marinos que fueron asignados como escoltas del empresario, enfilaron hacia la autopista México-Acapulco, pero nunca llegaron a su destino. Por ese secuestro y desaparición, la Fiscalía General de la República detuvo hace apenas unas semanas al capitán Maximiliano Serrano Pérez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Acapulco en el momento de los hechos.

La alcaldesa acapulqueña ha negado tener conocimiento del tema, al igual que el senador Narro, pero la investigación de la FGR incluye a ambos bajo investigación, no sólo como testigos, de acuerdo a fuentes consultadas por ejecentral.

El edén criminal y el apoyo social

Con apoyo de fuerzas federales y locales, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz mantiene una cacería contra los integrantes de La Familia Michoacana, a la que se considera en este momento, de acuerdo a los diagnósticos, como la organización criminal más peligrosa y violenta en el estado de Guerrero.

Esas operaciones de búsqueda, que oficialmente arrancaron en agosto de 2022 cuando se produjo la masacre de 24 personas en San Miguel Totolapan, de hecho eso detonó que comenzaran estos operativos que se han enfocado en incautar activos del grupo delictivo, especialmente bienes muebles e inmuebles.

Hace unos cuatro meses, un operativo que contó con la participación de militares, Armada de México, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado fracasó al intentar

aprehender a las dos personas identificadas por las autoridades como líderes del grupo criminal, los hermanos Juan y José Alfredo Hurtado Olascoaga.

La razón de ese fracaso fue que ambos personajes fueron defendidos por decenas de personas de las comunidades de la Sierra Madre del Sur, quienes entorpecieron el avance de las fuerzas de seguridad. Los habitantes de la zona, posiblemente obligados o no, acusando de violaciones a los derechos de los agentes impidieron la captura. Más tarde trascendió que ambos criminales, ya en un lugar seguro, huyeron de la región en un helicóptero que tenían a su disposición, el cual no fue a tiempo detectado porque el operativo del gobierno no tenía apoyo aéreo.

Sin embargo, el personal de la fiscalía estatal logró asegurar casas de superlujo construidas en lo alto de la Sierra Madre del Sur, incluyendo especies exóticas que fueron recogidas por el personal de la FGE.

¿Pero cómo han construido un edén estos grupos criminales en la zona serrana del estado? Porque tomaron el control territorial y nadie los molesta, someten a pobladores sea con terror o ayudas económicas; lo mismo que a autoridades, hubo varias muestras este año.

Apenas en un operativo efectuado hace tres meses, el 22 de abril, la Fiscalía aseguró vehículos de lujo y autos de colección, valuados en decenas de millones de pesos, que formaban parte de los bienes de ambos hermanos, a quienes gusta coleccionar autos blindados y clásicos, además de los llamados vehículos “monstruo” tipo Hummer. Cómo llegaron hasta ese punto este equipo, sin que ninguna autoridad alertara, a pesar de las bases estatales y federales que existen, es algo que no ha explicado alguna autoridad.

Las unidades fueron localizadas por las autoridades en Ciudad Altamirano (a unas cinco horas de Iguala) el punto que se considera base de la economía de Tierra Caliente, una región con una población aproximada de 240 mil personas, sin contar los municipios de la parte alta de la sierra, así como el corredor de la zona norte, que comunica a la Tierra Caliente con el estado de México.

Persecuciones y emboscadas

En sigilo, a través de la Mesa de Coordinación para la Paz, los gobiernos federal y estatal han venido reduciendo el área de operación de ambos criminales, con quienes ya han mantenido algunos choques armados después de que esa formación ilegal ha causado decenas de muertes en la región.

Las operaciones no han sido sencillas. Uno de esos choques ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando uno de los grupos criminales preparó una emboscada contra una base de operaciones del Ejército, que de inmediato repelió la agresión dando muerte a Orbelín Hernández Peñaloza, jefe de sicarios de los hermanos Hurtado y quien cayó con cinco de los suyos. Ese fue el primer choque armado entre los pistoleros y las tropas regulares, que resintieron dos bajas.

En este caso, un grupo importante de pobladores agredió a las fuerzas de seguridad, con ello dieron tiempo para que escaparan los capos. Obligados o no, los habitantes de esta zona de nuevo protegieron a los líderes criminales.

Como parte de las operaciones de vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, las unidades del Cuerpo de Fuerzas Especiales (CFE) capturaron a un sujeto conocido como Hermelindo, que después fue plenamente identificado por las autoridades como uno de los pistoleros más peligrosos de la Familia Michoacana, involucrado directamente en la matanza de siete civiles en la comunidad El Durazno.

Las tropas especiales le siguen el rastro a los principales cabecillas de esa formación criminal acusada de mantener un clima de incertidumbre y terror entre la población calentana, a la que imponen cuotas de pago, control de precios de productos básicos, extorsión y secuestros.

De acuerdo a los informes de estos hechos, en este caso la sorpresa para los agentes federales fue la reacción de alcaldes de la región, casi todos del PRI y del PRD, que primero dijeron respaldar a la gobernadora Evelyn Salgado, pero después encabezaron bloqueos en una decena de municipios, que generaron caos sobre las carreteras de la región, y frenaron los operativos de seguridad.

La joven mandataria acudió a Ciudad Altamirano para encarar a los alcaldes inconformes, que acusaban a la Fiscalía de robos y abusos durante los operativos. La gobernadora habló con los munícipes inconformes y logró desactivar las protestas, lo que dio un margen de operación para que las fuerzas de seguridad puedan hacer su trabajo.

Hasta el momento se desconocen los acuerdos a los que arribaron la mandataria con los ediles y un par de diputados locales, porque la mandataria nunca los dio a conocer ni las autoridades locales, pero los bloqueos fueron desactivados.

El verdadero negocio

Tal como la conocemos hoy, la violencia criminal que ha causado tantos daños en la vida y el patrimonio de miles de familias guerrerenses tienen su origen en la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009.

Hasta ahora es posible identificar al menos cinco oleadas de violencia criminal que han sacudido a la sociedad guerrerense entre 2009 y 2023. Pero quizá habrá que retroceder a 2003, como el año en que se produjo el parteaguas en la historia de la criminalidad, es decir, cuando Acapulco

—como otras ciudades de Guerrero— dejó de ser una ciudad de descanso

de los capos de la droga para convertirse en una gigantesca plaza de consumo.

Históricamente los grupos delictivos conocidos como cárteles habían enfocado sus operaciones en procesos de compraventa de cocaína y mariguana, que luego era trasladada e introducida ilegalmente a las principales ciudades de la Unión Americana. Aunque habían tenido algunas disputas desde los años 80 y los noventa, los liderazgos de los cárteles se habían mantenido relativamente intocados en los tiempos de los gobiernos priistas, que actuaban en su contra sólo si la situación resultaba insostenible.

Pero la historia vino a cambiar a partir del 2001, cuando la Federación de Cárteles encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán y sus socios los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva ubicaron como un importante negocio, más fácil y barato, la venta al menudeo de la droga. Esto vino a transformar completamente la dinámica de la actividad criminal que comenzó a ver, en las ciudades mexicanas más importantes, un mercado potencial sin parangón.

En el caso de Acapulco, de acuerdo con los informes de inteligencia, en 2003 se instalaron las primeras 70 tiendas de droga en la periferia del puerto, en las colonias Renacimiento, Zapata, Las Cruces, El Coloso, La Venta, La Sabana, Libertadores, Simón Bolívar, Puerto Marqués y Barra Vieja, esto es, en toda la zona perimetral del puerto que, según estimaciones conservadoras, está habitada por no menos de unas 400 mil personas.

Es entonces que se hicieron necesarios nuevos acuerdos con las corporaciones policiacas, particularmente con mandos de la Policía Ministerial del Estado (entonces Policía Judicial) y la Policía Preventiva Municipal (PPM) de Acapulco, para permitir que los expendios de droga pudieran “trabajar” sin sobresaltos. Con el fin de asegurar el negocio, la administración a cargo de la plaza de Acapulco organizó un grupo de protección integrado originalmente por exjudiciales a quienes se les conocía con el sobrenombre de Los Pelones. Este fue el principio de ese grupo de pistoleros cuya función original era la de ofrecer seguridad a las “tiendas”.

Para entonces, la asociación de cárteles agrupadas en la llamada Federación

—que incluía los intereses de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, los hermanos Carrillo Fuentes, Ignacio Nacho Coronel y, desde luego, los Beltrán Leyva— mantenía una sociedad ocasional articulada por El Chapo desde que había escapado de prisión en enero de 2001. Desde la negociación inicial quedó claro que las plazas de Guerrero, Morelos y Oaxaca pertenecían a los hermanos Beltrán Leyva.

El grupo inicial de Los Pelones pronto se robusteció con el arribo de una treintena de jóvenes con entrenamiento militar procedentes de Monterrey y otras ciudades del norte, bajo la jefatura de Miguel Ángel Araujo Moreno, uno de los hombres de mayor confianza de Arturo Beltrán Leyva, de acuerdo con los mismos informes.

Sin embargo, en 2004 pronto se hizo necesario ampliar el radio de influencia delincuencial al interior del casco urbano, razón por la cual el grupo de seguridad, cuya misión era proporcionar condiciones de operatividad al negocio de venta al menudeo, comenzó a hostigar a los vendedores independientes de cocaína y otras substancias psicotrópicas ilegales, que desde luego no estaban dispuestos a ceder sin resistir… Entonces comenzaron los homicidios.

A lo largo de todo el 2004, se calcula que unos 40 o más vendedores independientes de droga fueron asesinados, tan sólo en el puerto de Acapulco, y esto fue a manos de los pistoleros del cártel, lo que obligó a que el gobierno de Vicente Fox enviara a Guerrero al primer operativo federal que fue denominado México Seguro, que tuvo muy pobres resultados.

Entre 2004 y 2005 fueron ejecutadas decenas de personas porque se resistían a ceder sus espacios de venta o porque laboraban para algún otro grupo delictivo, como el cártel de Tijuana, que contaba con un enclave en este puerto turístico.

La traición

A partir de septiembre de 2004 todo cambió con la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, quien fue abatido en compañía de su esposa en las calles de Mazatlán. Un atentado que se imputó desde el principio a El Chapo Guzmán. Esto provocó la dispersión de la Federación y la toma de bandos por parte de cada uno de los componentes de esa organización delictiva, que se polarizó en facciones distintas.

Pese a la ruptura, el clan de los Beltrán Leyva mantuvo su alianza con sus viejos amigos los Carrillo Fuentes y, al mismo tiempo, se dispuso a defender su plaza de Acapulco frente a las acometidas del Cártel del Golfo, que reclamaba la cabeza de Edgar Valdés Villarreal La Barbie, quien después de traicionar en los negocios a Osiel Cárdenas, se refugió en el estado de Guerrero bajo la protección de Arturo Beltrán Leyva.

Así, en realidad la actual guerra entre los cárteles fue originada, en principio, desde septiembre de 2004 por El Chapo Guzmán, quien jamás estuvo satisfecho con los márgenes de ganancia que le redituaba la alianza, cuyas finanzas eran manejadas precisamente por El Niño de Oro, negociador nato de la alianza, quien nunca cedió a la demanda de aquel y que se refería a mejorar su margen de utilidades. Fue, pues, una ruptura ocasionada por negocios.

El conflicto entre Osiel Cárdenas y Edgar Valdés fue otro flanco que se abrió en el conflicto, para lo cual fueron enviados a Guerrero los primeros Zetas cuya misión era exterminar a La Barbie.

Pero esos Zetas, que llegaron a territorio guerrerense a través de Zihuatanejo, fueron interceptados por agentes federales de la PGR, y entregados vivos a su enemigo, quienes los ejecutaron en una residencia de la colonia Costa Azul, en el puerto de Acapulco, en un sórdido episodio video grabado que después sería conocido públicamente a través de un diario de Texas.

En enero de 2008, el grupo de los Beltrán Leyva recibió un golpe demoledor, también atribuido a su exsocio Joaquín Guzmán: fue detenido por fuerzas federales Alfredo Beltrán El Mochomo, brazo operativo del clan. A pesar de que El Chapo y los Beltrán son primos lejanos pero, además, los unía una relación adicional: Arturo Beltrán fue el maestro de El Chapo cuando éste era un simple escolta, un pistolero. Por eso la detención de Alfredo fue vista como una doble traición, que marcó el principio de una enemistad a muerte entre ambos líderes.

De hecho, de ahí derivó la ejecución del jefe del clan de los Beltrán Leyva, en diciembre de 2009.

A la caza del capo

Enojado por la aprehensión de su hermano Alfredo, el jefe de la organización lanzó una amenaza contra El Chapo que fue conocida a través de mantas colocadas en espacios públicos: “Llegarás a diciembre, pero a la Semana Santa no llegas”.

Sabedor de que Arturo Beltrán cumpliría su amenaza a como diera lugar, Guzmán Loera movió sus contactos para delatar su ubicación ante las fuerzas federales, que ya seguían los pasos del capo por una ruta que iba de Cuernavaca a Puebla y viceversa. Fue así como en diciembre de 2009 el refugio del capo en la ciudad morelense fue tomado por asalto por comandos de élite de la Armada de México, muriendo allí el capo.

El acoso contra la estructura operativa de Beltrán por parte de las Fuerzas Federales, sin embargo, había iniciado desde el segundo semestre de 2008, meses después de la captura de Alfredo Beltrán.

En noviembre de 2008, un encuentro armado en la ciudad de Teloloapan entre efectivos del Ejército Mexicano y desconocidos, que presumiblemente eran parte del grupo delictivo de los Beltrán, produjo algunas bajas entre los civiles armados. Como respuesta, entre los días 9, 20 y 21 de diciembre de 2008 fueron secuestrados y asesinados ocho militares y algunos mandos policiacos civiles adscritos a la Procuraduría General de Justicia del gobierno de Zeferino Torreblanca, acción que las autoridades imputaron entonces a los Beltrán Leyva.

El Alto Mando del Ejército Mexicano intervino en este escenario que calificó como una “grave ofensa” y prometió toda la fuerza necesaria para aplicar la ley a los infractores. Entonces, en diciembre de 2008, comenzó formalmente la cacería contra la estructura de los Beltrán, principalmente en Acapulco, Costa Grande y la región de la sierra.

Esta primera oleada de violencia, que produjo decenas de muertos entre enero y junio del 2009, tuvo su momento más crítico en la balacera de Caleta el domingo 7 de junio de ese año, en que el enfrentamiento entre sicarios y fuerzas del estado duró varias horas. Este fue un operativo que mantuvo en un hito al puerto de Acapulco durante gran parte de la noche. En el encuentro armado, en el que murieron sicarios pero también civiles inocentes, participaron efectivos de la Policía Federal, del Ejército, Armada, Policía del Estado y Policía Preventiva Municipal.

La cacería por parte de las Fuerzas Federales se intensificó en el segundo semestre de 2009 y culminó, con la muerte de Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre de aquel año.

El terror

Esta ejecución, cuyas consecuencias jamás alcanzaron a prever en el gobierno, marcó el inicio de una nueva etapa de terror que cimbró como nunca al estado de Guerrero.

Tras la muerte del capo, el texano Edgar Valdés se hizo del control de la estructura delincuencial con asiento en Guerrero, lo que le permitió apropiarse de la plaza. En círculos clandestinos y de inteligencia, a Edgar Valdés también se le atribuye haber abandonado a su suerte a su jefe aquel día de la refriega en Cuernavaca.

Entre marzo, abril y mayo de 2010 se produjo la segunda oleada de violencia que ocurría en el puerto de Acapulco, cuando las fuerzas de Héctor Beltrán arremetieron contra el personal de La Barbie, con un saldo inicial de 48 muertos tan sólo en una semana del mes de marzo.

En abril de ese año siguieron las ejecuciones en el puerto, aunque algunas acciones buscaron ser ocultadas por el grupo de La Barbie para evitar que “se calentara más la plaza”, de acuerdo con el caló utilizado por los grupos delincuenciales.

De ese período destacan dos incidentes: la balacera del 14 de abril, cuando se enfrentaron sicarios contra policías federales en plena Costera, con varias personas muertas, entre ellos una mujer con sus dos hijos que se transportaban en una camioneta y quedaron entre el fuego cruzado.

El otro incidente, más oscuro, que nunca llegó a las planas de los periódicos, ocurrió entre el 20 o 21 de abril de 2010, esa madrugada fueron esparcidos a lo largo de varias cuadras del centro de la ciudad, entre el edificio Espinalillo y el zócalo porteño, un total de 21 cuerpos de jóvenes asesinados, entre ellos por lo menos el de una mujer. Los cuerpos fueron recogidos a toda prisa por personal del grupo local que se afanó en ocultar algunos de ellos en el área de San Isidro, en la zona rural del puerto.

Después ocurrió el trágico episodio de la veintena de turistas michoacanos confundidos con personal de La Familia, los cuales fueron masacrados en septiembre de 2010 por la estructura al mando de Carlos Montemayor El Charro, suegro de Valdés Villarreal, quien para esas fechas ya había sido capturado.

Esta masacre fue uno de los puntos de inflexión para la ruptura entre los líderes del grupo remanente que existía en Guerrero: el de los afines a Edgar Valdés y el de los que se mantuvieron leales al liderazgo de Héctor Beltrán, quienes constituyeron lo que hoy se conoce como Cártel Independiente de Acapulco (Cida).

Fue el principio también de La Barredora, grupo cuasi terrorista encabezado, de acuerdo a las autoridades, por Cristian Hernández Tarín, que se formó a partir de los rescoldos del grupo de Valdés Villarreal. Esta nueva banda criminal, a partir del 7 de enero de 2011, inició una acometida sangrienta contra sus enemigos del Cida pero, también, en contra de la ciudadanía —por vía de los secuestros, homicidios y extorsiones—, generando la tercera oleada de violencia que a lo largo de todo el 2011 sumergió en el terror al puerto de Acapulco, especialmente durante el segundo semestre de ese año.

Según datos oficiales, en agosto de 2011 los muy jóvenes sicarios de La Barredora, con su grupo de ejecutores autodenominados El Comando del Diablo, dispararon el índice delincuencial de delitos graves —es decir, secuestro, tortura, extorsión y homicidios—, en un 354 %, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gobernación.

Ello obligó a instalar en el puerto de Acapulco la Operación Guerrero Seguro (OGS) que, aunque en un principio logró reducir la violencia delincuencial en casi 30 %, nunca pudo evitar que los grupos enfrentados de la delincuencia organizada mantuvieran en la incertidumbre a la ciudadanía acapulqueña.

De acuerdo con información oficial, del 8 de octubre de 2011 al 10 de mayo de 2012 se cometieron 450 asesinatos como consecuencia de “rivalidad delincuencial”; es decir, como producto de la sangrienta guerra privada que libraban entre sí los grupos delincuenciales, que no cejaban a pesar de la presencia de las Fuerzas Federales en el puerto. Y es así que esta última etapa, de octubre de 2011 a mayo de 2016, constituye una cuarta oleada de violencia que es el marco contextual en que abandonó el poder Felipe Calderón Hinojosa.

Nuevos grupos, nuevas alianzas y más desplazados

A partir de 2012, nuevas bandas delincuenciales irrumpieron en el estado de Guerrero procedentes de Michoacán, lo que trasladó el foco de violencia a la Tierra Caliente, la Costa Grande, la Zona Norte y, más tarde, al centro de la entidad.

Por la vertiente del Pacífico ingresaron los llamados Caballeros Templarios que incursionaron a Guerrero a través de los vericuetos de la Sierra Madre del Sur. Sus hermanos de La Familia hicieron lo propio por la Tierra Caliente y la Zona Norte del estado.

Para agosto de 2012 la incursión de los nuevos grupos delincuenciales provocó el éxodo de cientos de familias de la parte alta de la sierra, la zona llamada El Cordón del Filo Mayor, de donde comenzaron a emigrar un número indeterminado de familias pobres que, temerosas, cruzaban a pie la cordillera para buscar refugio en municipios de la región de Costa Grande —señaladamente en Tecpan, Petatlán y Zihuatanejo—, así como en Cuernavaca y la Ciudad de México.

Este proceso de desplazamiento de pueblos de la Sierra Madre del Sur, impulsado por el dúo criminal Templarios-La Familia, afectó también a cientos de familias de municipios de la Tierra Caliente, la Zona Norte y del centro del estado, como Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón, Chichihualco, Zumpango, Tlacotepec y, finalmente, la ciudad capital Chilpancingo.

Al margen de motivaciones potenciales que pudieran explicar el fenómeno —como la existencia de un cinturón de oro y otros materiales minero-metálicos en la zona de conflicto, que es el nuevo mercado en que ha incursionado La Familia Michoacana—, el hecho es que la violencia está vigente, y las Fuerzas Federales y estatales se han visto imposibilitados de contenerla.

Bajo la dinámica de estos grupos criminales cuasi terroristas subyace una guerra desatada que se expresa en la recomposición de alianzas entre cárteles que han ampliado sus áreas de operaciones entre la población civil a través de 24 tipologías del delito, de los cuales la más grave es la trata de personas.

Esta recomposición de alianzas entre bandas criminales, que ocurre en la más absoluta clandestinidad, es lo que explica los niveles de violencia que padecen actualmente los guerrerenses, ahora extendida a los municipios de la región de La Montaña Baja.

Si bien sufrió mermas con la muerte de su jefe, el cártel de los Beltrán ha mantenido su hegemonía en los estados de Guerrero y Morelos, donde sus células toman distintos nombres para hacer creer que son simples pandillas armadas.

Por eso, cuando medios locales hablan de un “extinto cártel” o de un “remanente” de los Beltrán Leyva, en realidad es una estrategia de los grupos criminales para así hacerlo creer.

La excepción a la regla son los grupos conocidos como Cárteles Unidos —que opera en la Zona Norte del estado y en parte de Morelos—, y Los Ardillos —cuya área de influencia es la zona montañosa del centro—, los cuales de ser originalmente parte de los Beltrán, cambiaron de bando para establecer una alianza con La Familia, lo que permitió a estos últimos avanzar hacia la capital del estado y, por extensión, al puerto de Acapulco. Los hechos de violencia extrema ocurridos recientemente en Iguala, sólo vienen a confirmar el fenómeno de recomposición de los grupos delincuenciales.

Aunque existe información de inteligencia que en fecha reciente se dio algún tipo de negociaciones entre grupos criminales para atajar los enfrentamientos, la información apunta a que esos intentos fracasaron, por lo que se prevé un escenario de recrudecimiento de la violencia.

Legado de sangre

Es así que se trata de un fenómeno de violencia heredada y en la que han participado todos los partidos políticos que han gobernado municipios y el estado en las últimas dos décadas, el PRI y PRD, y ahora Morena.

Esos gobiernos fueron los de Zeferino Torreblanca Galindo en el estado (2005-2011), que permitió anidar a la delincuencia en espacios como la Procuraduría General de Justicia (PGJE), y de Manuel Añorve Baños (2009-2012) en el municipio de Acapulco, quien omitió acciones como la depuración de

la Policía Preventiva Municipal (PPM), un sector vital contaminado por el crimen organizado.

Ambos son responsables de los niveles actuales de violencia criminal por omisión, dado que vía servicios de inteligencia siempre contaron con la información sobre estas formaciones criminales, pero nunca actuaron, ni en la prevención ni en la persecución del delito. En particular Zeferino Torreblanca —que hizo popular una frase: “Ni quiero, ni puedo”— simplemente ignoró lo que estaba pasando con la violencia criminal en Guerrero.

El caso es que durante su mandato fue cuando afloró la violencia criminal y se fortalecieron los grupos delictivos vinculados al clan de los Beltrán Leyva; también Los Guerreros Unidos —con el matrimonio Abarca-Pineda como enlace—, Los Ardillos, Los Rojos, que todos eran parte del clan de los Beltrán, alcanzaron su autonomía entre 2010 y 2011, cuando ya iban de salida el gobierno de Torreblanca Galindo, pero que años después gobernarían la zona en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De Acapulco con amor

De 2016 a la fecha, señala la información de inteligencia, podría definirse como una nueva etapa de violencia con nuevos actores. Ese año llegó a Acapulco un grupo de hombres jóvenes, entrenados, provenientes de Sinaloa, que comenzaron a protagonizar una “limpia” de la mano de la señora Clara Elena Laborín, esposa de Héctor Beltrán. Estos jóvenes fueron conocidos desde entonces como Los Rusos.

Cuando la señora Laborín fue apresada en septiembre de 2016 por personal de la Policía Federal a cargo de Omar García Harfuch, estos jóvenes se reorganizaron para seguir a cargo de la plaza, que disputaban a los sobrantes del Cida los cuales les han ofrecido batalla hasta ahora.

Los llamados Rusos, empero, han recibido simpatías de otras formaciones debido a que, contrario a otros grupos del crimen organizado, traen su propio código de honor: castigan a ladrones y asaltantes, matan a quienes matan mujeres y niños, no matan a gente que se presume inocente. Si bien no dejan de matar, sólo ultiman a objetivos previamente seleccionados o vinculados a otros grupos mafiosos.

Estos dos grupos son los que libran una encarnizada batalla por el control de Acapulco, sin dar ni pedir cuartel. La policía municipal de Acapulco, con todo y sus 100 patrullas nuevas, simplemente se mantiene al margen del conflicto.

El poder de la movilización

Así las cosas, mientras el gobierno estatal con apoyo de Fuerzas Federales perseguía a los líderes de La Familia, el grupo criminal Los Ardillos orquestó una irrupción de entre cuatro y cinco mil inconformes, hombres todos de extracción campesina, que prácticamente tomaron por asalto la capital guerrerense el pasado 10 de julio.

Aunque actuaron desarmados, los miles de inconformes avanzaron sobre el acceso sur de la capital y, con base en su superioridad numérica, replegaron a 300 policías estatales y agentes de la Guardia Nacional a punta de golpes y pedradas.

Los manifestantes provenían de varios municipios de la región centro del estado, área de influencia de Los Ardillos. Se apropiaron de un vehículo blindado conocido como Mamba Negra, que lanzaron contra las puertas del Congreso y del Palacio de Gobierno.

Previamente el gobierno que jefatura la morenista Evelyn Salgado ordenó la evacuación de los edificios del Palacio de Gobierno, del Congreso, del Ayuntamiento de Chilpancingo y de la Universidad Autónoma de Guerrero, razón por la cual los furiosos manifestantes sólo encontraron las estructuras vacías.

Las autoridades del estado atinaron a no enviar desarmadas a las unidades antidisturbios y de la Guardia Nacional, por lo que no hubo incidentes con armas de fuego. Pero eso envalentonó a los manifestantes que tomaron como rehenes a 13 funcionarios estatales y federales, a quienes mantuvieron retenidos hasta el día siguiente en que dieron frutos los acuerdos de una mesa de negociación encabezada por Ludwig Reynoso Núñez, quien después de un diálogo ríspido logró convencer a los inconformes de entregar a los servidores públicos y levantar los bloqueos que tenían asfixiada a la capital.

Oficialmente no se dijo qué acordaron, ni siquiera de manera general. Pero las condiciones en las que ocurrió la presión, que fue evaluada por las áreas de seguridad e inteligencia como hechos muy parecidos a una revuelta armada, no dieron espacio a la autoridad y por ello se sentaron a negociar, explicó una fuente consultada por ejecentral.

Los informes ahora confirman que esa movilización fue organizada por Celso Ortega Jiménez, el jefe visible de Los Ardillos, quien habría contado con la colaboración de sicarios de La Familia que se encargaron en días previos de incendiar taxis colectivos y asesinar a conductores, lo que arrojó un saldo final de ocho taxistas muertos. Ninguno de esos hechos fue accidental, reconocen las fuentes consultadas. El cierre de la autopista fue el corolario de la estrategia lanzada días atrás contra las autoridades, aunque podría no ser el último movimiento que hagan los grupos criminales.

La planificación y sintonía para la movilización de pobladores y al azuzarlas contra las autoridades, fue algo bien planeado. Y los ataques previos a los transportistas, por parte de La Familia, fue primero un distractor y para después aumentar la tensión y el temor en la población, y desde ese momento comenzar a tomar el control de la movilidad de la capital.

Las mismas fuentes señalaron que esa aparente explosión de furia campesina habría sido una consecuencia indirecta de los acuerdos de la alcaldesa Norma Otilia Hernández con los grupos criminales y que no ha cumplido, pero también de un reacomodo de los grupos, nuevas alianzas y mayores confrontaciones.

Mientras ocurre la espera de la reconfiguración del mapa criminal, en la que han mostrado cómo son capaces de implementar elaboradas estrategias, el poder de estos grupos ha quedado intocada por las autoridades: la pelea por la siembra y fabricación de drogas, la extorsión por la minería, el secuestro y el sicariato, y ahora el control o impuesto sobre precios de los productos básicos, que es la nueva veta de negocios que han encontrado para allegarse más recursos, y todo con el apoyo social gracias al miedo y al pago de voluntades que han sumado en la última década.

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