A unos días de que sea discutida la primera parte del Plan B electoral, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso al pleno de la Corte invalidar todo el decreto que reformó en diciembre la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Si bien con esta discusión no se llega a la parte central de la reforma de Andrés Manuel López Obrador, apuntala un duro revés al Poder Legislativo porque se muestran los requisitos que vulneraron los morenistas para aprobar la iniciativa en horas. Un formato que ha seguido en lo electoral y hace unos días al cierre del periodo de sesiones.
Se requerirán los votos de ocho ministros para que se invaliden estas modificaciones legales, de lo contrario se deberá presentar un nuevo proyecto al pleno.
Foto: Cuartoscuro
En el documento de 188 páginas, el ministro Pérez Dayán muestra que la suma de estos vicios en el procedimiento provocan que deba declararse la invalidez de todo el decreto que dio vida a esas modificaciones.
“La gravedad de tales infracciones permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, explicó el ministro.
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Para el integrante del máximo órgano de justicia del país, se consideran fundados un gran número de los preceptos presentados por legisladores de oposición y partidos políticos. Por ejemplo, en el documento se detalla que la Cámara de Diputados votó estas reformas entre el día 6 y la madrugada del 7 de diciembre, cuando apenas había sido presentada por el Ejecutivo, dándole un tratamiento de iniciativa preferente cuando no lo era. Y para aprobarla se le dio el perfil de “urgencia y obvia resolución”, sin que esto fuera justificado legalmente.
También se incumplieron las reglas del procedimiento legislativo porque las iniciativas publicadas en la Gaceta Parlamentaria no era la misma que se presentó poco después al pleno. Por lo que ni siquiera hubo certeza de qué se sometía a discusión.
Se transgredió el principio de deliberación democrática al no respetar los tiempos legales, ya que ni siquiera se publicó con el tiempo suficiente, porque ocurrió entre las 22:00 y 23:00 horas, siendo aprobadas alrededor de cuatro horas después, a las 2 de la madrugada del 7 de diciembre. Es por eso que el ministro considera que no hubo un conocimiento y deliberación democrática real, cualitativa y de fondo.
Estas violaciones se repitieron en el Senado de la República, pero adicionalmente, la comisión de Gobernación aprobó el dictamen sin la participación de la Comisión de Puntos Legislativos, algo que está obligado en su reglamento.
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