La Portada | Los drones y las operaciones de terror

25 de Mayo de 2024

La Portada | Los drones y las operaciones de terror

5 Promo 849 Van a la caza de los drones de criminales

La amenaza de los drones ha evolucionado en los últimos seis años en el país, pero es en este año 
cuando se han amplificado capacidades y se ha puesto en riesgo a la población civil, contra la que grupos 
pretenden infundir terror; y la legislación aún espera 
ser aprobada en la antesala legislativa

Basta un correo falso y un tutorial en internet para lograr que una aeronave tripulada a distancia pueda sobrevolar una instalación estratégica sin ser detectada, o para provocar un ataque con explosivos que cause un gran número de víctimas. Esta es la magnitud del riesgo que amenaza la seguridad de México debido al uso “terrorista” de drones.

La constante evolución de esta tecnología de origen militar ha logrado importantes avances en aplicaciones que incluyen operaciones de búsqueda y rescate; vigilancia y rastreo; fotogrametría para proyectos de infraestructura, planificación aeroportuaria o proyectos de desarrollo agropecuario y hasta prevención de incendios; mantenimiento y construcción de obras y traslado de mercancías, entre muchas más.

Sin embargo, el uso bélico de ejércitos y ministerios de defensa alrededor del mundo ha sido también la puerta de entrada para que, en el caso de México, drones comerciales, adquiridos en tiendas departamentales o compañías especializadas por un precio de cinco a 30 mil pesos pueda ser utilizado por los grupos de la delincuencia organizada, no sólo para cometer delitos sino para ampliar sus capacidades.

La amenaza de estos artefactos con fines criminales no es nueva en México, pues crece aceleradamente. Ahora, la guerra en Oriente Medio da una nueva dimensión del impacto de estos equipos: Hamás venció el pasado sábado 7 de octubre al sistema de seguridad israelí, al usar cohetes dirigidos, francotiradores excavadoras y drones con explosivos que inhabilitaron zonas de reacción.

Según informes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional obtenidos por ejecentral a través de solicitudes de transparencia, el aseguramiento de estos drones ha experimentado un auge durante la actual administración, aunque los antecedentes del uso ilícito de drones, especialmente para el trasiego de drogas, se remontan al menos a 2017. Frente al creciente uso delictivo de los drones, especialmente cargados con explosivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una iniciativa para endurecer su regulación y establecer sanciones más severas para aquellos que utilicen estas aeronaves no tripuladas con el fin de generar terror en la población.

“Frente a la ausencia de una legislación adecuada, el crimen organizado ya está utilizando tecnologías que no están diseñadas para eventos de esta naturaleza, pero que las articula en prácticas de carácter terrorista para afectar, no sólo a sus enemigos en la disputa del trasiego de drogas, sino para afectar comunidades”, aseveró Luis Miguel Dena, experto en gestión de riesgos, compliance y ciberinteligencia.

Accesibles y peligrosos

Si bien hoy en día cualquier persona puede adquirir algún tipo de dron comercial (de casi dos kilogramos) para fines recreativos, sólo necesita una cuenta de correo electrónico para activarlo; en el caso de modelos que pueden ir de dos hasta 25 kilogramos de peso de despegue, que incluyen drones micro, mini o pequeños y grandes, se requiere una licencia y certificación como piloto de sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS por sus siglas en inglés), según establece la Norma Oficial Mexicana nom-107-sct3-2019.

Según Gerardo Miranda, fotógrafo y piloto de drones certificado, para obtener la licencia para operar estas aeronaves en el espacio aéreo mexicano que emite la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, son necesarios conocimientos y la capacitación a la altura de cualquier piloto aviador.

Este es un proceso de más de nueve meses. Acreditar exámenes antidoping, psicológicos o motrices, entre otros; y el pago de una licencia de alrededor de 80 mil pesos, es parte de las certificaciones que debe cubrir un piloto para desbloquear el uso de drones con mayores capacidades, explicó.

Lo importante, dijo Miranda, “es estar consciente de las responsabilidades y riesgos que implica manejar estas aeronaves”, pues los drones comerciales del tipo recreativo o semiprofesional con cierta capacidad de carga son utilizados por grupos delictivos para sus intereses.

Y es que por su trabajo, que desarrolla desde hace más de 10 años, está obligado a conocer a detalle las características de cada dron, además de estar informado sobre las disposiciones legales de cada país y los usos, legales o no, en el mundo.

Drones de carga, como son los F800 y el TS1000 de la empresa DJI, --la marca más popular actualmente a nivel mundial--, que se ocupan para traficar droga en las fronteras, es el primer antecedente de la utilización de esos equipos para cometer delitos. Más adelante los cárteles usan los drones agregándoles o modificándolos con accesorios para soltar cualquier elemento a través de un mando a distancia”, detalló el piloto.

Miranda añadió: “Cuando hablamos de terrorismo”, drones para uso recreativo o semi-profesional con cierta tolerancia de carga como pueden ser de la serie Mavic-DJI o un Phantom-DJI, que se utilizan para aplicaciones cinematográficas e industriales, por sus características pueden ser utilizados para ataques, e incluso llegan a ser “sacrificados” como drones kamikaze.

Le colocan el explosivo o una carga de 200 gramos de dinamita, buscan el objetivo y hacen su posicionamiento con ayuda de las cámaras, viran en ángulo cenital y apagan en ese punto y el dron se desploma”, detalló el experto sobre la manera en que los delincuentes han usado los aparatos, incluso de manera autodestructiva; sin embargo, refirió que por el elevado costo que esto implica suelen habilitarlos para activar la descarga en el punto indicado.

Además de las modificaciones que artesanalmente hacen los criminales para cargar con explosivos o dinamita los drones, el fotógrafo de estructuras, paisaje, Street y conceptual, alertó sobre el hackeo que hacen a los equipos para conseguir que sobrevuelen en cualquier espacio, incluyendo las zonas restringidas, como lo son instalaciones estratégicas, como aeropuertos, helipuertos, instituciones de gobierno y militares.

“Hay tutoriales en YouTube para desbloquear un dron que se puede comprar en una tienda departamental para volar en infraestructuras federales y estratégicas que impiden el despegue o limita la altura del vuelo de los drones según su ubicación, para lo cual se ocupan por lo menos tres satélites para triangular la ubicación precisa, y el dron no prende o se apaga. Eso está sucediendo”, advirtió Miranda.

Una alerta en crecimiento

Una nota táctica publicada en el Small Wars Journal (SWJ), revista estadounidense enfocada en conflictos bélicos, operaciones militares y contrainsurgencia, registró el ataque en contra del entonces secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, cuando el 10 de julio de 2018 dos drones irrumpieron en su contra, uno de ellos estaba cargado con granadas y logró aterrizar en su casa, pero no pudieron ser detonadas.

Un año antes, en octubre de 2017, en un operativo en contra de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato, fuerzas de seguridad aseguraron un dron armado con explosivos de fabricación casera, indica la publicación del SWJ, como parte de los antecedentes sobre el uso criminal, por parte de los grupos de traficantes, de la tecnología de drones.

Información obtenida por transparencia respecto al número de aeronaves pilotadas a distancia y aseguradas por elementos de las Fuerzas Armadas desde 2012 a la fecha, da cuenta de que no fue sino hasta 2019 cuando se registró la detección y decomiso de estos artefactos, que se ha focalizado en la región de Tierra Caliente en Michoacán, donde el Ejército ha asegurado más de 60% de los drones usados con fines delictivos.

En respuesta a la solicitud de información 330026423002663, hecha por este periódico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que de 2019 a julio de 2023, personal castrense aseguró 30 drones. El primer caso que refiere el documento oficial ocurrió el 7 de febrero de 2019 en Ensenada, Baja California, y dio lugar a una serie de aseguramientos que en total arrojaron la captura de 29 personas. Desde entonces ahora, se puede observar su rápida evolución en cuatro años.

Si bien el aseguramiento de estas aeronaves en ese lapso se registró en ocho entidades: Baja California, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Michoacán, en territorio michoacano, y en particular en el municipios de la región de Tierra Caliente –donde hay una pugna entre el CJNG y organizaciones rivales como Los Viagras–, se ha focalizado el aseguramiento de la mayoría de estos artefactos. Justo en esa región, entre octubre de 2021 y marzo de 2023, personal del Ejército aseguró 19 drones, es decir, uno por mes en promedio.

Del universo total de decomisos de estos artefactos, en dicha zona se ha dado más del 60% de los aseguramientos a nivel nacional, 12 de los cuales fueron ubicados en el municipio de Tepalcatepec, donde se ha focalizado la mayoría de los ataques con drones. En Aguililla se aseguraron dos drones más, mientras que en Tumbiscatío se aseguraron a tres personas con igual número de drones; y en Apatzingán Cotija se aseguró uno de estos artefactos en cada localidad, pero en ninguno se detuvo a los probables infractores.

Ese es el universo de equipos no tripulados que han sido capturados por las autoridades; sin embargo hay muchos otros que no han podido ser ni asegurados ni destruidos, lo que explica la suma de ataques perpetrados que, sólo lo que va de este 2023 ya registran más de 250 ataques de este tipo en Michoacán, es decir, un ataque por día en promedio.

De como comenzó la incursión de los ataques con drones a la fecha se puede observar con lo que ocurrió a inicios de octubre de este 2023, cuando después de un operativo de fuerzas federales y estatales en el municipio de Buenavista fueron detenidos ocho personas de origen colombiano que habían sido contratados por el grupo criminal identificado como Los Viagras para la fabricación de explosivos y drones armados para utilizarlos en contra de sus rivales y las comunidades, de acuerdo con las autoridades.

En otros lugares donde la Sedena también detuvo a personas en posesión de estos drones fue en Tecate, Baja California, donde un sujeto fue aprehendido con dos aeronaves; en Frontera Comalapa, Chiapas; y en Matamoros, Tamaulipas registraron tres y dos aprehensiones, respectivamente.

Algo que destaca es que el mayor número de detenciones, 20 en total, ocurrieron a finales de marzo del año pasado en Irapuato, Guanajuato, donde un operativo del Ejército y fuerzas de seguridad estatales lograron desarticular una célula delictiva a quienes aseguraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cartuchos útiles, explosivos, y diverso equipo incluyendo un dron táctico.

En el caso de los aseguramientos realizados por la Guardia Nacional, la corporación informó, en respuesta a la solicitud de transparencia, que tras una “búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida”, en el tiempo que lleva en operaciones sólo ha asegurado dos drones, ambos confiscados en 2020, Chihuahua y Oaxaca.

La Secretaría de Marina se limitó a responder con el enlace de un boletín de prensa (https://www.gob.mx/semar/prensa/semar-informa-localizacion-de-dos-personas- que-fueron-privadas-de-su-libertad-y-la-detencion-de-17-presuntos-trasgresores-de-la- ley-colima?idiom=es). Sin embargo, debido al mantenimiento que el gobierno federal realiza a sus sitios en internet, su consulta hasta el cierre de esta edición no estaba disponible.

¡Alerta de seguridad!

Bajo la vinculación que las instituciones del Estado mexicano hacen entre los conceptos de desarrollo y seguridad nacionales, el hecho de que estos drones están siendo utilizados por la delincuencia organizada no sólo para fortalecer sus capacidades, sino para incrementar su capacidad de fuego, y en consecuencia el nivel de violencia a expensas de la población.

Para Jonathan Maza, asesor estratégico y consultor internacional, esa situación refleja ya un “riesgo a la seguridad nacional”, que amerite que el uso de tecnologías, incluyendo drones, sean considerados, al igual que la adquisición de armas y el lavado de activos, como una herramienta primordial del crimen organizado para aumentar sus capacidades logísticas y operativas.

Sobre ese punto el egresado de la maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional señaló que el hecho de que ejércitos y ministerios de defensa utilicen los drones militares, la mayoría de ellos fabricados en países como China, Estados Unidos, Rusia y Turquía, en guerras convencionales como el conflicto en Ucrania, “puede abrir la puerta a un mercado negro, como en el caso de las armas, de drones bélicos”.

Estos dispositivos, destacó, no sólo están siendo utilizados por los criminales para disparar o aventar explosivos, sino también para labores de espionaje, identificación de objetivos en el territorio, o para el trasiego de los cargamentos de drogas con drones capaces de trasladar hasta 100 kilogramos.

Pero refirió que “un grave problema en el país es saber cómo hacerle frente a un fenómeno de naturaleza comercial, es decir, el acceso de los drones, sobre todo de los micro y medianos que no necesitan un registro o una licencia”. Ante esto aseguró que es necesario dos aspectos fundamentales.

“Mejorar la legislación en materia del uso de estos drones, y ampliar las capacidades de la Agencia Federal de Aviación Civil AFAC para tener la suficiente capacidad de inspección de los lugares donde se pueden comercializar”, señaló el también socio fundador y director de estrategia e inteligencia en Stratop Risk Consulting.

Por el aspecto reactivo, Jonathan Maza apuntó a mejorar las capacidades de las instituciones de seguridad pública y federal “para reaccionar al uso de drones de manera ilícita con la adquisición de inhibidores de señales conocidos como jammer”, para prevenir la operación de los drones, con los cuales cuentan instituciones federales, pero no así las policías estatales y municipales.

Hoy en día hablamos de un conjunto de reformas para incluir los delitos que atenten contra la seguridad pública y la seguridad nacional, reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para proveer a las instancias de seguridad los dientes necesarios para prevenir el uso ilícito de los drones, e investigar, perseguir y sancionar los delitos que se cometan con estos”, subrayó.

Ante la posibilidad de que organizaciones criminales adquieran drones bélicos o que, al igual que ocurre con los vehículos que blindan artesanalmente mejor conocidos como “monstruos”, utilicen los drones convencionales para armarlos, Maza reiteró que esto implica “un escenario de mucho mayor riesgo a la seguridad pública y a la seguridad nacional”.

Táctica de terror

Al menos un centenar de personas muertas y 300 más heridas dejó un ataque con drones contra de una academia militar en la provincia central de Homs, Siria, el pasado 5 de octubre, con víctimas del Ejército y civiles, incluyendo mujeres y niños, pues el ataque ocurrió en una ceremonia de graduación.

Según un estudio del Centro de Estudios de Disuasión Estratégica de la Fuerza Aérea, los enjambres de drones armados y autónomos (AFADS por sus siglas en inglés) pueden ser considerados como un “arma de destrucción masiva”, capaz de generar un nivel de daño a escala que atenta contra los tratados internacionales.

Para el analista Zak Kallenborn, autor del estudio publicado en mayo de 2020, es necesario diferenciar los enjambres de drones autónomos y no autónomos, al señalar que “sin plena autonomía, los enjambres de drones no deberían considerarse armas de destrucción masiva”, y que los Estados establezcan en qué casos estos enjambres pueden infringir daños masivos.

Luis Miguel Dena, experto en seguridad corporativa, sostuvo que la estrategia que los grupos del crimen organizado generan con el uso de drones, con el apoyo de la difusión de sus ataques en las redes sociales radica es que con estas “prácticas del terror” buscan debilitar el tejido social, “que no tiene la posibilidad de defensa, y de una autoridad tanto estatal como federal que tampoco tiene una articulación de defensa”.

Psicológicamente están venciendo a sus contrarios. Venciendo a la base social que por complicidad o por coincidencia pueda en un momento dado estar apoyando a un grupo distinto, y que deja a la sociedad en medio de la disputa delictiva de estas organizaciones”, subrayó.

Ante el aumento del nivel de riesgo por los constantes ataques que se están registrados en diversas partes del país con el uso de drones, fue que en agosto pasado se dio a conocer la iniciativa que envío el presidente López Obrador al Congreso para reformar las leyes a fin de fortalecer la persecución y sanción de los delitos cometidos con esta tecnología.

En la iniciativa que plantea castigar con una pena que puede ir de los 5 a los 40 años de prisión, en contra de quienes utilicen estas aeronaves operadas a distancia, la cual fue aprobada a inicios del mes en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con mayoría de 27 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, sigue pendiente para que el dictamen sea discutido y votado en el pleno. La socialización de la tecnología va a provocar, coinciden los especialistas, la virtud del uso de esta para beneficios en muchos campos, pero también se usará para dañar.

Por eso advierten la ausencia de una regulación para ordenar el mercado de estas herramientas y, en su caso, el uso y responsabilidad de quien los tiene y los determina usar para un tema negativo, implica una mayor velocidad en el proceso legislativo para frenar que estas herramientas sean utilizadas por grupos criminales en contra de una sociedad que se muestra indefensa y cuando esto la toma como rehén. De allí que regular su uso, compra, importación y comercio, aseguraron, es sustancial y urgente.

Para Luis Miguel Dena, la ausencia de esta regulación al mercado es urgente, pues “¿quién los importa, quién los distribuye, a quiénes lo hacen? Cuando esta tecnología se socializa mucho más, se genera un descontrol que aprovechan los grupos criminales, (pero) vemos ejercicios de legislación para inteligencia artificial, una veintena de iniciativas de la Ley General de Ciberseguridad, pero no tenemos nada concreto”, insistió.

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