Impugnación internacional

La Reforma Judicial de México todavía tiene un par de últimas aduanas que librar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero y la Corte Interamericana de Derechos Humanos después. Una queja contra la reforma, promovida por 65 magistradas y magistrados que se quedaron sin sus cargos y sus trabajos, ha ganado prioridad y ha provocado que se le exija al Estado mexicano una respuesta en un plazo de apenas cuatro meses. El argumento de los magistrados que promovieron la queja es que la reforma, tal como se hizo, viola los compromisos contraídos por México en el Pacto de San José de 1981. Si la queja procede, el caso irá a la Corte Interamericana, de la que México forma parte y cuyas sentencias son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio. Si México llegara a perder en la Corte, en estricto sentido tendría que desmontar la reforma judicial. Perder no es improbable según los expertos, pero lo que se ve imposible, políticamente hablando, es que México acatara una sentencia en ese sentido. El costo de ignorar una sentencia de la Corte Interamericana sería altísimo no tanto en lo político como en lo económico, pues potenciaría las quejas sobre la falta de seguridad jurídica que se han lanzado contra el país a raíz de la reforma. Veremos.